El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner denunció que "en este momento resulta políticamente correcto investigarla" a ella y no a los que detentan actualmente el poder.
Así lo expresó ante la Cámara Federal, el letrado Carlos Beraldi al presentar los fundamentos contra el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini en la causa conocida como "la obra pública" en la que se investiga el direccionamiento de la misma hacia el empresario detenido Lázaro Baez. El letrado pidió la nulidad de todo lo actuado por el juez.
Beraldi sostuvo que "el supuesto hecho de resultar amigo de Báez -en el caso de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera reviste tal condición- no puede constituir tan siquiera un indicio de delito, salvo en aquellos momentos en que nuestro país fue gobernado por una dictadura genocida, en los cuales la mera referencia de un apellido en una agenda de direcciones o bien tener algún mínimo trato con alguien permitía colocarlo bajo la fatal condición de delincuente subversivo".
"Si el hecho de ser amigo de un funcionario público ya de por sí inhabilitara a un empresario para desarrollar sus negocios, o bien eso al menos constituyera algún indicio criminal, los fiscales deberían haber denunciado en primer lugar al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien proviene del mundo empresario, su padre ha sido uno de los miembros más conspicuos de la patria contratista -sobre cuya historia y desarrollo en la Argentina existe abundante y documentada bibliografía-, y cuyo primo Calcaterra y su hermano de la vida Nicolás Caputo son los actuales empresarios estrellas en la adjudicación de la obra pública", subrayó el letrado.
El abogado pidió que se revoque el procesamiento contra Cristina y que la Cámara ordene al juez reencausar la investigación hacia otros grupos empresarios que resultaron adjudicatarios de obras públicas.
El letrado cuestionó que no se efectuó en la causa un análisis comparativo con otros rubros de la obra pública y otras provincias, "en los cuales también se advierte que unos pocos contratistas resultan quienes ganan la mayoría de las licitaciones. No es un dato menor que los cinco principales grupos empresarios a nivel nacional (Techint, Electroingeniería, IECSA, Corporación América e INVAP) fueron adjudicatarios de más del 20% de toda la obra inversión pública centralizada adjudicada durante el período 2003-2015", remarcó.
Por ello pidió a la Cámara Federal que "resulta imprescindible que ordene reencausar esta pesquisa en forma objetiva y con la seriedad con la que en un primer momento había sido propuesta" y que se revoque el procesamiento de la ex mandataria.
Para el letrado "se trata de un pronunciamiento que solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes, al menos en los tiempos en que en nuestro país se encontró vigente el Estado de Derecho".
"Jamás he tenido que ocuparme de contestar y rebatir una decisión que resulte tan vergonzosa como la que aquí se analiza y que llega al absurdo de considerar que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades consecutivas por el pueblo argentino -en las dos últimas por amplias mayorías populares, hecho inédito en nuestro país- constituyó, lisa y llanamente, una organización delictiva destinada a saquear los bienes del Estado durante doce años", dice el escrito conocido hoy en tribunales.
"En definitiva, la férrea negativa a readecuar el objeto procesal de esta causa quizás tenga que ver con alguna de estas circunstancias en las cuales los vínculos de amistad, familiares y comerciales públicamente conocidos seguramente sí pueden tener un contenido muy diferente: en pocas palabras, en este momento resulta políticamente correcto investigar a Lázaro Báez y a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner para no analizar los casos de corrupción que pueden involucrar a quienes detentan circunstancialmente el poder en la Argentina", dice el escrito.
La presentación remarca que desde que Cristina Fernández de Kirchner finalizó su mandato constitucional como Presidenta de la Nación en el mes de diciembre de 2015 ha sido ya procesada en tres oportunidades, "sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos".
"Los sucesos descriptos en el frente judicial no resultaron un hecho aislado. Por el contrario, han contado con una extraordinaria apoyatura y articulación desde los medios de comunicación opositores al anterior gobierno, que montaron una campaña permanente y sistemática de descrédito a partir de un mensaje que puede ser resumido de la siguiente manera: los hechos de corrupción que la justicia investiga ya se encuentran probados".
" Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, más allá de las manifestaciones públicas declamando su absoluta prescindencia con relación a la situación judicial de mi mandante, viene fogoneando el avance de todos estos procesos de distintas maneras", indicó Beraldi en su presentación en la que repasó las diferentes causas en las que se ha imputado a Cristina Kirchner.
