El fiscal federal Patricio Sabadini arremetió contra la intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua. La jefa comunal no se diferencia de otros que ya fueron alcanzados por la Justicia en causas relacionadas con presunta defraudación al Estado en relación con la construcción de viviendas populares.
La realidad socioeconómica de la intendente marca un abismo entre aquel lejano 2013 cuando la entonces referente piquetera que usaba el nombre de Tupac Amaru para marcar relación en con otra referente de movimientos sociales, con mucha más proyección y mayor despliegue dedicado a la atención de los problemas de sus pares.
Milagro Sala está presa en Jujuy atada a los humores y necesidades del gobierno de Gerardo Morales y Liliana Pascua está de intendente y ahora Sabadini está pidiendo que la Justicia Federal le abra una causa que podría repasar el fuerte crecimiento patrimonial de la jefa comunal chaqueña y abrir una caja de pandora.
La relación de Pascua con la Tupac Amaru terminó destrozada. Apenas antes de terminar el mandato que vencía en 2015 la intendente, que iba por la reelección terminó intercambiando denuncias con el referente del movimiento social, Luis Banegas.
Pascua asumió su mandato por primera vez prometiendo trabajo, asfalto y viviendas. Lo que siguió más tarde hasta la actualidad es la transformación de una dirigente social en una político profesional. La metamorfosis sin escalas tuvo además una escala, quizás la última estación, en lo peor de la actividad política.
El portal chaqueño Infoqom ventiló acciones de presunto enriquecimiento que el diputado radical, Alejandro Aradas, terminó acercando a la Justicia. El legislador expuso las irregularidades en la ejecución y adjudicación de viviendas del “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales”, por el cual se había firmado el convenio ACU 708/13, para el financiamiento y la construcción de las mismas.
La reducida escala de esta comuna no permite dimensionar correctamente los hechos. Proporcionalmente se trata de uno de los hechos más graves ocurridos en el Chaco, que tiene en su geografía otros hechos similares en Villa Río Bermejito, Castelli, Pampa del Indio o Presidencia Roca, sin contar la crucial responsabilidad del Instituto de Viviendas de la provincia, especialmente en los tiempos en que era presidente el actual embajador en Paraguay, Domingo Peppo.
El portal que destapó el caso recibió presiones e intimidaciones de todos los sectores. Desde la propia intendente, hasta del presidente del Tribunal de Cuentas. Raro, porque si cada una de las instituciones hubiera cumplido con su responsabilidad, de este tema o no se hubiera hablado, o se hubiera esclarecido hace mucho tiempo atrás.
Hacen bien los medios -los que lo hacen- en desconfiar de las instituciones y sus representantes.
Parte de lo pasa pone en entredicho el compromiso de esas instituciones, especialmente cuando los que están en la picota son líderes políticos con poder.
Coronavirus, el tramo final de la cuarentena
El último anuncio del presidente Alberto Fernández desde Misiones confirmó que la provincia del Chaco mantendrá el actual status, una nueva normalidad acotada al cumplimiento de horarios. De 7 a 21
Paradojas del destino, un abogado referenciado en Sergio Massa, uno de los tres integrantes de la coalición que llevó al gobierno al binomio Fernández-Fernández no tuvo empacho en atender sus urgencias empresariales y encabezar una acción judicial para reabrir los bares y cafés con amplio margen de discrecionalidad. Como si no hubiera pandemia.
Es toda una definición que este empresario/abogado massista se transforme ahora en una referencia de los sectores del macrismo que reniegan de las medidas que tomó el gobierno nacional para intentar frenar la expansión del coronavirus.
La resolución del juez Jorge Sinkovich, dictada en el amparo promovido por el massismo, es en sí mismo una explosión fuera de la atmósfera. La apertura de bares sin límite de horarios tropieza con la restricción de movilidad dispuesta por el Gobierno nacional y provincial.
Hasta ahora podían funcionar hasta las 21. Ahora pueden extenderse en el horario si les parece a sus propietarios, pero la gente no puede salir después de ese horario, a menos que sea considerado un trabajador esencial. Los empleados de bares, por ejemplo, mozos, no se encuentran en ese nivel para obtener un permiso de circulación.
Pero si esa categoría de trabajadores no puede salir, menos aún los parroquianos. ¿Se atreverá el juez a ampliar su propia medida cautelar si algún particular se presenta en el mismo expediente solicitando salir a tomar algo a cualquier hora de la noche?
l magistrado remarcó que la medida exige que se apliquen todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. Esta decisión sólo alcanza a los locales que presentaron el pedido judicial ya que fue una acción individual y se basa en el derecho a trabajar que tienen los empresarios.
