El Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción de la provincia, que en su cabeza tiene a algunos profesionales que responden directamente al Poder Ejecutivo como empleados de empresas públicas de la provincia, advirtió esta semana de la gravedad que representa que un funcionario de la categoría de subsecretario termine constituyéndose en un obstáculo para el funcionamiento del Poder Judicial en el marco del prolongado conflicto salarial.
Efectivamente, el subsecretario de Trabajo, Gustavo Trangoni, un dirigente sindical del denominado “Control de Admisión y Permanencia”, insistentemente y exclusivamente en el conflicto de la Justicia se ha rehusado a convocar a conciliación obligatoria solicitado por el Superior Tribunal de Justicia con el argumento de que los gremios que desarrollan medidas de fuerza “no tienen personería gremial”.
Sin embargo el desplante de este funcionario de menor jerarquía fue hecho propio por el gobernador Domingo Peppo que pese al requerimiento efectuado por la presidente del STJ, Iride Grillo, omitió ordenar a su subsecretario que convoque a la conciliación.
En medio del silencio del titular del Ejecutivo en el marco de la Justicia se analizan variables que podrían profundizar no ya el conflicto salarial sino la cuestión de fondo que por años viene dejando en evidencia la severa afectación de la independencia de este poder.
Efectivamente, pese a la garantía que plantea la Constitución Provincial en su artículo 151, que sostiene que “El Poder Judicial tendrá todo el imperio necesario para afirmar y mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los otros poderes del Estado” la cuestión presupuestaria se termina transformando en verdadero anclaje cuestiona la esencia misma de la división de poderes propio de un sistema republicano.
Pero ello no deviene de una cuestión de facto. Diez artículos antes la misma Constitución en su art. 141 consagra al gobernador, como cabeza del Poder Ejecutivo en “jefe de la administración”, el andamiaje jurídico se completa luego con la Ley 4787 de Administración Financiera y sus reglamentaciones para transformar en letra muerta aquel imperio de inviolabilidad funcional e independencia.
Sólo por citar un ejemplo, la Constitución de la Provincia de Corrientes, reconoce la misma independencia que la del Chaco para su Poder Judicial, pero además, el Artículo 192 de la carta magna vecina prevé que “El Poder Judicial tiene autarquía financiera y participa de los recursos generales del presupuesto provincial en el porcentaje que determine la ley”.
Si hasta ahora, el Poder Judicial vino soportando recortes presupuestarios tras recortes presupuestarios en función de esa jefatura de administración concedida por la norma fundamental de la provincia, la acción del subsecretario Trangoni, implícitamente avalada por el gobernador Peppo, consagra la ruptura del equilibrio de poderes en cuestiones que debieran ser de mero trámite.
Desde la recuperación de la Democracia habitualmente el Poder Ejecutivo y la política en general tuvo amplia participación en la designación de miembros del Superior Tribunal de Justicia. Así, radicales y peronistas se repartieron espacios en el control de ese poder atento el mecanismo de designación vigente hasta la sanción de reglamentaciones durante el gobierno de Jorge Capitanich para la designación de miembros del Alto Cuerpo.
El último gobernador en hacer uso de esas facultades discrecionales para la designación de ministros del Superior Tribunal fue Angel Rozas. El interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff tuvo la visible ambición de tomar el mismo camino. El hoy funcionario de Domingo Peppo, Juan Carlos Chaquires fue impulsado por el vicegobernador en ejercicio de la gobernación y sucumbió a los resultados del concurso de oposición que puso en vigencia el gobierno de Capitanich.
Desde aquel momento, el perfil de funcionarios judiciales parecer haber sufrido un giro decisivo. La ya mencionada juez Grillo y Emilia María Valle se incorporaron al Superior Tribunal para ocupar las vacantes que dejaron el renunciado Ricardo Franco y el fallecido Ramón Avalos, dos de los tres ministros designados por Angel Rozas.
La ruptura de esa dependencia de la política parece hoy mostrar otras consecuencias. Es la primera vez que una juez surgida del concurso de antecedentes y oposición ocupa la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, y si bien no es la primera vez que se produce este tipo de conflicto en la provincia, es también la primera que la indiferencia del Ejecutivo va más allá de la cuestión presupuestaria.
En menos de un mes, la Subsecretaría y la Dirección Provincial de Trabajo –esta última con funcionarios de carrera- desoyen un pedido del Superior Tribunal para convocar a conciliación obligatoria a gremios que están en conflicto.
Hace falta fina memoria para recordar un antecedente de menoscabo al Poder Judicial como el que viene ejerciendo el gobierno de Domingo Peppo. Este sábado el Frente Chaco Merece Más recordó en Fontana los diez años del triunfo de llevó al Sillón de Obligado a Jorge Capitanich. En aquel momento parte de la campaña fue la independencia del Poder Judicial denunciando las designaciones que oportunamente hiciera Angel Rozas para poner si concurso de oposición a tres miembros del Superior Tribunal.
Es cierto que ya en el gobierno Capitanich levantó mucha de la presión que se había puesto durante la campaña, aunque igualmente se sancionó hacia el futuro –y no para atrás como reclamaron los sectores más duros de la entonces alianza triunfadora- el nuevo mecanismo de selección de jueces para la Corte provincial.
Esos cambios fueron de lo más importante para avanzar un poco más hacia la independencia que proclama la Constitución, al cumplirse estos diez años, hoy Domingo Peppo -que no fue orador en este acto de Fontana-, consagra una de las afectaciones más groseras. Eso sí, en medio de una oposición que no celebra, pero guarda silencio.
