Luego de que ambas partes hayan expuesto sus argumentos, los jueces federales darán a conocer su veredicto el próximo martes 6 de diciembre.
Comenzó la cuenta regresiva hacia la lectura del veredicto de la Justicia sobre la Causa Vialidad, en la que los argumentos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el fiscal Diego Luciani son más que contrapuestos.
Mientras el fiscal Luciani intentó demostrar su acusación contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta sostiene que la causa se fundamenta en “mentiras” y asegura que la Fiscalía no logró probar “absolutamente nada”.
Luego de que ambas partes hayan expuesto sus argumentos, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán su veredicto el próximo martes 6 de diciembre.
Las penas para los acusados
El fiscal Luciani exigió una pena de 12 años de prisión para Kirchner, además de que quede inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos y un decomiso de 5321 millones de pesos por considerarla la “jefa” de una asociación ilícita.
La Fiscalía también solicitó 12 años de prisión para Lázaro Báez, por ser el organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta. Para José López, por otro lado, Luciani y Sergio Mola pidieron 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita.
Argumentos contrapuestos: los pagos a Lázaro Báez y las obras en Santa Cruz
Uno de los principales argumentos de los fiscales es que el empresario Lázaro Báez era, según su planteó, el único empresario que no tenía ninguna deuda vencida en el momento en el que la titular del Senado dejó el cargo, puesto que un mes antes de que se terminara el mandato de la líder de La Cámpora se habría aprobado un desembolso por 500 millones de pesos.
Sin embargo, Kirchner aseguró que, a finales del mes de noviembre de 2015, “no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez”. “La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por Vialidad durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos”, sostuvo durante su discurso “Las últimas palabras”.
Por otro lado, Luciani planteó además que la expresidenta habría repartido obras de manera “arbitraria” para favorecer a la provincia de Santa Cruz, puesto que afirmó que fue la segunda que más cantidad de fondos recibió para realizar obras públicas viales.
Sin negar esta información, la vicepresidenta alegó que se destinaron más fondos, ya que Santa Cruz tenía un déficit de inversión en materia de infraestructura vial. En ese sentido, también mencionó que "el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto".
Al respecto, los fiscales Luciani y Mola consideraron que el Poder Ejecutivo “omitió” la información sobre 17 de las 51 obras, así como en otras 34 presentó datos con “severas inconsistencias”, de acuerdo con sus argumentos.
Los DNU de CFK y los “favores” a Lázaro Báez
La Fiscalía explicó que los jefes de Gabinete habrían funcionado como “simples intermediarios” que recibían los pedidos del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional. En ese sentido, cuestionaron la “falta de control por parte de los organismos públicos”.
La vicepresidenta, por su parte, argumentó que “la ejecución del presupuesto de la Nación es competencia exclusiva de los jefes de Gabinete”. Con respecto a los decretos, la titular del Senado mencionó que estos fueron "correctamente validados" por el Congreso.
Durante sus alegatos, el objetivo de los fiscales era comprobar los vínculos entre Lázaro Báez y la familia Kirchner, por lo que plantearon que la exmandataria habría ordenado que se entregaran fondos de manera "ilegítima", algo que fue desestimado por la expresidenta.
Al mismo tiempo, también negó haber dado indicaciones para que se le adjudiquen obras a Báez al aclarar que la Presidencia “no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pagos de los proyectos viales investigados en la causa”.
La “relación” con Lázaro Báez
La Fiscalía acusó al kircherismo de iniciar un supuesto "plan limpieza" al perder las elecciones de 2015, que consistía en el “abandono de obras” y la “desaparición”, según plantearon. Para comprobar esto, citó unos mensajes entre José López y Mariano Cabral, secretario privado de Cristina Kirchner, en las garantizan a Austral el cobro de cifras millonarias. En esa línea, las conversaciones entre funcionarios fueron una prueba central del alegato de Luciani.
En el medio de este “plan limpieza”, Luciani sostuvo que existió una reunión con Kirchner, algo que la vicepresidenta desestimó.
A pesar de los intentos de relacionar a José López y a Lázaro Báez, la titular del Senado indicó que los mensajes que “demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el 'hermano del alma' de Mauricio Macri, Nicolás Caputo”, tal como ya había dicho en su primera declaración por la causa.
De esta manera, Kirchner reiteró que "nunca" fue “socia de Báez” e indicó que los contratos que se hicieron con las empresas de él no eran “retornos”, sino que resultado de prestaciones recíprocas.
Otro de los argumentos de los fiscales fue que habrían existido “sobreprecios” en las obras de Báez para beneficiarlo a él y, en consecuencia, a la supuesta asociación ilícita de los Kirchner, pero la vicepresidenta, por su parte, alegó que la Fiscalía “jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación" y que "el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores".
Luciani y Mola cuestionaron que se le continuó entregando contratos a las empresas de Báez pese a las demoras que tenían sus obras. Esta tardanza en finalizar el proyecto fueron “debidamente justificadas”, según indicó la vicepresidenta.
