Como jefe junto a Acevedo, su segundo, combatió la inseguridad con un medio preventivo: control de motos. Formato con cierto éxito.
Cuando Félix Ricardo Barboza asumió la Jefatura de la Policía de Corrientes se comprometió a visibilizar la presencia policial, tanto como arma disuasiva como por ser signo de seguridad para la ciudadanía. Para ello, él y su segundo, el subjefe Eduardo Acevedo, tenían un criterio claro: la superioridad debe encabezar los operativos y que el subalterno no actúe solo y por su cuenta.
¿Qué resultados han obtenido? Es incómodo hacer un análisis "neutro" 48 horas después de la salida de la gestión Barboza-Acevedo (retirados junto al resto de la plana mayor, ver más en nota inferior). No están en su mejor posición ni momento, de hecho han sido retirados por una serie de factores donde el aumento irrefrenable de la delincuencia pospandemia gravitó, un fenómeno que si bien ya había sido vaticinado hace dos años, no es fácil de enfrentar, menos aún de resolver.
Ensayando ecuanimidad se podría fraccionar la administración Barboza-Acevedo en tres grandes escenarios: prepandemia, pandemia y pospandemia. Cada uno los puso como actores claves en distintas situaciones, en donde si bien cada una mereció respuestas específicas, pueden mencionarse continuidades en ciertas prácticas. El 17 diciembre de 2017, el flamante gobernador Gustavo Valdés ponía en funciones al comisario Barboza, quien venía desempeñándose como responsable del área de Coordinación Interior, con anterioridad fue jefe de la Unidad Regional IV Paso de los Libres y previamente de la comisaría de la localidad homónima.
La saliente gestión del comisario Eduardo Acevedo había dejado ciertas reformas que su sucesor supo utilizar en plan estratégico, por ejemplo la Policía Motorizada, creada en 2015 (luego del caso Maxi Aquino, el universitario asesinado en un robo en el barrio Aldana). En sus años de funcionamiento, tanto la versión uniformada (el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada y el Grupo de Intervención Rápida) como la que opera de incógnito (División Antiarrebatos) han sido salpicadas por casos graves que motivaron investigaciones judiciales y traslados, pero no impidieron poner en evidencia su eficiencia en combate del enemigo número 1 en el ámbito urbano: el arrebatador o "motochorro", formato que se ha expandido a ciudades y localidades del interior. Lo hicieron diseñando un plan de saturación empleando los grupos especiales (una docena de divisiones desde canes o caballería hasta toxicomanía o seguridad vial) en distintos puntos de la ciudad por lapsos de entre 4 y 6 horas, tiempo en el cual se controlaban fundamentalmente motos. El principal resultado: miles de rodados menores confiscados y unos cuantos detenidos con antecedentes policiales. Huelga decir que el propósito tal como lo pensó Barboza no era sólo reprimir (capturar al delincuente en flagrancia, en contadas veces sí se dio), sino ante todo la presencia policial como forma de prevención del delito en las horas de mayor transitabiliad, dado que las presas predilectas de los arrebatadores son peatones, automovilistas y usuarios de transporte público tanto urbano como de larga distancia.
Entre las primeras aplicaciones del "dispositivo de seguridad" hay que contar la custodia de micros de larga distancia que allá por 2019 eran asediados por "motochorros" en la avenida Independencia. Quizás una gran prueba para Barboza -así como para el entonces ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni- fue el 13 de noviembre de 2018 en pleno barrio San Gerónimo, cuando dos jóvenes -Enzo Gauna y Nahuel Ortiz Verdún, ambos presos cumpliendo condena en la actualidad- mataron a Roxana Dalpozzolo, de 28 años, madre de un niño y una niña, con la motocicleta en la que huían por la avenida Laprida de otro civil que los perseguía en otra, luego de haber tirado al piso y robarle la cartera a otra mujer, quien viajaba en moto con su hijo menor de edad unos 600 metros antes. A la gravedad específica del caso, un dicho de López Desimoni horas antes en un programa televisivo le daba una acentuación peculiar: "En Corrientes no hay inseguridad" (sic). Cumpliendo su compromiso, Barboza y la plana mayor junto al ministro dirigieron un "megaoperativo" en esa zona al día siguiente. No era el primero ni fue el último procedimiento en el San Gerónimo -donde está emplazada la Comisaría 16ª-, es decir que el método no fue abandonado. Es probable que hubiera estado en las previsiones un hecho como el de Dalpozzolo que, no obstante, ha sido una lección de qué puede pasar cuando se combinan los principales problemas del cotidiano convivir urbano: delincuente, tránsito y la violencia civil.
¿Por qué este "dispositivo" fue clave? Lo sabrá mañana, cuando se desarrolle todo el período pandemia y pos.
Una mujer llegó a la plana mayor
La nueva plana mayor de comisarios generales de la Policía de Corrientes encabezada por el jefe, Arnaldo Alberto Molina, y el subjefe, Jorge Andrés Cristaldo, está conformado por otros 11 jerarcas y por primera vez en la historia de la institución (creada en 1971 pero que dice ser tan antigua como la ciudad de Corrientes) hay una mujer. Según lo informado, la comisaria Gloria Romero es la directora general de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, hasta entonces venía cumpliendo funciones como responsable del área de Delitos Contra la Integridad Sexual.
Otros nombres importantes en la nómina por su labor en materia del delito en zona metropolitana son Ramón de la Cruz Barrios, quien quedó a cargo de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, y su par Emilio Jorge Rodríguez, responsable de la Dirección General de Planeamiento y Operaciones. Ambos siguiendo los lineamientos del anterior jefe Barboza (Ver nota principal) encabezaron la mayoría de los operativos de control.
En lo que hace a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que con la gestión Barboza-López Desimoni dejó de ser toxicomanía -área enfocada en la persecución de consumidores de drogas en espacios públicos- para dedicarse a combatir el narcomenudeo, al comisario Edmundo Santajuliana lo reemplaza el comisario Ramón Luciano Vallejos, quien estuvo a cargo del Destacamento San Marcos y pasó a la División Antiarrebatos. A ellos se suma en la Dirección General de Grupos Especiales, el comisario Miguel Tomás Ramírez.
En el área interior, el nuevo jefe de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica es el comisario Luis Alberto Sánchez. En la Dirección General de Coordinación e Interior está el comisario Ramón Antonio Benítez; la Dirección General de Bomberos quedó a cargo del comisario Félix Cemborain; en la Dirección General de Personal y Formación Policial, Sergio Rubén Sánchez. Y en la Dirección Administración Policial y Financiera y la Dirección General de Seguridad Vial, los comisarios Gustavo Germán López y Hernán García, respectivamente. Norte
