Los magistrados actuaron en línea con la presentación que realizó el fiscal Flavio Ferrini el 14 de noviembre de 2016, cuando presentó un recurso de apelación en contra resolución dictada el 7 de septiembre a través de la cual el juez Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Davila, declaró la falta de mérito a favor de Eliseo Alfredo Yurquina.
En esa línea los jueces de Casación revocaron la excarcelación que le habían concedido al imputado, acusado de explotar laboralmente bajo condiciones inhumanas al menos a una decena de trabajadores, algunos de ellos menores de edad, en situación de vulnerabilidad, en un campo dedicado al cultivo de lechuga y acelga.
Entre los argumentos esgrimidos por los jueces de la Cámara, Gustavo Hornos sostuvo que la Cámara consideró que el Juzgado Federal de Corrientes había dispuesto la libertad del encausado "sin una motivación acorde a las circunstancias del caso, que impone a los jueces evaluar todos los datos inherentes al delito investigado y las condiciones personales del imputado a los fines de fundar la existencia de riesgo procesal".
Y agregó que el Juzgado Federal de Corrientes, al conceder la excarcelación "pasó por alto que, el domicilio denunciado por Yurquina, sería el mismo predio en el cual los imputados habrían llevado adelante el ilícito investigado, facilitando de esa manera su retorno al lugar".
Por otro lado, señaló que Yurquina tiene nacionalidad extranjera y que viajaría muy seguido a Bolivia, lo cual demuestra que "poseería los medios económicos suficientes" para trasladarse y facilidad para salir del país, "lo que constituiría un indicio que permitiría inferir que en libertad podría intentar eludir la acción de la justicia".
EL CASO
La denuncia se formuló el 23 de marzo de 2016, cuando un hombre relató que Eliseo Alfredo Romero Yurquina le había ofrecido trabajo en Bolivia , a través de una radio en la que se contactaban empleadores con empleados, llegando a un acuerdo para su traslado a la Argentina, adjuntando como prueba de ellos un contrato firmado por ambos. En base al maltrato denunciado y los datos brindados se realizó la investigación en manos de la fiscalía a cargo de Flavio Ferrini, que derivó en un allanamiento realizado el 29 de marzo de ese año.
Como resultado, se pudo encontrar a una decena de personas, algunas de ellas con hijos, trabajando en tareas agrícolas para el imputado en condiciones deplorables, viviendo en casillas sin ventanas, con pisos de tierra, instalaciones eléctricas sin medidas de seguridad, sin baños, y en condiciones de extrema precariedad.
Algunas de las víctimas declararon que “el trabajo no fue lo que habían hablado” en primera instancia con el imputado y que a muchos de ellos les crearon un “sistema de deuda” para reforzar aún más la situación de sometimiento.
De esta manera, a partir de la prueba reunida y la declaración de las víctimas rescatadas, el representante del MPF sostuvo que el imputado era el encargado de captar a las personas a quienes, aprovechando su estado de vulnerabilidad, les ofrecía favorables posibilidades de trabajo. Para eso, se hacía cargo o facilitaba el traslado de los trabajadores hasta la provincia de Corrientes. Una vez ahí, los “entregaba” a su suegro, Bernardo Romero Yurquina, quien los recibía en el campo que explotaba, manteniéndolos en el mismo en condiciones infrahumanas. Las víctimas debían trabajar de lunes a sábados sin contar ni siquiera con sanitarios, debiendo acudir a los montes para atender sus necesidades fisiológicas y con una asistencia mínima e indispensable para su subsistencia alimenticia.
Además, los salarios no eran lo que habían pactado y no contaban con ninguna cobertura médica o social.
