El diputado provincial Javier Sáez presentó un proyecto de ley para establecer un “Procedimiento para prevenir el abandono y la institucionalización de niñas y niños pequeños en la provincia de Corrientes”. Es un protocolo de actuación en casos judiciales con menores de tres años que busca agotar las todas las instancias para que no sean separados de su seno familiar y se basa en recomendaciones de UNICEF.
El legislador del PP indicó que “en base al ‘Llamado a la acción contra el internamiento de niños y niñas menores de 3 años en instituciones de protección en América Latina y el Caribe’, con este Protocolo estaríamos avanzando en colocar a nuestra provincia en los estándares más elevados en cuanto a la adhesión, protección, garantía y sostenimiento de los derechos de todos los niños pequeños de nuestra provincia, algo que indefectiblemente fortalece el núcleo de nuestra sociedad”.
Al respecto, aclaró que “existe actualmente en nuestra Provincia un Protocolo, resultado de un trabajo intersectorial con asistencia técnica de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)”. Y sostuvo la necesidad de darle “marco legal” al mismo.
Sáez consideró así que “de esta manera, estamos legislando sobre los procedimientos que guían la actuación de los decisores y los operadores que trabajan con niñas y niños pequeños y sus cuidadores, estableciendo estándares, objetivos y enfoques”. Y señaló que “el protocolo así, tiene como propósito principal la prevención del abandono y la erradicación progresiva de la institucionalización de niñas y niños de 0 a 3 años de edad”.
Entre los puntos salientes de este proyecto de ley, se establece como “Autoridad de aplicación” al COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), siendo este el órgano administrativo competente local de protección de derechos, encargado de adoptar y aplicar las medidas de protección de derechos ante la amenaza o violación de derechos de NN pequeños, y la declaración administrativa de la situación de adoptabilidad.
Así es que también se establecen deberes y facultades del COPNAF, la competencia judicial, las instituciones para la actuación, los análisis de situaciones, la elaboración de informes técnicos y el plan de acción según los diversos casos.
