Por María Luz López
La reciente reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través del Decreto 749/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, puso en marcha un ambicioso programa de incentivos aduaneros, fiscales, y cambiarios, que ofrecen seguridad jurídica e impositiva a las empresas inversoras en las áreas que este régimen apunta a incentivar, en especial el área minera y de hidrocarburos. Dentro de este último sector el programa de inversiones más ambicioso es el complejo productor y exportador de gas natural al exterior en la forma de gas natural licuado, en lo que se ha denominado la iniciativa ARGLNG.
Eso implica inversiones para la extracción de gas de esquistos en el yacimiento de Vaca Muerta, así como la construcción de un gasoducto y un puerto en la zona de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, con una planta de licuefacción que permita cargar los barcos gasíferos para su exportación. La primera inversión insumiría unos 10.000 millones de dólares, mientras que en el segundo caso se estima una inversión de hasta 30.000 millones de dólares. Se trata de un programa muy ambicioso, cuyos posibles efectos interesan tanto a los gobiernos provinciales, que cobrarían regalías sobre la producción o recibirían el impacto económico de las actividades comerciales que siempre se expanden en torno a estos complejos, y al gobierno nacional porque, de consumarse estos planes en su máxima extensión, transformarían radicalmente la balanza comercial Argentina. El país no sólo lograría el autoabastecimiento energético, sino que pasaría a ser un exportador importante de gas natural licuado, que es un combustible que está llamado a tener un rol absolutamente central en la matriz energética de los próximos años a raíz de la sustitución de los motores endotérmicos por motores eléctricos.
La presentación comunicacional de estos programas señala un optimismo y expone cifras de inversión que son realmente importantes, dada la mínima capacidad que hoy tiene la República Argentina para traer inversión extranjera directa. Y no es menor señalar que estos son proyectos de mediano plazo, que no son proyectos de realización inmediata, pero que en el presente más que su inminente realización, lo que lleva al énfasis comunicacional es que podrían tener un impacto importante en la adhesión de vastos sectores de la población a la política gubernamental en las elecciones de medio término que tendrán lugar en el año 2025.
Pero las realidades económicas financieras son siempre más austeras y menos brillantes que lo que el impacto comunicacional da a entender. Una inversión de 40,000 millones de dólares, supone una compleja ingeniería financiera, con la cual las empresas involucradas, la petrolera argentina YPF y la empresa de capital malayo Petronas, deben conseguir los fondos necesarios. Para ello, se hacen exposiciones en los centros financieros internacionales y se atraen a grandes inversionistas, ya sea administradores de fondos o bancos de inversión. Ante dichos inversionistas se exponen los proyectos y los flujos de ingresos y ganancias esperables. Es decir, no son empresas que traen los fondos que ya poseen, sino que los proyectos que se venden en el mercado financiero mundial para poder colocar determinados productos financieros que permitan hacer el fondeo suficiente para las inversiones. Y acá juega un papel central el RIGI, en la medida que solo con los beneficios que tiene este sistema de promoción de inversiones, se podrá ofrecer en el mercado financiero internacional la venta de títulos y bonos para tales planes. Sin el RIGI ningún inversor internacional prestaría atención a un proyecto que esté sometido a los vaivenes y cambiarios de las políticas económicas locales de la Argentina.
Pero los mercados financieros internacionales no involucran a dos, sino a tres actores. Además de los inversionistas, y de los clientes que van a captar los fondos para sus inversiones están las calificadoras de riesgo. Una agencia calificadora de riesgos es una empresa que emite un dictamen acerca del riesgo potencial que tiene un activo financiero respecto a que pueda o no ser pagado y esta calificación está legalmente exigida por las leyes de contabilidad que imponen a los grandes inversionistas, tales como los fondos de pensión, una vigilancia exhaustiva acerca de la calidad de sus activos, en modo que estas leyes imponen la obligación de devaluaros en caso en que baje la calificación de riesgo, o incluso de deshacerse de ellos en caso de una caída abrupta en éstas. O sea, las calificadoras de riesgo tienen un rol absolutamente central en los mercados financieros. Y en el actual sistema mundial de calificadores de riesgo básicamente hay tres empresas -Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch Ratings- con sede en la ciudad de Nueva York, que tienen una función casi oligopólica en el mercado mundial en la medida que todos los inversionistas pretenden ser calificados por ellas, y las restantes calificadoras de alguna manera intentan acoplarse a las calificaciones de dichas agencias de calificación. Y esto le da un poder excepcional a la agencia estadounidense de mercados financieros, la Securities and Exchange Commission (conocida por su sigla SEC).
En este contexto se entiende claramente la función del RIGI, que es potenciar la posibilidad de que los planes de inversión de la iniciativa ARGLNG puedan ser colocados en el mercado financiero mundial, y que a la luz del rol de la agencia de calificación debe ser entendido como el mercado financiero estadounidense bajo control del gobierno de los Estados Unidos de América. Y no solo del gobierno, sino de la justicia estadounidense, que aplicaría su particular jurisprudencia local a los posibles desacuerdos y diferencias que puedan generarse en ese amplio esquema financiero, jurisprudencia que puede diferir de la jurisprudencia argentina, y por ello lesionar nuestros intereses.
Todo el amplio esquema de la iniciativa ARGLNG, no hace sino tejer una red de dependencia creciente y duradera en el tiempo con los Estados Unidos de América. Ya que no es solamente una relación entre actores privados como ser inversionistas, empresas productoras y agencias de evaluación de riesgos. Todo esto depende del control estatal estadounidense y de sus leyes de contabilidad. Todo este esquema de financiación es básicamente un proyecto de integración estructural no solo económica sino también política con esa nación.
No se trata de cuestionar un proyecto de desarrollo porque sí, sino de señalar los riesgos inminentes y de largo plazo de un determinado proyecto de desarrollo que nos ata inexorablemente al proyecto hegemónico mundial de los Estados Unidos de América, en el cual no es un hecho menor la inminente transformación de la matriz energética mundial a raíz de los cambios legales que surgen de la necesidad de reducir el impacto en el medio ambiente. Lo que está en juego es básicamente la conformación de toda una nueva red de comercio exterior que va a tener un impacto por lo menos en los próximos treinta años y es en esa perspectiva que se deben tomar las decisiones. Y no en una presentación comunicacional cuyo único interés sería promover votos en las elecciones de medio término del año próximo.
