En otro millonario faltante, investigan una supuesta estafa con 2.000 vacas en Corrientes. Una empresa denunció la desaparición de un representante comercial con quien había firmado un contrato de capitalización.
Tras los casos que se conocieron las últimas semanas sobre el robo de 2.000 vacunos de un campo en la provincia de Santa Fe y la desaparición de 3.500 animales de un feedlot en Santiago del Estero, ahora sale a la luz un nuevo hecho que está en manos de la Justicia de Corrientes. Aquí se investiga una supuesta estafa por $50 millones por un faltante de 2.000 cabezas de ganado de la empresa Landver SA, en el departamento de Curuzú Cuatiá.
Según se pudo saber, existía entre la propietaria de la hacienda y la firma Balboa y Bobbio SRL una relación comercial. Años atrás, ambas sociedades habían iniciado un contrato de capitalización de hacienda a campo en el establecimiento Buena Vista, que Landver tenía en esa región. Rómulo Bobbio, socio de la mencionada SRL Balboa y Bobbio, era quien se encargaba de todos los actos de administración, como sanidad y vacunación de los animales, trámites ante los organismos públicos, ventas y liquidaciones y contaba con poderes y autorizaciones de Landver a ese efecto. “Los socios de Landver vivían en la ciudad de Buenos Aires por lo que debieron delegar esa administración. Esa administración constituía el aporte de Balboa y Bobbio al negocio”, comentó Silvia Piaggio, abogada de la compañía que denunció ser damnificada.
Según el expediente de la causa, en julio de 2019 Landver vendió el campo, por lo que tuvo que desocuparlo para entregarlo a fines del mes siguiente. La compañía decidió desprenderse de las casi 2.000 cabezas de ganado y firmó un contrato de venta en consignación con la sociedad de Bobbio en octubre de ese año para que se encargue de la comercialización. De la investigación surge que, al resultar difícil la venta total de la hacienda de manera rápida, Bobbio ofreció trasladar la hacienda al campo Santa Ana del Trébol, perteneciente a su familia. “El contrato de consignación se prorrogó dos veces. Mientras tanto se le requerían infructuosamente rendiciones de cuentas, así como poder inspeccionar el estado de la hacienda en el campo de la familia Bobbio”, señaló Piaggio.
LOS HECHOS
En este contexto, y agotadas las tratativas, se enviaron cartas documento para que restituya la hacienda. Bobbio respondió de la misma manera, reconociendo que tenía en su campo las 1.966 cabezas de propiedad de Landver, en virtud del contrato de consignación. “Sin embargo, siempre se negó a exhibir la hacienda, aduciendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, afirmó Piaggio. Ante la negativa, en agosto del año pasado, un representante de la firma propietaria se hizo presente en el campo en compañía de Agustín Bianchi, escribano de la localidad vecina de Mercedes, para constatar la existencia y el estado del ganado y proceder a su retiro. Según consta en el acta labrada por el escribano, Bobbio reconoció que tenía la hacienda, pero no facilitó el ingreso al establecimiento ganadero. Ello motivó, a través del abogado correntino Matías Mosca Tressens, el inicio de la denuncia penal por supuesta administración fraudulenta y retención indebida ante el Juzgado Criminal y Correccional de Primera Instancia de Curuzú Cuatiá, a cargo del juez Martín Vega, siendo la fiscal actuante María Alejandra Talamona.
Según el dictamen de la fiscal, los eventuales daños y perjuicios invocados por la firma damnificada “guardan estrecha relación con los hechos investigados en la presente causa, los que ascienden a la suma estipulada de cincuenta millones de pesos, conforme el hecho descripto en el requerimiento de instrucción formal”. La investigación fue avanzando y durante las audiencias testimoniales entre las personas que testificaron en el juzgado figuran peones, transportistas de hacienda, funcionarios del Senasa y arrendatarios de Bobbio. En el expediente figura el testimonio de varios productores a quienes Bobbio les brindaba pastaje desde hace mucho tiempo, manifestando que nunca vieron ingresar esa cantidad de hacienda por esos meses.
Surge de la prueba documental una serie de presuntas irregularidades con los organismos públicos de sanidad de la provincia como así la emisión de facturas de venta de ganado de Landver a un tercero. Al ser citado a declarar, ese supuesto comprador manifestó que jamás compró hacienda a Landver ni había recibido esa factura o pagado el precio. Luego, en septiembre de 2020, se ordenó el allanamiento en el campo Santa Ana del Trébol, donde solo se comprobó la existencia de unos pocos toros con la marca registrada de Landver pero el resto de los animales no se encontraba en el lugar. Con esas pruebas, el juez Vega citó a prestar declaración indagatoria a Bobbio, que luego quedó detenido. Además, se le decretó la prohibición de comercializar hacienda. Días después fue liberado bajo el pago de una fianza de $5.000.000.
Contrariamente a lo que dijo la fiscal en su escrito que “no existen dudas de quien debe responder por el daño patrimonial proveniente del delito es Rómulo Bobbio y no la SRL”, el juez consideró que Bobbio es presunto responsable penal pero no responsable civil derivando esta última responsabilidad a la SRL que él mismo integra. Cuando los representantes legales de la parte damnificada solicitaron ser tenidos como actores civiles en el juicio penal, esto fue denegado por el juez. La firma solicitó un embargo para asegurar el reclamo del perjuicio sufrido. “El juez confundió los conceptos jurídicos por cuanto la responsabilidad que se le endilga a Bobbio deriva de los presuntos ilícitos que solo pueden ser cometidos por una persona física y no de los contratos que firmó la SRL”, afirmó la abogada.
En medio del resonante caso, en Corrientes sigue la investigación. LA NACION se intentó comunicar con Rómulo Bobbio, pero no obtuvo ninguna respuesta.
