Una resolución del Insssep que blindaba el negocio de las clínicas y sanatorios de la provincia del Chaco terminó dando motivos para unir a los sindicatos estatales de la provincia –que no pueden elegir otra obra social que no sea esa- y generar un nuevo embate al gobierno de Domingo Peppo.
No parece casual que una resolución de este tipo surja luego de una publicada reunión de representantes de la Federación Médica del Chaco con el gobierno de la provincia anticipando la construcción de un nuevo sanatorio.
Nada tendría que ver con nada, pero puede parecer todo lo contrario. Sería interesante encontrar ahora que las entidades profesionales -que tienen en la atención de pacientes de la obra social provincial su principal sostén- comiencen a reclamar incrementos en las cápitas, que con seguridad están atrasadas. Sería entonces sorprendente que hayan sido hasta aquí contemplativos y no lo hayan solicitado.
De la misma manera que el gremio del Insssep haya salido a respaldar con mucha fuerza y contra lo que piensan la mayoría de los gremios estatales la medida que importaba directamente una privatización de una gestión clave como es la posibilidad de digitar –y en su caso denegar- derivaciones a entidades fuera de la provincia.
Más allá de que finalmente pueda ser cierto que los servicios de salud en el Chaco puedan estar equiparados a otros foráneos parecía demasiado a medida que la obra social provincial haya resignado su papel de contralor y concedido ello a quienes deberían ser los controlados.
El gremio del Insssep aparece –con su nueva postura- como un verdadero apéndice del Instituto, más allá de quiénes sean sus autoridades. Liderados por la interminable Zulema Verón el acompañamiento tiene en su explicación toda vez que en el gremio logró una muy pronunciada recomposición para sus trabajadores, muy por encima de lo que han percibido el resto de los sectores y coloca a esos salarios entre los más altos de toda la administración pública. Quizás por eso nunca se escuchan reclamos salariales.
Sin embargo, la presión sindical y la fragilidad en la que se encuentra el gobierno de Domingo Peppo y la proximidad de un nuevo comicio en octubre próximo, hicieron que el directorio revise la medida y retome sus facultades de contralor.
Esta vez, no hubo manifestación del gremio del Instituto. Ni a favor, ni en contra. ¿Será que lo que estaba bien, estaba mal?
Tampoco se escuchó una palabra de parte de la CGT local que consiguió fondos, micros, y licencias especiales para movilizar un insignificante contingente a la marcha de los trabajadores contra e ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que para casi todos se aplica en el Chaco a rajatablas desde que coincidieron en asumir las autoridades nacionales y provinciales.
La secretaria general de la CGT, Graciela Aranda, y Zulema Verón comparten esa tradición sindical de tirios y troyanos en las que las interminables reelecciones consolidan dirigentes más allá de la opinión de sus bases.
Representan a su vez el límite entre el aislamiento de un gobierno provincial que camina a tientas y ciegas, de la mano de las políticas nacionales que a su vez van menguando su base de sustentación, o bien porque rechazan ese acercamiento, o porque prefieren la versión original de Cambiemos en el Chaco antes que una mala copia que se pretenda opositora.
La realidad parece ir por un camino distinto al que dibujan el gobierno provincial y sus escasos aliados. En medio de la campaña se gastan fondos que se dicen escasos para anuncios vacíos. El Centro de Empresas Constructoras dijo esta semana sobre la reactivación de obras de vivienda “la recuperación fue ínfima. Se reiniciaron 3900 viviendas de las 6800 que estaban paralizadas. Fue una ínfima recuperación, no es la que anhelábamos, ni siquiera se alcanzó lo anunciado por el Presidente Mauricio Macri en Sáenz Peña que se iba a reactivar las 6.800 viviendas. Las empresas tenemos un grado de avance físico que va desde el 30 al 50% de las viviendas pero solo cobramos el 10%.
Nación adeuda el envío de fondos para cubrir los avances de obras correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. O sea, nos adeudan 4 certificados de obras”.
Para despejar dudas, es notorio que el gobierno de la provincia no sólo no denunció este nuevo revés cuyas consecuencias pagan todos los chaqueños, sino que –es de reiterar- en sus avisos de campaña asegura que eso está en marcha, incluso, se hace eco del aviso nacional que afirma que el Chaco es una de las provincias del país que mayor cantidad de recursos nacionales recibe. Quedarse en silencio frente a esto, es ratificarlo. Es acompañar. Exactamente de lo que se habla al principio.
