El jefe policial vino a detener a traficantes en Goya con una orden de un juez federal de Reconquista. Sin embargo la Policía de la provincia y el gobernador Ricardo Colombi entendieron que invadió jurisdicción sin autorización local, e hicieron detener al funcionario José Moyano.
Se trata del máximo jefe policial del área de Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe quién fue detenido esta tarde en la provincia de Corrientes durante el seguimiento de un presunto grupo de traficantes de la ciudad de Goya que ingresaban estupefacientes por vía fluvial hacia la ciudad de Reconquista.
La inédita situación, que mantiene por estas horas a las autoridades de las dos provincias enfrentadas en un conflicto no resuelto, se dio a partir de una pesquisa que según informaron medios santafesinos, tiene varios meses, en la que interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El lunes pasado varios hombres fueron sorprendidos en lanchas en las que transportaban unos 40 kilos de marihuana en la ciudad costera del norte santafesino. Luego de escuchas telefónicas, se supo que la droga provenía de una casa en Goya.
El juez federal Alurralde emitió un exhorto hacia su colega de Corrientes Carlos Soto Dávila para que habilitara los allanamientos en Goya. Hacia allí concurrieron policías de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe al mando de su jefe, comisario mayor José Moyano, a fin de concretar los procedimientos en los domicilios de los sindicados como proveedores.
La tensión llegó hasta el mismo despacho del gobernador Ricardo Colombi quién habría pedido a sus funcionarios del área de Seguridad Pública que impidieran los allanamientos, a los que consideró una intromisión no autorizada por la autoridad judicial con competencia en Corrientes, la jueza Graciela Elizabeth Ferreyra.
Según fuentes de Santa Fé, Colombi requirió que se liberara a los dos testigos del procedimiento que los policías santafesinos llevaron desde la capital correntina hacia Goya, lo que en esa provincia consideraron una privación ilegítima de la libertad.
Las autoridades santafesinas señalaron que actuaron sujetas a derecho y por orden emanada de un juez federal. Fue así que Moyano, jefe del operativo, dijo que los testigos no estaban detenidos sino que actuaban merced a una carga pública de imposición legal, y que interrumpir la tarea que cumplían significaría el fracaso del operativo.Frente a esa respuesta una jueza provincial ordenó la detención del jefe de la policía santafesina que encabezaba los allanamientos.
En una discusión por momentos acalorada el gobernador Colombi le reprochó a un ministro santafesino que se hubieran trasladado 150 kilómetros a los testigos y que se interviniera en el territorio de otra provincia sin aviso previo a las autoridades competentes. Según el gobierno santafesino con autorización judicial de por medio no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción operativa en curso.
El fiscal correntino Patricio Paliza, que junto con el fiscal Guillermo Barry, dictó la orden de arresto contra Moyano, quién declaró: "se habla de supuesta privación ilégitima de la libertad, en el marco de denuncias realizadas en la fiscalía de la doctora Mónica Espíndola", en el marco de los allanamientos realizados y producto del entramado conflicto que se suscitó.
