La denuncia realizada por la CAC y la UOCRA sería subsanada con una reunión, mañana al mediodía, con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, quien depende del ministerio del Interior. De todas maneras, en las oficinas de Interior niegan que la reunión esté confirmada.
Según la CAC, el Gobierno venía desembolsando entre 2.000 millones de pesos mensuales en pago a las empresas que están construyendo viviendas en todo el país. "Pero en mayo los pagos se frenaron y en junio fueron sólo $ 300 millones", dicen. "Si mañana nos dicen que fue sólo un atraso, todo bien, pero sino tendremos que ver qué hacer", añaden los empresarios.
En tanto, en la UOCRA existe una gran preocupación. Ellos manejan los números que les acercó la CAC sobre los pagos. "Por ahora no se frenaron las obras, las empresas están absorbiendo los atrasos, pero si esto se extiende uno o dos meses mas, impactará en el nivel de empleo -dicen los sindicalistas-. Y justo ahora que teníamos más puestos de trabajo, incluso formales, gracias a la recuperación de la obra pública".
Por su parte, desde el ministerio del Interior aseguran que "en julio los desembolsos por vivienda van a llegar a los $ 1.500 millones", y explican: "No hay ningún atraso en los pagos. Tanto que si seguimos a este ritmo, para octubre nos quedamos sin plata, ya vamos a haber ejecutado todo el presupuesto". Aunque los funcionarios reconocen que hay un ruido, y acusan a las provincias. Las obras de vivienda las licitan los Institutos Provinciales de Vivienda, que son los que deberían controlar su ejecución. Pero para la Nación "no hay suficiente eficiencia en el proceso". Se quejan de que se mezclan demasiadas manos en el tema, y que eso provoca demoras.
Lo cierto es que, desde hace tiempo, la Nación quiere manejar de manera directa la ejecución de obras de vivienda. Alegan que existen problemas de eficiencia, pero también está la cuestión del rédito político. "No se hará nada drástico hasta octubre", dicen en la Casa Rosada, sabiendo que cualquier medida abriría un frente polémico de cara a las elecciones. Sin embargo, la queja de los empresarios y los gremios está presente y esperan poder llevarla al máximo nivel dentro del Gobierno.
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