Por Juan Francia
Desde hace más de veinte años cada vez que la oposición pierde las elecciones en Venezuela dice que ha habido fraude, pero cuando las gana como ocurrió en el referéndum por la reforma de la Constitución en 2007 o en las elecciones legislativas de 2015 reconoce los resultados electorales. ¿Esta vez que ha vuelto a perder las elecciones, según el poder electoral, es diferente?
El gobierno argentino de Javier Milei, sin ninguna prueba, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo sino al opositor Edmundo González Urrutia. El gobierno de Milei que alberga en su seno el proyecto de liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, estaría preocupado por los derechos humanos y políticos de los venezolanos. Es decir que los derechos humanos que le importan muy poco o nada al gobierno en Argentina, le quita el sueño si supuestamente se violan en Venezuela.
Este doble rasero es compartido en mayor o menor grado por algunos gobiernos latinoamericanos que se suman al desconocimiento de Maduro como presidente, empezando por Perú, país donde la presidenta en ejercicio Dina Boluarte, no dudó en ordenar la represión de sus conciudadanos en diciembre de 2022, con el ejército disparando y matando a decenas de manifestantes que reclamaban en las calles por su democracia y por el regreso del presidente legítimo derrocado, Pedro Castillo, actual preso político.
Otro país con presos políticos de la región que no reconoce a Maduro es el caso de Ecuador, donde el exvicepresidente Jorge Glas se encontraba asilado en la embajada de México en Quito, cuando la sede diplomática fue asaltada por la policía ecuatoriana en abril pasado, que secuestró al político ecuatoriano violando las más básicas normas del Derecho Internacional Público.
El “progresista” presidente de Chile Gabriel Boric, en sintonía con la injerencia regional en los asuntos de Venezuela, se apresuró a desconocer los resultados electorales en Venezuela, habla de “intento de fraude” aunque todavía no llegó al extremo de Argentina de reconocer como presidente electo al opositor Edmundo González.
Intelectuales y medios ¿de izquierda?
Las acciones de los gobiernos de derecha y su doble moral no sorprenden. Otro tema es el de los librepensadores de la izquierda académica y política. Muchos intelectuales “progresistas” llegan a afirmar que Maduro ha cometido fraude o que Venezuela es una dictadura, haciéndose eco de lo que sostiene la oposición derechista venezolana liderada por Machado. La política venezolana está históricamente alineada con el gobierno de Estados Unidos, y cuenta con relaciones fluídas con partidos de la extrema derecha internacional como el Likud de Netanyahu en Israel, Vox en España o los bolsonaristas en Brasil.
Recuerdo la Libia de Muamar Gadafi, en 2011 el debate intelecutal estaba muy animado entre tertulianos televisvos y muchos intelectuales declarados de izquierda, que ponían el grito en el cielo por las violaciones de los derechos humanos por parte del “dictador” libio. Recuerdo haber hablado entonces con Santiago Alba Rico, filósofo español, que sostenía una posición muy crítica con Gadafi y de esa manera sumaba argumentos a la intervención extranjera desde la “izquierda”.
Lamentablemente muchos intelectuales y periodistas justificaron, de manera voluntaria o involuntaria, una intervención militar en el país magrebí que lo destruyó por completo, sembró el caos, produjo el expolio de las riquezas petroleras libias y el linchamiento de uno de los principales líderes políticos de África. Luego esos intelectuales y medios que estaban muy alborotados por la violación de los DDHH y la democracia libia, callaron y el asunto de Libia pasó al más triste olvido.
Cada vez que se alinean la histeria mediática, académica y política contra un gobierno, generalmente adverso a los intereses de Estados Unidos, implica un preludio de acciones más contundentes por parte de Washington contra el país enemigo.
Desde la caída del muro de Berlín y con la implementación de la pax americana, hemos visto multiplicarse los golpes blandos, revoluciones de colores, “guerras humanitarias” y “preventivas”. El guion repetido presenta primero denuncias de violaciones de DDHH, y enseguida el coro mediático e intelectual tanto conservador como “progresista” apunta sus cañones a los “dictadores” que ocasionan un daño irreparable a sus pueblos y a los que la comunidad internacional debe salvar. Con frecuencia no tardan en aparecer combatientes por la “libertad” apoyados logística y mediáticamente para cometer acciones desestabilizadoras.
