Por Daniel Kersffeld
Una invitación bastó para activar todas las alarmas y todos los focos rojos en los Estados Unidos.
Todo ocurrió porque el mandatario ruso, Vladimir Putin, fue invitado por el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 1° de octubre.
El gobierno mexicano trató de matizar el impacto de la información afirmando que aún no se trata de una invitación formal, sino de una “nota diplomática” extendida a todos los países con los que existen relaciones bilaterales. Se trata apenas de un recordatorio con tintes protocolarios para que los invitados aparten la fecha de la ceremonia.
De igual modo, se aclaró que, así como se había invitado a Putin también se le había extendido una nota similar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el que Rusia sostiene una guerra de ya más de dos años, con involucramiento directo de las principales potencias de la OTAN.
Una acción seguramente coordinada entre los gobiernos de Estados Unidos y de Ucrania procuró señalarle al gobierno de López Obrador lo arriesgado de una invitación de estas características.
El portavoz del Departamento de Estado afirmó que Putin era un “autócrata”, y que dada su responsabilidad en “tanta muerte y destrucción”, su presencia “restaría valor a lo que será un momento histórico” para el país vecino.
En tanto que el gobierno de Ucrania, a través de su representación en México, recordó que sobre el mandatario ruso pesa una orden de detención emitida en marzo de 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) al ser tratado como un “criminal de guerra” bajo la acusación, sin comprobación alguna, de la “deportación forzosa de niños ucranianos”.
Zelenski solicitó a López Obrador que procediera a arrestar a Putin en caso de que efectivamente se haga presente en la ceremonia de traspaso de mando. México es uno de los 124 países que hasta la fecha han firmado el Estatuto de Roma que faculta a sus autoridades a detener a quienes son acusados por la CPI, entidad que, por sus antecedentes, opera principalmente como un instrumento político y judicial diseñado desde el “Norte” para la persecución de líderes del “Sur Global”.
Aunque AMLO aclaró que de ningún modo se iba a arrestar a Putin en caso de que llegue a México, las advertencias expuestas por Estados Unidos y Ucrania revelan que la apuesta del gobierno mexicano es estratégica en varios sentidos.
Por una parte, y siempre como una iniciativa diplomática y protocolaria, AMLO vuelve a señalar que más allá de sus fluidas relaciones económicas con Estados Unidos, el diálogo con Rusia sigue vivo, aun en un período de creciente aislamiento por parte de las principales potencias occidentales y en el renovado asedio bélico de Ucrania y, a través suyo, del bloque de la OTAN.
Por otro lado, y en caso en que Putin decida viajar a México, sería evidente el apoyo que todavía tiene en algunos gobiernos latinoamericanos, pese a las incesantes presiones ejercidas por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, etc. por inclinar el apoyo político hacia Ucrania, e incluso, por proveer material bélico (como ya ocurrió con Ecuador y Argentina) para, a cambio, promover distintos beneficios comerciales
La presencia de Putin en territorio mexicano, a apenas mil kilómetros de la frontera, implica para los Estados Unidos un verdadero incordio, sobre todo, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, cuando Donald Trump y Kamala Harris se han expresado de distinto modo en torno a las relaciones que establecerían con Rusia ante su eventual llegada a la Casa Blanca.
Sin duda, la Casa Blanca subestimó las relaciones históricas que México mantiene con Rusia, más aun, desde los tiempos en que aún existía la Unión Soviética, y justo cuando en este año se celebra el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, en momentos en que el mexicano se convirtió en el primero en todo el continente americano en reconocer formalmente al Estado bolchevique.
La derecha mexicana, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, no tardó en sumarse al reclamo proveniente de Washington y de Kiev, en un intento simple y rústico para tratar de aminorar los efectos de su dura derrota en las pasadas elecciones del 2 de junio en las que, bajo una candidatura única, sólo obtuvo un 27,45% frente a Sheinbaum, que triunfó con el 59,75% de los votos.
Y como ya ocurrió en tiempos de la campaña, no extrañaría tampoco que la derecha más recalcitrante (no sólo la mexicana), aproveche la controversia generada para, nuevamente, volver sobre el infundio del origen extranjero de la nueva presidenta apuntando en este caso a una supuesta vinculación con Rusia, más allá de todas las aclaraciones brindadas en su momento por Sheinbaum sobre su nacionalidad y sobre sus antecedentes familiares en Lituania y Bulgaria.
Aunque aún se desconoce si efectivamente Putin viajará a México, el eje Estados Unidos- Ucrania sólo atinó a responder de modo reactivo ante el simple acto de invitación, promoviendo a continuación un intento deliberado por impedir que su desplazamiento finalmente se concrete.
Se trató de una reacción sobredimensionada frente a la decisión soberana de un gobierno que, a diferencia de otros dentro de la misma región que optan por el alineamiento automático con una única potencia con pretensiones hegemónicas, asume en cambio los desafíos y las ganancias de una diplomacia abierta y tendiente a la construcción de un mundo multipolar.
