Tiene que ver con la puesta en marcha de 30 fiscalías en toda la provincia, en su mayoría rurales, algo que el mandatario viene anunciado desde hace semanas. De aplicarse en la realidad el 60% de los recursos de la Justicia correntina quedarían “comprometidos”, dijo el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Panseri. Y pidió dar “soluciones creíbles” en reclamo de más seguridad y servicio de justicia en la provincia.
En el fragor y la vorágine de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 11 de junio venidero, comicios legislativos de medio tiempo, el gobernador de la provincia anunció semanas atrás que pondrá en funcionamiento 30 fiscalías rurales.
Se trata de atender un reclamo de uno de los sectores que históricamente e ideológicamente acompaña al gobernador, el ruralismo. Los ganaderos y pequeños productores están reclamando desde hace semanas más seguridad para combatir el abigeato y delitos en zonas rurales.
“Si yo pongo en funcionamiento este proyecto de ley, podríamos estar comprometiendo cerca del 60 por ciento de los recursos del Poder Judicial porque nosotros por Constitución tenemos que presentar el presupuesto del Poder Judicial que a su vez tiene distintos ítems, como ser el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, explicó el ministro de la Corte provincial de Justicia de Corrientes.
Luego profundizó en su explicación: “Tenemos un problema y hay que proponer soluciones creíbles y que no comprometan el ejercicio del Poder Judicial, la parte buena que yo veo a este proyecto de ley es que hace 15 años o más no se han creado puestos de trabajo, nuevos funcionarios, esto significa que hemos crecido poblacionalmente en la provincia y esto hay que acompañarlo”, evaluó.
Recordó en ese sentido la reunión que mantuvo semanas atrás con senadores provinciales, justamente sobre el proyecto de Ley para avanzar en la creación de fiscalías en su mayoría rurales, “Todos coincidimos que el crecimiento es el correcto, es lo que corresponde, ahora hay varias posibilidades, y la primera es instalar nuevos funcionarios con las estructuras viejas legales que tenemos en vigencia que datan de noviembre de 1971; otra es crear en forma planificada y paulatinamente dónde ponemos en vigencia estas nuevas organizaciones”.
