Santiago Pérez Pons asumió como ministro de Economía e Infraestructura. Su designación representa el giro que la gestión de Jorge Capitanich está demandando desde que el propio gobernador reconoció que sus funcionarios no estaban capacitados para atender una administración en la que el común denominador es la crisis que dejaron cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en el país y una tremenda pandemia que todavía tiene para varios meses más en todo el mundo.
El acercamiento entre el gobernador y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán que estuvo presente en la asunción de Pérez Pons y la designación de éste parece revelar que la siguiente etapa es la de la normalización de las cuestiones macro de la economía provincial.
Pero la cuestión micro sigue siendo una deuda pendiente. Tanto que en la reunión que mantuvieron las provincias del Norte Grande con el presidente Alberto Fernández en Chilecito, los gobernadores pidieron precios diferenciales para la energía para esta parte del país.
No es un pedido menor, la provincia del Chaco se apresta a realizar el mes entrante audiencias públicas para aumentar las tarifas, particularmente la de energía. Se anticipa que el incremento será del 20%, sin embargo, entre eso y el nuevo tarifazo que el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, pretende aplicar sobre los contribuyentes de la capital provincial, la cuestión de la economía de las personas estará más que complicada.
Es que no debe olvidarse que el Indec acaba de confirmar que la inflación de diciembre de 2020 fue del 4% y el acumulado del 36.1% para todo el año pasado. A los aumentos que prepara el gobierno se deben adicionar los de alimentos que estuvieron muy por encima del índice general.
En este marco de situación la deuda pendiente de la gestión provincial es entonces con sus votantes. Los que esperan un cambio en su situación y que empiezan a perder la paciencia con el Gobierno. Para ellos el juramento de Pérez Pons es una gran incógnita.
El secretario general de UPCP, José Niz, reclamó un urgente aumento para la administración pública provincial recordando que, en el año 2020, el sector recibió solamente un 16% de recomposición salarial “prácticamente impuesto por el Gobierno Provincial, fue totalmente insuficiente a la luz de la inflación interanual del 2020, la que trepó a un 36,1% según informes del INDEC” completando una seguidilla de pérdida del poder adquisitivo.
Por otro lado, el ex presidente Mauricio Macri logró finalmente imponer su idea de lo que denominó “escuelas abiertas”. El Gobierno nacional y también las provincias, entre ellas el Chaco se encolumnaron detrás del pedido de representante de la derecha política en la Argentina.
Los docentes chaqueños se encuentran en las mismas condiciones sanitarias que los del resto del país. La gran mayoría de ellos, como casi todo el sector público provincial sobre el límite o por debajo de la línea de la pobreza. A esto debe agregarse la cuestión de la infraestructura, y dentro de ellos el problema del abastecimiento de agua para buena parte de los establecimientos escolares.
Basta recordar que el 16 de marzo de 2020 iban a comenzar las clases en la provincia de Chaco y se suspendieron en su modalidad presencial por lo que restó del año. Para esa fecha, había como máximo 3 o 4 casos de coronavirus en la provincia.
Hoy Capitanich afirma que será presencial el ciclo lectivo 2021. Hasta el sábado oficialmente se registraron 29.505 casos positivos de COVID-19, fallecieron 773 personas y se confirmaron 182 casos nuevos en el Chaco.
El nuevo ministro planteó el panorama desde su óptica. “El pequeño superávit de la provincia es heterogéneo, por lo que es necesario mejorar la situación económica y financiera de las empresas y del sistema de seguridad social, para lograr mejorar la calidad de vida de los servicios” y aunque ese número positivo en las cuentas públicas está apoyado en el brutal ajuste que viene aplicándose sobre el ingreso de los trabajadores del Estado, Pérez Pons consideró que “el camino nunca es el ajuste, se deben destinar más recursos a la inversión productiva y a la infraestructura social, gastar, mejorar, priorizar estratégicamente y fortalecer los recursos del Estado con la mirada puesta en la progresividad y coordinación a nivel federal”. Falta que diga cómo lo va a hacer.
