Si hay una imagen del gobernador Domingo Peppo carente de todo control en medio de situaciones que evidentemente lo han superado, es el tironeo legislativo por ver qué método de separación del cargo corresponde al ministro Fabián Echezarreta. Básicamente, porque los sectores en pugna son dos y ninguno de ellos responde al primer mandatario. Lo otro, es porque los dos piensan que están resolviendo una crisis que debió haber liquidado la birome del titular del Sillón de Obligado.
A esta altura de los acontecimientos, la decisión de Peppo levanta más sospechas que convencimiento de que lo único que le interesa es respetar la institucionalidad. Es cierto que en todo este proceso evitó con todos los artilugios posibles tener que tomar una medida, pero si había una decisión que ejecutar de mano propia, era la del caso Echezarreta.
La insolvencia del primer mandatario arrastró una nueva crisis política. Paradójicamente depende de cómo se dé la puja entre los dos sectores que hoy quieren terminar con el tema Echezarreta, podría mover al gobernador a tomar una de sus decisiones más polémicas. Dentro del gobierno hay quienes advierten que Peppo podría resistir el apartamiento de su ministro de Infraestructura en caso de que le quede un resquicio de impugnación formal.
Se pondría así frontalmente en medio de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, desatado por un reclamo de la Justicia Federal que en la víspera del fin de semana resignó su competencia e incluso abrió un nuevo interrogante. ¿Sigue firme el pedido de detención del ministro?
Si una cosa está clara, tras el procesamiento dictado por la juez Zunilda Niremperger a Aída Ayala y Jacinto Sampayo como principales imputados de la denominada causa Lavado II, es que Echezarreta está en todo caso investigado en el Lavado I. Y los delitos de orden federal, dependen de la comisión de delitos precedentes de competencia ordinaria.
Y en todo esto, el “Equipo fiscal”, según indicó el procurador Jorge Canteros está haciendo foco exclusivamente en “la pauta publicitaria”, algo en el que el Ministro de Infraestructura no está alcanzado, aparentemente.
Retomando ese hipotético conflicto de poderes, un chispazo encendió la alerta. Durante la semana Peppo tuvo un derrape antidemocrático que la mayoría de los medios, y especialmente la política, pasó por alto. Especuló con “cerrar el parlamento” al mejor estilo Fujimori porque no estaba de acuerdo con la forma en la que la presidente de los Diputados, Elida Cuesta, quería resolver el “desafuero” del ministro de Infraestructura.
Para los diputados, Peppo ya es un “pero que ladra pero no muerde” al que no temen y por lo que sus expresiones ni siquiera fueron consideradas. Esta última postura es literal. Más allá de lo que opine el gobernador, con acompañamiento del sector radical de Cambiemos, o esto se resuelve como quiere Jorge Capitanich –juicio político- o como quiere Gustavo Martínez –desafuero-.
Peppo dejó pasar la oportunidad, no lo echó cuando pudo haberlo hecho.
Del intendente, su espada es Juan Manuel Pedrini. Del presidente del Concejo, Eli Cuesta y Ricardo Sánchez. El lunes, será un día crucial. No es importante lo que Fabián Echezarreta, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el radical Gustavo Corradi. Lo importante es la reserva de derechos que pueda hacer.
Si hay dictamen y luego desafuero, el ministro quedaría habilitado a una acción de amparo, entre una de las posibilidades legales que tiene. El papelón parlamentario sería mayúsculo y habilitaría la pregunta ¿es sólo torpeza?
Incompetencia y desazón
¿Cuánto pesa el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que otorgó la eximición de prisión a la diputada nacional Aida Ayala y la excarcelación del cliente del abogado Mario Argarate, Rolando Javier Acuña en la declaración de incompetencia de la Justicia Federal para investigar los delitos precedentes en el denominado Lavado I?
