El requerimiento efectuado por el fiscal Patricio Sabadini para que la Justicia Federal habilite la investigación denominada Lavado III, lleva invariablemente a la pregunta ¿cómo es posible que todo esto haya ocurrido y nadie se hubiera dado cuenta? La candidez de la interrogación no tiene más respuesta que el deseo del poder político de garantizar la impunidad en un armado de negocios que en donde no hay límites entre oficialismo y oposición.
El brutal enriquecimiento detectado por el fiscal en el pequeño pueblo de Villa Río Bermejito y la ostentación hubieran sido suficientes para que alguno de los propios vecinos, los opositores de la política o las propias responsabilidades del Poder Judicial hubieran significado un freno considerable que debió haber terminado en origen el avance de la corrupción.
Todo esto hubiera sido posible si efectivamente a alguno de los actores del sistema republicano que rige los destinos de la provincia hubiera tenido mínimamente la vocación que demanda el cargo que desempeñan. Mucha presión se ejerce hoy para los sectores sindicalizados que reclaman por vía del paro de actividades para que se apliquen descuentos salariales sobre la base de “día no trabajado, día no cobrado”.
Sin embargo, nadie se escandaliza cuando se aprecia en todas las causas de corrupción que salieron a la luz a partir de la decisión del fiscal Federal que los restantes organismos de control que representan casi la totalidad del resto no hicieron su trabajo.
Cuando ya estaban en marcha las investigaciones que sacudieron a la política provincial que involucraban a Horacio Rey y a la diputada nacional Aída Ayala, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas da un empujón en el último acto de la fiscal general subrogante, Susana Esper Méndez que motivó el origen de la causa denominada Lavado III.
Sin embargo, en 2012 la ex concejal Selva Mariña Añasco, que había ingresado como candidata del Frente Chaco Merece Más denunció buena parte de las acciones que ahora se están investigando en el fuero federal ante la fiscal de Investigaciones de Castelli, Raquel Maldonado, en una causa que no se sabe (¿ni se sabrá?) cuál fue el trámite que tuvo.
Añasco sufrió todo tipo de presiones, y sólo para tener una mejor noción de cómo es el funcionamiento de la política, hay que decir que Añasco fue candidata del Frente Chaco Merece Más, asumió como concejal de oposición al intendente Lorenzo Heffner, primero candidato del Frente de Todos que encabezaba la Unión Cívica Radical.
Después de las denuncias por enriquecimiento, Añasco se retiró de la política y el intendente Heffner se hizo parte del Frente Chaco Merece Más. Esto no es una casualidad. Recién ahora el intendente tiene miedo de ir preso.
El crecimiento patrimonial del intendente y de su entonces secretario de Gobierno, José Hipperdinger, de vacaciones en este momento en Europa, no era un secreto, ni en el pueblo chico ni en toda la provincia. En 2011 el caso fue expuesto públicamente por el diario Norte, (http://www.diarionorte.com/article/66256/villa-rio-bermejito-crece-inmersa-en-conflictos-sociales-y-politicos-). Probablemente por esto, corre entre los funcionarios judiciales con poder para investigar la recomendación de no comprar diarios. Probablemente en tiempos 2.0 ya no lean portales.
Sin embargo, a diferencia de las otras dos causas Lavado I y II, en donde se investigan la participación de testaferros que buscaban disfrazar el enriquecimiento de los principales actores en ésta el incremento patrimonial de los investigados está en primera persona.
Y el desmadre es de tal nivel que la propia AFIP inició fiscalizaciones. No hace falta decir que la administradora federal de impuestos tiene facultades para denunciar. Sin embargo, de acuerdo al requerimiento del fiscal Sabadini no se registran denuncias penales. ¿Será esto apenas la presión impositiva que denuncian la Cámara de Comercio de Resistencia o la Federación Económica del Chaco?
La causa se inicia con un oficio remitido por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, habrá que verlo bien pero se trata de una situación diferente a la que eligió el gobernador Domingo Peppo para hablar del caso y denunciar una “operación política”, por la intervención de la ex diputada Marilyn Canata y el fiscal adjunto de la FIA, Dugaldo Ferreyra de origen radical.
Esper Méndez denunció a Ferreyra en la Cámara de Diputados suficiente para que los diputados Ricardo Sánchez y Juan José Bergia (otro ex radical ahora en el Frente Chaco Merece Más) hicieran otra denuncia ante la Justicia penal chaqueña.
