Alberto Fernández recusará a los miembros del máximo Tribunal y presentará un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada. Para el mandatario “es de imposible cumplimiento”.
El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que recusará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por el fallo que ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020. Según dijo a los mandatarios provinciales, la orden “es de imposible cumplimiento”.
Además, los equipos legales del Gobierno presentarán un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada. La decisión conjunta lleva las firmas de Alberto Fernández y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Los gobernadores peronistas le habían pedido al Presidente que no acatara la decisión judicial. Alberto Fernández los citó horas después de que se conociera el fallo del máximo Tribunal y en medio de un creciente enojo de los mandatarios provinciales, que entendieron que el fallo afecta el federalismo.
El argumento del es que no puede devolver recursos coparticipables que quitó a la CABA, sin afectar a otras jurisdicciones, tal como ordenó la Corte. “Es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”, escribió Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, en su cuenta de la red social Twitter, tras el encuentro.
La decisión de la Corte sostiene “de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, ratificó el Gobierno en el comunicado posterior a la reunión con los gobernadores.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, agregó.
“Fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”
En el comunicado en donde anunció la decisión de recusar a los jueces y pedir la revocatoria del fallo, el Gobierno calificó a la resolución judicial de tener carácter “político en contra de las provincias argentinas” y ser “de imposible cumplimiento”.
“La Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016. En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95″, dice el tecxto.
Según los cálculos oficiales, se trata de más de $180.000 millones adicionales a los que ya percibe la CABA. Por eso, informó que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”.
