Mauricio Macri anunció la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. La reforma militar está diseñada bajo el “asesoramiento” del Comando Sur de los Estados Unidos.
Este lunes, flanqueado por el Ministro de Defensa Oscar Aguad y los jefes de las tres fuerzas, Macri dio a conocer su objetivo de fortalecer el aparato represivo de conjunto. Quedó implícito que se preparan para enfrentar la perspectiva de resistencia obrera y popular al saqueo nacional pactado con el FMI.
Para posibilitar esa intervención, Macri modificó el decreto 727 que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa, limitando la intervención militar a casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro Estado. Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo amplían la intervención de las Fuerzas Armadas ante "agresiones de origen externo" y no sólo ante "amenazas estatales" externas; apunta a incluir a las fuerzas castrenses, con el pretexto de su programa de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, y anticipa una reforma para actualizar el aparato militar de conjunto.
Una política militar para cumplir con el G-20, el FMI y el Comando Sur
La proximidad de la cumbre del G-20, que reunirá a los mandatarios de las principales potencias del mundo en noviembre en Buenos Aires, y en el marco del ajuste acordado con el FMI, aceleró las decisiones en materia militar en estrecha colaboración con Washington. Para esta cumbre el gobierno viene invirtiendo fuertes sumas en adquirir armamentos.
Además los ministros de las carteras de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, firmaron convenios con el Comando Sur para capacitar a agentes de la Policía Federal con la excusa de los preparativos de la cumbre del G-20. Será esta una ocasión para desplegar efectivos de las tres armas “colaborando” con las fuerzas federales, mostrando nuevo equipamiento de la mano de los servicios de inteligencia imperialistas. Esto es parte de los primeros pasos en la formación, equipamiento y armamento de una Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para que cooperen con las fuerzas de seguridad interior. Obviamente, no temen tanto una invasión de ISIS a Argentina con ocasión de la Cumbre, sino ante la eventualidad de protestas populares contra el ajuste, el endeudamiento externo y las secuelas del pacto entreguista con el FMI.
De fondo, el gobierno de Cambiemos avanza nuevos pasos en la política de alineamiento diplomático y militar con Estados Unidos, recogiendo sus “recomendaciones” en la definición de las “nuevas amenazas” que éste identifica como “terrorismo internacional, narcotráfico, ciberataques, migración descontrolada” para reordenar bajo su supervisión el papel y tareas de los ejércitos latinoamericanos y logar facilidades para el despliegue de tropas, asesores y agentes de inteligencia de Estados Unidos a bases en los distintos países de la región. El objetivo del Pentágono es que los militares latinoamericanos actúen como policías internas bajo la orientación político-militar del Comando Sur estadounidense, en función de las prioridades geopolíticas y los intereses generales de Washington en el continente.
Estados Unidos impulsa la intervención interna de las FF. AA., bajo pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, pero detrás está evitar la influencia china y rusa. La iniciativa de Macri es un peligroso paso en esta dirección, más cuando esta política ha fracasado, y lleva a crear lazos entre los militares y los narcos, como ocurre con la Justicia y la Policía que “regulan” el crimen organizado más que combatirlo. Brasil, Colombia y México muestran las consecuencias de la militarización. En Brasil, con pretextos similares se avanza en la militarización de Río de Janeiro, donde fue asesinada la concejala Marielle Franco, por denunciar los crímenes que cometen en las favelas, militarización que está al servicio de sostener el golpe “constitucional” que derrocó a Dilma y mantiene preso a Lula. Y en México, 250 mil personas fueron asesinadas y 30 mil desaparecidas desde 2006 a la fecha, mientras que las organizaciones narco gozan de buena salud.
La defensa de los recursos estratégicos, que esgrime Macri para reformar el decreto 727, cuenta con otro trágico acuerdo firmado por Bullrich y Aguad con varias agencias de seguridad de Estados Unidos; entre ellos se encuentra la instalación de una base militar en la Triple Frontera (bajo la excusa de amenazas terroristas) donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní, con 40 mil kilómetros cúbicos de agua potable que subyacen en la zona. Luego, el gobernador de Neuquén, con la anuencia del gobierno nacional, firmó un acuerdo con el Comando Sur para instalar una base militar muy cerca de Vaca Muerta.
Otro elemento alarmante es la insistencia en el peligro de “ciberataques”, la adquisición de equipos israelíes de última generación y el incremento de las relaciones con el Mossad y otros servicios; esto crea un alerta al poder que puedan adquirir la AFI y los espías argentinos en la inteligencia interna, en el espionaje de las redes sociales, de las organizaciones sindicales, de derechos humanos, ambientalistas, pueblos originarios, del movimiento de mujeres, juveniles y fuerzas políticas de izquierda dentro del país.
