Por Raúl Kollmann
La Sala I de la Cámara de Casación demolió este martes la causa dólar-futuro, una de las que instruyó el juez Claudio Bonadio y que sucesivamente convalidaron la Cámara Federal y la Cámara de Casación, incluyendo a los visitadores de la Casa Rosada y Olivos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Por unanimidad, los tres magistrados --Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña-- consideraron que la pericia realizada con casi cinco años de atraso demostró que no hubo perjuicio para el Estado por lo que no es necesaria la realización de ningún juicio y se decretó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Pesce y los demás imputados. El voto más duro fue el emitido por la jueza Figueroa que detalló, paso por paso, cómo Bonadio impidió la defensa de los imputados, les negó hasta copia del expediente, no hizo la pericia elemental para determinar si hubo o no perjuicio para el Estado, protegió a los funcionarios del PRO y tuvo la cobertura de las instancias superiores de Comodoro Py. Figueroa describió además la arbitrariedad de que dólar-futuro fue una operatoria del Banco Central, entidad autónoma, y sin embargo se utilizó el expediente para acusar, sin que tuvieran responsabilidad alguna en el BCRA, a la expresidenta y al exministro de Economía. Todo el objetivo era tener las fotos de ambos en el banquillo de los acusados.
La causa dólar-futuro fue una instancia más en el uso de la justicia para la persecución política. En la misma categoría entran, como mínimo, la del Memorándum de Entendimiento con Irán, el expediente por la muerte de Alberto Nisman, la causa Hotesur-Los Sauces, la obra pública de Santa Cruz, Oil Combustibles y un largo listado adicional.
Casi todos esos expedientes fueron instruidos por Bonadío, al punto que el fallecido juez le dictó 11 de los 13 procesamientos a CFK, mientras que los otros dos corresponden a Julián Ercolini, igualmente alineado con el macrismo. Como el objetivo era acusar cuanto antes a CFK y sumar causas y tapas de los diarios contra los dirigentes del peronismo, en especial antes de las elecciones de 2015 y 2019, las investigaciones judiciales fueron torpes, caóticas, no se hicieron pericias ni las pruebas más simples. Hoy en día la acusación en esos expedientes naufraga en buena parte de los tribunales orales.
Por de pronto, los tres jueces -Figueroa, Petrone y Barroetaveña- coincidieron en sobreseer a todos los imputados, aunque los votos fueron distintos y el de Figueroa mucho más contundente y detallado. Desde que dirigentes del PRO iniciaron el expediente, pasaron 5 años y seis meses en que todos los imputados estuvieron embargados en cientos de millones de pesos y no pudieron, como en el caso de Kicillof, vender su auto vetusto. Abogados como Carlos Beraldi (defensor de CFK) y Alejandro Rúa (abogado de Pedro Biscay) recusaron a Bonadío por ser parcial e impedir la realización de cualquier prueba propuesta por las defensas. Sin embargo, la Cámara Federal y después los visitadores de la Casa Rosada y Olivos sostuvieron a Bonadío. Luego, como es obvio, Bonadío procesó a todos sin permitirles ninguna defensa -como lo detalla Figueroa en su voto- y el procesamiento fue convalidado por Martín Irúrzun y Eduardo Farah, primero, y después en la Casación por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, aprovechando que Figueroa estaba de licencia.
En la hipótesis delictiva entraba la idea de que el que invirtió en dólar-futuro hacía un gran negocio aprovechándose del perjuicio para el estado. Sin embargo, quedó probado que todo se tramitó en los mercados regulados, que los funcionarios kirchneristas no se beneficiaron y los que sí hicieron dinero fueron funcionarios de Cambiemos: Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José María Torello, Martín Lousteau. Todos ellos fueron rápidamente sobreseídos por Bonadío.
El delito en cuestión era “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, con pena de dos a seis años de prisión. La imputación fue que el BCRA, al final del mandato de Cristina, recurrió a la operatoria de dólar-futuro para evitar una corrida cambiaria. Se le aseguraba al inversor un valor en pesos del dólar y si se ubicaba por encima de ese valor, el BCRA pagaba la diferencia, en pesos. Por supuesto que esa operatoria tuvo un costo en pesos, pero peor era una corrida cambiaria, una devaluación, aumento general de precios y desastre para el bolsillo de los argentinos. Con la operatoria -según la pericia-, el Central evitó una fuerte pérdida de reservas. Meses después, -devaluación, aumento de precios, desastre para el bolsillo- fueron obra de Mauricio Macri, ya en la Casa Rosada.
Como resulta obvio, para determinar si hubo un perjuicio para el estado se requería una pericia, tal como lo pidieron los defensores de los acusados en abril de 2016. Sin embargo, Bonadío se negó a hacer esa pericia elemental. Procesó, mandó a juicio y recién dos años después el tribunal oral ordenó la pericia hecha por contadores de la Corte Suprema. Fueron 80 preguntas que se terminaron en agosto de 2020, transcurridos cuatro años de que fuera pedida. Y la conclusión fue que no hubo perjuicio para el estado, que la operatoria fue legal, estaba dentro de las facultades del Banco Central y, como citan Petrone y Barroetaveña, “el Central ganó más reteniendo los dólares que perdiendo los pesos”. De hecho, el BCRA ganó más dinero en 2015 que con Macri en 2016.
Con la pericia terminada, tuvo que decidir el tribunal oral. En ese marco, dos jueces alineados con el macrismo, José Michilini y Ricardo Basílico, trasladado de forma irregular- votaron que el juicio se debía hacer igual, lo que implicaba tener a la vicepresidenta y al gobernador bonaerense sentados en el banquillo de los acusados y audiencias que se extenderían más de un año. En minoría, el tercer juez del tribunal oral, Adrián Grünberg, sostuvo que la pericia era contundente, establecía la inexistencia de delito, por lo cual debía dictarse el sobreseimiento. Michilini y Basílico utilizaron un argumento que no tenía la menor lógica y que fue desbaratado ayer: dijeron que hubo imputados que no pidieron el sobreseimiento y por lo tanto tal vez querían ir a juicio. Esos imputados le aclararon a la Casación que ni siquiera habían sido notificados y en el fallo de este martes los magistrados afirman que Michilini y Basilico usaron el silencio de aquellos acusados en su contra. Está claro que si se resolvía que no había delito respecto de algunos, eso regía para todos.
Ahora la Casación terminó con el disparate. Dólar-futuro ya ni siquiera era sostenido por los dirigentes de Cambiemos que hicieron la denuncia, Mario Negri y Federico Pinedo. Con el fallo de este martes, naufragan decenas de tapas de diario y se desnuda lo que fue -y sigue siendo- la actuación del poder judicial como instrumento de persecución.
Esta historia, en teoría, tiene todavía un posible capítulo adicional. Se podría recurrir el fallo de Casación ante la Corte Suprema. ¿Quién debe presentar el recurso? Otro visitador de Olivos, el fiscal Raúl Plee. Todo el expediente es tan burdo que son casi inexistentes las chances de que un planteo semejante prospere en el máximo tribunal.
