Tiene 266 páginas, entre otras novedades dispone el procesamiento de la diputada nacional Aida Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo. A ambos les ordena un embargo de 200 millones de pesos por cada uno, decretándole a la par la inhibición de bienes. Además, ordena la detención Patricia Vázquez, la cuñada del ministro de Hacienda Cristina Ocampo y la libertad por falta de mérito de Facundo Sampayo. Un extenso documento para ir desarrollándolo por partes.
En el fallo la juez Zunilda Niremperger defiende el origen de la investigación luego de una denuncia anónima que recibió la Policía Federal y sostiene que “la utilidad que presentan las denuncias anónimas, junto con el restante plexo de herramientas investigativas otorgadas por nuestro ordenamiento ritual, para avanzar respecto a investigaciones relacionadas a delitos de lavado de activo y corrupción en el marco de la administración pública, debido a la gran complejidad que estas presentan, con graves incidencias en la institucionalidad, sumado a que en virtud de la capacidad de influencia detentada por parte de sus actores principales el conocimiento y denuncia de estos hechos por parte de posibles testigos se neutralizaría ante la intimidación que ésta situación genera en ellos”.
Posteriormente plantea su competencia para investigar los delitos precedentes que no están en la esfera del fuero federal (lavado de activos), manifestando que “existen suficientes elementos como para asumir la competencia respecto de tales delitos”, explicando que “la presente investigación versa sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte de un grupo de personas, quienes habrían operado de modo organizado, con distribución funcional de tareas, con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia, con las distintas modalidades ya descriptas, para luego ingresarlos a su patrimonio – o de terceras personasdándoles apariencia de licitud, siendo varios de ellos funcionarios públicos en ejercicio de funciones o habiendo ostentado dicha posición anteriormente”.
Interpretando más adelante que con la investigación del fiscal Patricio Sabadini y el devenir de la causa luego de tomar intervención consiguió prueba suficiente para exponer que “existen sólidos elementos para afirmar que bajo la dirección de Aida Beatriz Máxima Ayala y Jacinto Amaro Sampayo se habría consolidado una asociación ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades entre ellos en primer término y, como consecuencia, por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad (principalmente Carlos Alberto Secundino HUIDOBRO, Daniel Alejandro FISHER, Pedro Alberto MARTINEZ), con la finalidad de apoderarse ilegitima y deliberadamente de fondos provenientes del erario de la Municipalidad de Resistencia asignados para el cumplimiento de los servicios específicos a su cargo".
En ese razonamiento, la juez Niremperger le atribuye a la diputada nacional Aida Ayala la comisión de los delitos de: asociación ilícita (art 210 del CP) en calidad de coautora, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5CP), incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP) en calidad de coautora, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal),en calidad de coautora.
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