La juez y los fiscales que intervinieron indicaron que no se analizaron los fundamentos por los cuales se pedía la prisión. El fiscal de Cámara, Federico Carniel, adelantó que justamente por eso va a apelar.
Hubo hechos escandalosos. El principal, el presidente de la Cámara, José Aguilar, se excusó de seguir entendiendo en la causa luego de haber favorecido a tres imputados “por razones de decoro” por la amistad que tiene con uno de los abogados defensores. ¿Hace falta que debió haberlo hecho antes? Es decir, no debió haber intervenido.
El segundo la camarista Delfina Denogens le anticipó el resultado del fallo al diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales el fallo de eximición de prisión de Aída Ayala, cuando todavía no estaba firme.
Tonelli fue clave para frenar el pedido de desafuero de Ayala en el Congreso. Simplemente no convocaba a reunión de Comisión para no tratar el tema en el recinto. Agustín Rossi, reveló la llamada telefónica.
Fuentes judiciales lo dijeron con precisión. Hay indignación con el fallo de la Cámara, pero también por cómo la política está atacando a la juez Zunilda Niremperger y al fiscal Patricio Sabadini. Con más de 40 personas investigadas en causas por corrupción y lavado de dinero, con la manera en que está salpicado el gobierno provincial y la gestión anterior de la Municipalidad de Resistencia, parece incomprensible que los medios nacionales no se interese por lo que pasa en el Chaco. La falta de visibilización nacional intencionada quizás haya hecho que la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional no se haya enterada y no haya tomado intervención para manifestar su respaldo a la juez por los ataques que está recibiendo. Una altísima fuente judicial dijo “me extraña de sobremanera que la Asociación de Magistrados no haya emitido un comunicado por los ataques de la jueza por parte de Aída Ayala”.
Se sabe que el fiscalPatricio Sabadini, por su lado, está elevando un informe a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.
Puertas adentro, además, cuestionaron “la gravedad institucional” que representa que “uno de los jueces de la Cámara se fue de vacaciones con el abogado de uno de los imputados, luego de comer paella valenciana y tomar vino, lo termina beneficiando” y después “se presenta el mismo juez de Cámara en la Fiscalía, a ponerse a disposición y a decir que se va a inhibir por decoro. O sea se acuerda del decoro después de la cagada que se mandó”.
La misma fuente apuntó luego “una de las camaristas, llamándolo a Pablo Tonelli delante de Ajustón Rossi, manifestándole el resultado de la eximición de prisión, cuando todavía la eximición no está firme”.
Delfina Denogens es madre del concejal Juan Manuel Chapo, un ultracoquista. Ya se sabe que el intendente Jorge Capitanich está “en contra de judicializar la política”.
Su gestión sucedió a Aída Ayala y pese a todo lo que se está ventilando, él mismo no encontró ninguna irregularidad que merezca ser denunciada cuando asumió. Por el contrario, puso como secretario de Obras Públicas a Diego Arévalo, yerno del empresario Pedro Martínez, ahora procesado con prisión preventiva en la causa Lavado II, y embargado por 250 millones de pesos.
La hija del éste y esposa del joven funcionario de Capitanich –que no está imputada en ninguna causa-, a su vez es socia (junto con sus hermanos) de la empresa CREARCO S.A. presuntamente utilizada para lavar dinero. Para el intendente -habitual crítico del presidente Mauricio Macri-, su secretario no sólo no tiene conflicto de intereses. Además, suscribe adjudicaciones a la empresa Ingeniero Pedro Martínez, también embargada como persona jurídica.
El Comité Capital del radicalismo, hizo público un documento durante la semana advirtiendo que la Justicia nunca hizo foco en Arévalo. Además mencionó a la secretaria privada del intendente, que también tiene vínculos familiares con empresas que contratan con la Municipalidad. La de Resistencia, pero no mencionaron a la de Barranqueras. En los negocios otra vez, no hay distinciones de banderías políticas.
Cuánta intromisión de la política cuando la política es investigada.
