Por Mariana Carbajal
¿Por qué todavía la justicia ignora o minimiza las denuncias por violencia machista que hacen mujeres contra su pareja o ex? En pocos meses se cumplirán seis años de la primera movilización masiva contra los femicidios al grito de #NiUnaMenos ¿Cuántas Ursulas van a ser asesinadas hasta que en tribunales o en una comisaría comprendan la gravedad del problema cuando una joven denuncia a su agresor por amenazas y pide con desesperación aferrarse a un botón antipanico? Ursula le escribió a sus amigas, les contó ya en noviembre con mensajes de audio y de WhatsApp las golpizas que le daba el oficial de la bonaerense Matías Ezequiel Martínez; Patricia, la madre de la adolescente, contó que el 9 de enero hizo la denuncia: ese expediente recayó en la UFI N° 5 de Junín, a cargo del fiscal Sergio Terrón, el mismo que ahora investiga el femicidio.
Ursula no pudo más. Después de aguantar durante meses el maltrato y la violencia física de Martínez –como les sucede a otras mujeres que viven situaciones similares y la aguantan--, fue finalmente a denunciarlo el viernes 5 de febrero. Tenía miedo. Mucho miedo. Tres días antes de su femicidio pidió un botón antipánico. Pero el juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, recién mandó el lunes un oficio al municipio solicitando ese instrumento que podría, tal vez, haberle salvado la vida. Y en el municipio de Rojas, gobernado por Cambiemos, recién el martes tomaron nota del pedido, cuando Ursula ya había sido asesinada, según reconstruyó Agostina Balastegui, directora de Intervención en Casos Críticos y Alto Riesgo, que viajó el martes para acompañar a la familia. Le iban a dar el botón antipático pero ya estaba muerta.
El femicidio de Ursula golpea más tal vez porque exhibe casi obscenamente todo lo que no se hizo desde el Estado para cuidar a una adolescente, casi una niña, que pidió ayuda como pudo. Indigna. Llena de bronca. Se la dejó indefensa frente a un hombre que le había dicho varias veces que la iba a matar. Había indicadores de altísimo riesgo en su historia y no se tuvieron en cuenta. En la justicia había otra denuncia contra Martínez de otra ex pareja, Belén: tramitaba en la misma fiscalía de Terrón y tenía fijada fecha de juicio oral para el 18 de abril. En esa UFI había además una causa en la que tenía que comparecer Ursula el 17 de febrero para impulsar otro juicio oral contra el agente policial. ¿Nadie percibió en tribunales que ese hombre era peligroso? ¿Nadie contempló que todas las denuncias apuntaban hacia el mismo agresor? Incluso, un informe preliminar que está terminando el ministerio de Seguridad provincial habla de una denuncia que tendría por abuso sexual contra, presuntamente, una hermana con discapacidad de otra pareja en otro distrito de donde, a causa de esa acusación, lo habría trasladado la fuerza hacia otro destino ¿para protegerlo? Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.
Pero no hay dudas de que fue otro femicidio anunciado y van…
En el comienzo de 2021, 44 mujeres fueron víctimas de femicidio, de acuerdo al registro de ONG y grupos de familiares de víctimas. 44 Ursulas, de distintas edades y diferentes contextos familiares, que de una u otra forma probablemente trataron de pedir ayuda y no se las escuchó. O peor: se las escuchó y se hizo poco y nada por ellas. Porque siempre hay señales, aunque no haya denuncias concretas. Y cuando hay denuncias, e incluso alguna restricción perimetral, tampoco alcanza: porque no se controla cuando se viola esa orden, porque no se castiga si no se cumple. Como sucedió en el caso de Martínez.
La impunidad nos marca el camino hacia la repetición.
¿Qué más tenía que hacer Ursula para pedir ayuda?