Es un guion que se repite una y otra vez, y luego que el discurso está consolidado en la opinión pública, vienen las sanciones y si es posible o necesario, más tarde o más temprano, la intervención militar liderada por Washington con sus aliados y gobiernos satélites de costumbre, para proceder al cambio de régimen. Así hemos visto en los últimos treinta años las guerras de la exYugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, el golpe blando de Ucrania en 2014, los intentos golpistas en Venezuela de 2002, 2013 y 2017, en Ecuador en 2010, los golpes de Estado a Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia, el derrocamiento legislativo de Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Pedro Castillo en Perú; y todos los casos de lawfare en la región, que forman parte de las diferentes estrategias para imponer gobiernos que respondan a los intereses del norte.
No son las actas, es el petróleo
Un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) atrasó los datos al momento de la transmisión de los resultados electorales el 28 de julio, día de la elección presidencial en Venezuela. El candidato de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cantó fraude junto a su jefa política, luego de que el CNE reconociera a Nicolás Maduro como candidato ganador con más del 50% de los votos.
El presidente Maduro acudió el 2 de agosto a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dirimir la controversia presentando la documentación electoral en su poder; pero el candidato Edmundo González que tenía cita para el jueves 8 de agosto para entregar sus actas electorales, que debían ser peritadas, no acudió. La PUD sostiene que ya han publicado las actas en una página web. En un comunicado difundido en la red social de Elon Musk, González afirma que no reconoce a la sala electoral del TSJ como el órgano para dirimir las diferencias. Es evidente que no es el ámbito institucional y legal donde la PUD pretende resolver el conflicto electoral.
Actualmente lo que tenemos es por un lado una campaña internacional dirigida a desconocer los resultados brindados por la autoridad electoral del país caribeño, impulsando la iniciativa de instalar a González Urrutia como el presidente electo, no obstante la mala experiencia con el ensayo de instalar el presidente virtual Juan Guaidó.
Y por otro lado, tal como aconteció en 2013 y en 2017, grupos gansteriles identificados o contratados por el partido político Vente Venezuela, fundado por María Machado y conocidos como “comanditos”, que agreden con extrema violencia a aquellos que identifican con el chavismo. Según Machado hay unos 60 mil “comanditos” en Venezuela y se crearon con la finalidad de garantizar el voto opositor, pero en los hechos operan como fuerzas de choque. Los grupos de acción directa de la oposición extremista se han dedicado a vandalizar mobiliario urbano, edificios y símbolos que asocian con el gobierno; y a atacar a chavistas desde que terminó la jornada electoral presidencial.
Así en un informe publicado esta semana por el fiscal general de Venezuela, Tarek Willam Saab, les adjudica más de 20 asesinatos a los comanditos desde el 28 de julio pasado. Ejemplo de ataques coordinados por estos grupos de choque se vio en la ciudad de Carora, del estado de Barquisimeto, cuando 45 personas que se encontraban el 30 de julio en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fueron rodeados y atacados por integrantes de “comanditos”, con cócteles molotov y armas de fuego. Algunos chavistas que no lograron huir, fueron capturados y torturados, y uno de estos militantes socialistas, Dennys Pereira, fue arrojado desde el segundo piso del edificio asediado, actualmente su pronóstico de vida no es alentador.
La preocupación de la “comunidad internacional” por lo que ocurre en Venezuela, no es por defender la democracia o los derechos humanos, supuestamente menoscabados por el gobierno de Nicolás Maduro, estos aspectos realmente no interesan a quienes impulsan desde el discurso hegemónico la cruzada contra el gobierno venezolano. Lo que realmente importa a los estrategas de la política exterior estadounidense, que impulsan el cambio de régimen desde hace un cuarto de siglo en Venezuela, son las reservas de petróleo, las más importantes del mundo.
El año pasado Donald Trump cuestionaba al presidente estadounidense Joe Biden por ser débil con el gobierno de Maduro, y afirmó que de haber continuado con las políticas para colapsar a Venezuela que él implementó, “nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo”.