Le recriminan no tener facultades para denunciar ante la Justicia ilícitos llegados a su conocimiento por su labor en la FIA, pese a las obligaciones impuestas por la propia Constitución a todos los funcionarios públicos de la provincia.
Salvo que haya un error en el requerimiento o que el expediente diga otra cosa, el fiscal Sabadini tomó conocimientos de los hechos que motivaron la causa Lavado III por un Oficio remitido por la propia Esper Méndez. ¿Será por eso que la Legislatura trata de intervenir a la FIA a pedido del gobierno?
La Justicia penal provincial a la hora de investigar hechos de corrupción vuelve a transformarse en la Cenicienta que invocó en su momento el presidente del Superior Tribunal, Rolando Toledo. La Cámara Federal de Apelaciones acaba de ratificar la incompetencia de la Justicia Federal para investigar delitos precedentes al lavado de dinero y la evasión en la causa que tiene involucrados a Horacio Rey y Roberto Lugo.
Si se mantiene ese criterio, y por los delitos que el fiscal Sabadini imputa al actual gobernador Domingo Peppo, como ex presidente del Instituto de Vivienda, y a otros colegas como José Valentín Benítez y Sebastián Agostini, también debería intervenir la Justicia provincial.
En 2015 la fiscal Graciela Griffith Barreto archivó una denuncia contra la ex intendente Aida Ayala. Ahora la Justicia Federal la tiene procesada e incluso podría volver a requerirse su desafuero para dar cumplimiento a la prisión preventiva.
En 2012 la fiscal Raquel Maldonado de Castelli tuvo en sus manos el expte. 2295/12 caratulado: AÑASCO SELVA MARINA S/ DENUNCIA.
En 2011 el diario Norte advirtió “Muchos cuestionan “la ostentación que hace el secretario de Gobierno, a quien lo une un parentesco con el intendente (serían concuñados)”. “El hijo, que es asesor legal del municipio, anda en un Mini Cooper (según cotización en Internet su precio varía entre 29 mil y 33 mil dólares). Eso es una burla para el pueblo”, sostienen con miedo a que se publiquen sus nombres. Según las propias fuentes municipales, el 70 por ciento de la población tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas” Hablaba de José Hiperdinger y de Lorenzo Heffner.
Los movimientos de fondos millonarios que se investigan ahora tuvieron demasiadas luces de alerta que sistemáticamente fueron desechadas, pese a que los que cobran para evitar el desfalco o para castigarlo en su caso, lo siguen haciendo aunque no hagan su trabajo.
La Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura no toman cartas en el asunto, nadie pregunta ¿por qué la Justicia no investiga?
Con una naturalidad que no sorprende Ricardo Sánchez habló de la Justicia provincial y su decisión de no investigar a Aída Ayala. Dice el portal diario 21 “cuestionó el archivo de la causa en el Fuero Provincial y vinculó esa decisión a un tiempo electoral. “Había una decisión de no molestar a la Ingeniera en aquel momento. Era un momento político que se estaba viviendo, eso es cierto, pero si hay delito; hay delito estemos en campaña electoral o no estemos en campaña electoral”. http://www.diario21.tv/notix2/movil2/noticia/100100_sanchez-criacuteticoacute-con-dureza-a-la-fiscal-que-archivoacute-la-denuncia-contra-aida-ayala.htm
Sin embargo, el legislador que denunció a Dugaldo Ferreyra no tuvo una actitud similar con la fiscal Griffith Barreto. Mucho menos otros organismos ante esa declaración pública, por caso el Consejo de la Magistratura o el propio procurador Jorge Canteros.
El caso de los “cuadernos del chofer” que desnuda hechos de corrupción entre sectores empresarios y funcionarios de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández motivó entre algunos pocos, a que Margarita Stolbizer pidiera la suspensión de los contratos que esas empresas tiene con el gobierno durante la actual gestión de Mauricio Macri.
Acá a nadie se le ocurrió pedir algo parecido. Ni a oficialistas ni a opositores. El caso más paradigmático es de la Municipalidad de Resistencia. Todas las empresas investigadas, con empresarios procesados, siguen teniendo contratos con el municipio. Como se nada hubiera pasado.
La sensación es que el trabajo del fiscal Patricio Sabadini continuará que más temprano que tarde habrá nuevas denuncias. Lo que es más seguro es que habrá nuevos hechos. Probablemente la política esté esperando un nuevo tiempo. En donde no vuelvan a haber Sabadinis o Nirempergers y volver a la “normalidad”.
Fuente: Chaco Hoy
