La fiscalía de la localidad cordobesa de Alta Gracia aguarda la llegada de una delegación de seguridad de Corrientes para hacer efectivo el exhorto librado por la jueza de Instrucción Nº 6 de la capital provincial, Graciela Ferreyra, quien había solicitado el traslado de María Esther Medina, una funcionaria judicial cesanteada. Se trata de la ex trabajadora del Poder Judicial de Corrientes que contaba con pedido de captura desde hace más de tres años al estar involucrada en una causa por manejos irregulares de vehículos secuestrados a disposición del Juzgado Correccional donde la acusada ejercía un alto cargo.
Según informó el diario La Voz del Interior, Medina fue detenida tras presentarse en el Registro Civil de la localidad cordobesa de Alta Gracia para tramitar su Documento Nacional de Identidad. El empleado administrativo cargó el número correspondiente de la solicitante en la base informática nacional y fue ahí que saltó el pedido de captura ordenado por la jueza Ferreyra. Según consignó ese matutino cordobés, Medina se retiró del lugar sin ser detenida ni alertada. Pero inmediatamente las autoridades del Registro se comunicaron con el juzgado de Corrientes.
A partir de ese episodio, se pudo saber que Medina presuntamente estaba residiendo en el pueblo Villa Montenegro, cerca de Alta Gracia. El fiscal de esa ciudad cordobesa, Emilio Drazile, solicitó el arresto de la prófuga. Según los datos de la Policía, el operativo de detención se concretó en inmediaciones de la casa donde la acusada habría estado viviendo con otra mujer y un hombre. Incluso según consignó La Voz, los cinco días previos al arresto, la fuerza de seguridad había montado un operativo de vigilancia en cercanías de la vivienda. Medina está siendo investigada -según el requerimiento de instrucción formal- por los delitos de Malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal); Peculado (art. 261 del CP); Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del CP), y Administración infiel (Art. 173 inc. 3 del CP).
