El ex sacerdote recuperó la libertad. "Es vergonzoso, una puerta abierta a que sigan abusando; los hechos están confirmados, él nunca los negó", dijo el abogado de la denunciante, Mailín Gobbo. Recurrirán la decisión ante "Casación y la Corte Suprema de Justicia".
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín consideró prescriptos los hechos por los cuales Mailín Gobbo denunció por abuso sexual al ex cura Carlos Eduardo José, acusado por la Fiscalía por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su condición de sacerdote. “Esto no termino acá, vamos a recurrir a Casación y a la Corte Suprema de Justicia”, señaló a Página/12 Héctor Silveira, abogado de la denunciante. Tras la decisión del Tribunal, a cargo de los jueces Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira y Carolina Martínez, el ex cura fue absuelto y recuperó su libertad. "Es vergonzoso, una puerta abierta a que sigan abusando", advirtió Silveira.
Mailín Gobbo denunció al ex párroco en 2017. Desde ese año, el acusado se encontraba en el penal de José León Suárez, cumpliendo prisión preventiva por intento de fuga. En la lectura de la sentencia, que se llevó a cabo en los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, estuvieron tanto la denunciante como el imputado. Otras tres víctimas del sacerdote, que se presentaron como testigos durante el juicio, aguardan el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que avancen sus causas, que también fueron declaradas prescriptas en instancias anteriores. “Yo fui abusada por el cura Carlos Eduardo José“, señalan una serie de carteles colgados en la puerta del Juzgado, donde se ven imágenes de las denunciantes cuando eran niñas.
“Para las víctimas es muy doloroso todo el proceso, por eso tanta gente no se anima a denunciar”, advirtió Héctor Silveira, abogado querellante. Los hechos por los cuales Gobbo denunció al ex cura sucedieron en 1999 y 2008, primero cuando ella cursaba en el Instituto San José Obrero, en Caseros, que él tenía a cargo y donde “tenía la autoridad suficiente para sacarla de clases cuando él quisiera”, relató a este diario Silveira. Como José era de confianza para los padres de Mailín, el ex cura siguió visitando a la familia incluso cuando ella se cambió de colegio, a los 15 años. Recién en 2017, tras el nacimiento de su hija, la joven se animó a denunciar formalmente a José ante el sistema judicial. El párroco, que renunció ese mismo año a sus cargos eclesiásticos, fue encarcelado con orden de prisión preventiva por intentar escapar de la Justicia y permanecer prófugo durante una semana.
Durante el juicio, Gobbo tuvo que enfrentarse a su agresor, e incluso escuchar su declaración. “El proceso fue duro. Largo y con una defensa excesivamente agresiva, que interrumpía y revictimizaba constantemente a las denunciantes”, precisó el abogado de Gobbo. La fiscalía, junto con la querella, presentó 17 testigos, mientras que las declaraciones de la defensa fueron 23, “en su mayoría falsos testimonios, gente que cobra sueldos directamente del Obispado y que tiene una estrecha relación económica con la Iglesia”, advirtió Silveira.
Cuando, en 2009, Gobbo le contó a la familia sobre los abusos, sus padres fueron a hablar con el ex cura, que se limitó a pedir perdón. Ese año ella denunció los hechos ante el Obispado de San Martín, que se encargó de trasladar a José a la parroquia San José Obrero de Tandil, a cargo de la diócesis de Azul. “El cura nunca lo negó, los hechos están confirmados. Lo que dice es que ahora no lo pueden penar, como si por confesarse pudiera recibir el perdón”, señaló el abogado de la denunciante. Según establece el Código Penal desde su reforma en 2015, los tiempos de vigencia en los delitos por abuso sexual infantil empiezan a correr una vez que la víctima radica la denuncia, es decir que hasta tanto eso no sucede, los hechos no pueden prescribir. “Hay otras tres denunciantes esperando que la Justicia provincial decida sobre sus causas”, señaló Silveira y aclaró que “el desafío de Mailín es poder cambiar algo y que todos los que están en una nebulosa tengan oportunidad de denunciar”.
Jazmín Detez, quien radicó la denuncia junto a Gobbo, hace tres años, espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dicte el veredicto para que su causa pueda llegar a juicio. En la misma situación están Cecilia Burgos y Karen Maydana, dos ex alumnas del mismo Instituto de Caseros que también denunciaron al ex cura José. “Denunciamos cuando podemos, no cuando queremos”, señala un cartel colgado en la puerta de los Tribunales de San Martín. Sobre las baldosas de la vereda, se lee en aerosol “reforma judicial feminista ya”. En Argentina, según la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, hay radicadas más de 70 denuncias por abusos sexuales en la Iglesia.
En sintonía con la querella, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14, a cargo de los fiscales Ricardo Romero y Paola Campos, había pedido la pena máxima, de 20 años, ya que calificó los delitos cometidos por el ex cura como “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por ser ministro de culto, por tener a cargo la guarda de la niña y por las lesiones en términos de salud mental que le provocó a la víctima.
