La semana que viene (o como máximo la otra) el oficialismo va a presentar en Diputados el proyecto para gravar por única vez la riqueza de los contribuyentes que tengan más de 20 millones de dólares. Sería un aporte obligatorio para poder mejorar la situación de las arcas del Estado, que necesita expandir el gasto en medio de una cuarentena que no tiene fecha de finalización.
Los tiempos políticos de la presentación los maneja Máximo Kirchner. El proyecto se va a ingresar por Diputados, como marca la Constitución a un cambio en impuestos. Técnicamente están coordinando con el Ministerio de Economía, aunque la decisión política de avanzar y cuánto está en manos del jefe de La Cámpora. Casualmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el hijo de la vicepresidenta almorzaron la semana pasada después del acuerdo por la deuda.
En el Congreso falta seguir charlándolo con la oposición. El oficialismo sabe que en Diputados los números no están tan claros y que necesitan sumar voluntades de la oposición. Los “Ramones” (el bloque de Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón) van a acompañar, posiblemente, si no aparece nada raro en la redacción del proyecto. Lo mismo los cordobeses y misioneros integrados al bloque de Lavagna. Con eso solo, el oficialismo ya tiene el número para aprobar la ley.
El problema es la votación en particular. Como es un cambio impositivo tiene que tener una mayoría especial de 129 votos cada uno de los artículos. Siempre puede aparecer algún vivo que marque alguna diferencia en una cláusula para llevar agua para su molino.
Por eso, si pueden contar con Juntos por el Cambio, mejor. Desde el principal bloque opositor ya salieron a marcar algunas diferencias. Hubo presentaciones en que proponían transformar el impuesto en una obligación de inversiones productivas. Por ahora dicen que no tienen postura porque no vieron el proyecto. Habrá que ver qué posición toman los gobernadores del espacio, que seguramente van a querer recibir parte de esos fondos.
El factor de negociación más complicado es que todavía no se sabe qué va a pasar con las sesiones virtuales, especialmente en Diputados. El acuerdo para sesionar de manera remota venció este viernes. “La oposición no quiere trabajar. El líder los conduce desde una reposera en Costa Azul”, dispararon ácidos desde el kirchnerismo.
La gran traba es que necesitan que Juntos por el Cambio les apruebe la prórroga del protocolo para las sesiones remotas. En medio de un nuevo pico de contagios, no parece viable que el tema se discuta presencialmente. “No están respetando la voluntad popular, este clamor de que el proyecto se trate”, dijo Heller.
La oposición se defiende. Plantea que el proyecto no está en agenda y que no quieren aceptar las continuidad de las sesiones virtuales estando en el medio el debate por la reforma judicial. “Hace cinco meses que hablan de eso pero el proyecto no está”, dicen en el principal bloque opositor.
¿Cuál es el temor? Que el kirchnerismo en tres semanas saque la reforma judicial en el Senado (tienen amplia mayoría), y después avancen en Diputados, donde los números están muy parejos.
El mecanismo de la sesión remota no dio hasta ahora grandes seguridades. En la última sesión, Fernanda Vallejos, por ejemplo, no pudo hablar por falta de conectividad y tampoco pudo votar el proyecto de renegociación de la deuda, del cual fue miembro informante. "La diputada Vallejos no responde al requerimiento del voto", dijo en medio de la sesión Sergio Massa.
“Tres o cuatro diputados pierden la conectividad y cambia el resultado”, sostienen en Juntos por el Cambio.
La idea de gravar las grandes fortunas no es exclusivo del Congreso de la Nación. Distintas intendencias están haciendo lo mismo con los sectores menos perjudicados por la pandemia; básicamente supermercados y sector financiero, al que le están cobrando mayores tasas de manera extraordinaria.
No lo hace solamente el kirchnerismo: también intendentes albertistas como Juanchi Zabaleta (Hurlingham) o Fernando Moreira (San Martín); o el del PRO, Néstor Grindetti (Lanús) referenciado en Larreta y exministro de Hacienda de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Las necesidades de recaudación a veces no entienden de ideologías políticas.
Casualmente, en el Concejo Deliberante de Lanús, los concejales del PRO fueron los primeros en presentar un proyecto de resolución para celebrar el acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández hizo con los bonistas privados. No hubo el mismo entusiasmo por parte del kirchnerismo duro.
Relanzar el Gobierno
A lo Marcos Peña, desde las oficinas de Cafiero salieron a pedir que todo el mundo retuitee desde sus cuentas personales el entusiasmo oficial por la exitosa renegociación de la deuda.
