Consejo de la Magistratura, Consenso Fiscal y la Respuesta Integral al VIH son algunas de las iniciativas que no fueron tratadas. Sigue sin haber acuerdo por las comisiones y toda la atención está puesta en el acuerdo FMI.
Finalmente, en medio de la expectativa por el siempre inminente pero aún no concretado envío del acuerdo con el FMI al Congreso, y tras la crisis interna que abrió la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque oficialista en Diputados, las sesiones extraordinarias fracasaron.
Fuera de la protocolar sesión preparatoria del Senado del jueves, en el que se confirmaron las autoridades de la Cámara Alta, no hubo ni una sesión durante el último mes. Tampoco hubo ni una reunión de comisión para avanzar con los 18 proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento durante febrero.
El fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas por Alberto Fernández del 1 al 28 de febrero deja un reguero de iniciativas pendientes en el Congreso, entre las que se destacan la reforma del Consejo de la Magistratura, el Consenso Fiscal 2022 y la nueva ley de Respuesta Integral al VIH.
A la espera del acuerdo con el FMI, el Congreso todavía no resolvió la conformación de las comisiones
La atención sigue puesta, sin embargo, en la llegada del entendimiento con el FMI. El Gobierno nacional pretendía enviar el acuerdo a Diputados la semana pasada, antes de la apertura de sesiones ordinarias de este martes, a cargo del Presidente.
Sin embargo, las negociaciones se complicaron en los últimos días por falta de consenso sobre el modo en el que la Argentina cumplirá con las metas de reducción de déficit fiscal. El Ejecutivo tenía la esperanza ahora de cerrar el acuerdo esta semana, tras el discurso presidencial.
Por otra parte, la actividad del Congreso sigue totalmente frenada por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la conformación y conducción de las comisiones parlamentarias, paso previo necesario para el tratamiento de cualquier proyecto.
La única comisión que se conformó en el último mes fue la de Ambiente del Senado, para que pudiera comparecer el ministro Juan Cabandié por los incendios en Corrientes.
Hoy en la Cámara Alta hay más posibilidades de acuerdo que en Diputados. Juntos por el Cambio presiona en la Cámara Baja para que haya paridad entre las comisiones que conduce la oposición y las que maneja el Frente de Todos, que tiene solo dos diputados más que la coalición opositora.
El oficialismo, por ahora, se niega, señalaron fuentes parlamentarias a TN.
La reforma del Consejo de la Magistratura: proyecto con fecha límite en el Congreso
Entre los 18 proyectos que Alberto Fernández incluyó en el temario de sesiones extraordinarias se encuentra el de reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces.
Los cambios en el Consejo de la Magistratura son una imposición de la Corte Suprema y tienen fecha límite. A mediados de diciembre, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley del 2006 que redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13. Encargó al Congreso una nueva ley y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.
El plazo finaliza en abril. El Gobierno presentó su propio proyecto y Juntos por el Cambio, que tenía varios textos de legisladores del radicalismo y del PRO, decidió confluir en una sola iniciativa.
La diferencia central entre la postura del oficialismo y la oposición está en que Juntos por el Cambio busca que la Corte Suprema vuelva a formar parte del Consejo de la Magistratura y que sea un miembro del máximo tribunal quién presida el organismo.
La tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial y la Corte viene en aumento desde diciembre. Será un debate complejo. La reforma del Consejo de la Magistratura se trataría primero en el Senado, donde manda la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El consenso fiscal 2022
Alberto Fernández también incluyó en el temario de extraordinarias el Consenso Fiscal 2022, firmado entre la Nación y las provincias en diciembre, y que, en los hechos, faculta a los gobernadores a subir impuestos.
Este es uno de los temas pendientes en el Congreso que podría generar cierto ruido hacia el interior de Juntos por el Cambio.
Mientras los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) adhirieron al nuevo pacto fiscal, no lo hizo en cambio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), que mantiene con Nación un litigio en la Corte Suprema por la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque hubo presiones dentro de la coalición opositora para que eventualmente los legisladores radicales al menos se abstengan en la votación, no está definido aún qué posición adoptarán los bloques que integran Juntos por el Cambio.
La ley de respuesta integral al VIH perdió estado parlamentario por tercera vez y debe reiniciar su tratamiento en el Congreso
El 31 de diciembre pasado perdió estado parlamentario por tercera vez el proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH que cuenta con respaldo en todos los sectores políticos.
El proyecto busca reemplazar la Ley Nº 23.798, aprobada en agosto del 1990, que declaró de interés nacional a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), desde una perspectiva que lo toma centralmente como una problemática de salud.
La iniciativa apunta la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros, además de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.
Considerando que las personas con VIH, Hepatitis B y C con muchos años de infección padecen de envejecimiento prematuro del organismo, el texto también prevé la creación una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico.
Como perdió estado parlamentario, el proyecto deberá volver a pasar por las comisiones parlamentarias, que deberán emitir un nuevo dictamen para poder llevarlo al recinto. Considerando la “urgencia política” de los otros proyectos en carpeta, el tratamiento podría volver a demorarse.