Quienes lo frecuentan, ven a Cafiero mucho más relajado que de costumbre. Estaban viviendo semanas de mucha tensión y finalmente sintieron que por primera vez en un año de gobierno (el martes, primer aniversario de las PASO 2019) podían festejar un gol.
El acuerdo llevó un cierto alivio a sectores moderados del Frente de Todos. “Nos alineó con el establishment. Muestra un gobierno más prudente, con una pata en el sector financiero…”, dice un funcionario cercano al albertismo.
Cerrar ese tema le alineó el frente externo, pero también el interno. “Obtura la venezuelización de la Argentina”, dice este funcionario que tiene algunas dificultades con La Cámpora en el día a día de la gestión.
Para algunos sectores del kirchnerismo duro, el acuerdo de la deuda fue un problema. No para el Instituto Patria -que militó activamente por el entendimiento- sino para otros sectores más radicalizados. “Se evitó el desborde intervencionista”, relatan en Casa Rosada. Llamó sí la atención el festejo suave del ultrakirchnerismo y el silencio extraño de Cristina.
¿Como Messi o como Riquelme?
Alberto maneja los tiempos. Dentro del Frente de Todos algunos críticos dicen que es lentitud; quizás el costado negativo de su admiración por el radicalismo. En cambio, más cerca de él dicen que es una estrategia, un tiempismo perfecto. Presentó el proyecto de ley de reforma judicial cuando ya estaba por cerrar el acuerdo de la deuda. El deseo de Cristina quedó tapado con su propio logro, según esta hipótesis.
Cerrado el acuerdo, empezó a trabajar en su propio plan. No queda claro cuánto margen le queda para ponerlo en marcha, jaqueado por la pandemia y la difícil situación económica.
Tampoco está claro si está haciendo su propia construcción política. Quizás, la estrategia de Alberto no se base en ir para adelante como Messi, sino en manejar los tiempos como Riquelme. En ese caso, los consensos trabajan como una herramienta para dormir la pelota mientras organiza el juego.
El Gobierno definió -por necesidad política o por incapacidad de hacer otra cosa- que el año que viene va a haber PASO: no dan los números en el Congreso para otra cosa. Ese trámite, engorroso a su vez, puede actuar como catalizador de otras situaciones adentro del Frente de Todos.
¿Puede encarar Alberto un proceso electoral sin construir el albertismo como línea interna? “El no tiene una fuerza política estructurada y algo va a tener que hacer. No tiene volumen político hacia abajo. No podemos estar siempre en manos de la Cámpora”, se queja un funcionario.
Hoy no tiene muchos cuadros propios.
Cafiero, que sostiene como puede el rol que ocupa, con bombardeos constantes de La Cámpora; el massismo y algunos gobernadores.
Gustavo Béliz, que está más preocupado por conseguir un cargo en el BID que por construir políticamente. Ya en los 90, cuando fue ministro del Interior de Menem, le reclamaban por su incapacidad para articular políticamente; nada de eso parece haber cambiado.
Wado de Pedro, a quien en el kirchnerismo ven en muchos casos más cerca de Alberto que de Cristina, sigue siendo leal a la expresidenta. Y la vicepresidenta a él: esta semana lo elogió en un tweet, máxima expresión de apoyo público de Cristina a un dirigente. Apoyo que a Alberto no le da desde el 10 de diciembre de 2020.
Fue la última vez que Cristina se refirió a Alberto como Presidente. En febrero hubo una mínima mención en un hilo de Twitter y un retuit de un video de Alberto hablando de lawfare.
Mientras la política ya empieza a pensar en otras cosas, la realidad impacta.
El Estado no logró enfrentar la pandemia y la Argentina se acerca peligrosamente a la saturación del sistema sanitario.
El Estado no logra ponerle plata en el bolsillo a la gente para que se quede en su casa.
No es capaz de articular una estrategia de difusión para enseñarle a la gente que el barbijo tiene que tapar la boca y la nariz.
No logra imponer una norma no declarativa que limite las reuniones sociales.
La inseguridad se desborda por la falta de recursos y la policía no da abasto entre el control del aislamiento y del delito.
Según Unicef, la pobreza para niños, niñas y adolescentes alcanzaría el 62,9% para fin de año. 1 de cada 3 adolescentes creen que no podrán recuperar el ritmo educativo cuando finalice la pandemia.
Como se ve, nada para festejar.
