El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, abogado en varias causas por denuncias de delitos de lesa humanidad, Dr. Pablo Andrés Vassel habló este martes del manejo del Poder Judicial de Corrientes y el Gobierno Provincial como si fuera una estancia. Denunció casos concretos de arbitrariedad como el de Ariel Pereira, Tata Sanánez, Gerardo Bassi, Ernesto Moray, entre otros. Suman argumentos para la intervención a la justicia correntina.
Entre los 87 participantes de la primera Reunión Federal del Observatorio Judicial, que se realizó por videoconferencia el martes a las 19:00 y se extendió casi hasta las 23:00, con transmisión en director vía internet y más de 1.300 espectadores, el abogado goyano Pablo Vassel detalló un entramado político-judicial utilizado para la persecución de dirigentes opositores al Gobierno de Corrientes.
«Me parece muy buena la iniciativa del observatorio y es uno de los datos más que hay que celebrar. Es uno de los datos de este vaso medio lleno que tenemos que citar. Los otros son que Ariel está en libertad, Ernesto Moray está en su casa, sigue preso pero en su casa, al Tata se le cerró una causa. Son algunas de las cuestiones que yo vinculo en parte con que se empezó a mover la sociedad, la provincia, este espacio de opinión, los compañeros, las compañeras para denunciar esta situación. También me parece que está relacionado con la lucha permanente de compañeras y compañeros que han venido incansablemente señalando la cuestión de las presas y presos políticos. Nos honra en este espacio por ejemplo José Schulman, de la liga, el Padre Paco y otros tantos que no le aflojaron nunca, y nunca le sacaron el culo a la jeringa. Siempre estuvieron ahí dispuestos a acompañar donde hiciera falta.
También me parece que tiene que ver con una cosa que facilita absolutamente la mirada nacional de esto, que está la Causa D'Alessio en Dolores, el que no aprecia eso es porque directamente cumple aquello de que no hay peor ciego del que no quiere ver; o la denuncia sobre el espionaje a prácticamente todo el arco político, legisladores e incluso a dirigentes propios del oficialismo; y también me parece que la causa que hoy la fiscal Cecilia Incardona impulsa en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se verifica que el espionaje llegó incluso hasta los propios espacios donde los compañeros y compañeras desde la cárcel hablaban con sus familiares, amigos, abogados defensores y eran espiados. Me parece que pone en blanco sobre negro el mecanismo del sistema que existió en la Argentina y que Corrientes no fue la excepción.
»Cuando hablaba recién Sonia del caso de Ariel, y quiero mencionar algo que me generó su reflexión. Ariel hoy en términos de la legalidad correntina es un muerto político que ha sido inhabilitado de por vida. Yo, que sigo bastante los juicios de lesa humanidad, debo decir que mucho de los genocidas a los que les dan 10 años, 15 años [de prisión], son inhabilitados por el doble tiempo. O sea, que un genocida condenado a 15 años tiene al menos 30 años de inhabilitación y tiene más suerte que Ariel Pereira, que ha sido inhabilitado a perpetuidad. Lo que demuestra el sinsentido de una justicia vengativa y utilizada selectivamente para disciplinar, acomodar los tantos en la estrategia del poder provincial. Una justicia además que elije con quien seguir, porque en la causa que Ariel fue condenado, había algo así como 18 o 19 imputados y eligieron solamente a Ariel. Probablemente tenga que ver con su tarea periodística, en la que él además es el responsable de filmar al entonces Gobernador de la Provincia, deteniendo insólitamente un operativo antidroga y ordenando la detención del Jefe del Destacamento de Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe por hacer un operativo en la provincia de Corrientes sin avisarle a él, como si fuera un patrón de estancia. Recuerdo los mandamientos del estanciero que Ernesto Ezquer Zelaya tenía en su estancia, que decía: —En esta estancia manda Dios y después yo. —Bueno, Ricardo Colombi piensa que nuestra provincia es esto, una estancia.
»Me parece que no hay que perder de vista que agravan esta situación los antecedentes históricos que tenemos. La nuestra ha sido en su conformación una provincia feudal, modelo de estancia y los estancieros —como categoría política— históricamente se han repartido el poder. Por eso cuando uno mira la historia institucional de la provincia se da cuenta que quien fue juez de paz cuatro años, después pasa a ser diputado nacional, después gobernador, después concejal… porque el sistema de los señores feudales repartía el poder así. El Gobernador era cada tanto un primus inter pares, alguien que excepcionalmente era el número uno pero que fuera de eso, después era uno más de los señores feudales de esta provincia, que armaron un esquema conservador y familiar en el reparto del poder. Esto se mantuvo. Ricardo Colombi, conocedor de la idiosincrasia perfectamente de nuestra provincia, tiene a mi juicio muchos deméritos, pero un mérito que tiene es que es un animal político por excelencia y que conoce la idiosincrasia provincial, y no tuvo ningún tipo de escrúpulos en usar eso para constituir un armado de Poder Judicial manejado absolutamente por él, con una ventaja adicional: que la intervención del Poder Judicial y la recuperación de las instituciones a partir del año 1999, le permitió a él designar prácticamente la totalidad de los jueces durante estos veinte y pico de años. No hay otra situación igual donde todos los jueces de un estado provincial pasan por el filtro de una sola persona. Que además ahora, para garantizar este esquema de poder se sienta en el Consejo de la Magistratura y está allí como este patrón de estancia que cuida que sus capataces funcionen en sus diversos lugares como deben funcionar.
»Este Poder Judicial armado en la provincia de Corrientes, no tuvo ningún empeño en burlarse por ejemplo del fallo de la Constitución Nacional: el fallo que dispone la situación, acá lo veo a Pablo Fleitas, hoy abogado pero juez destituido por ese modelo de Consejo de la Magistratura; o el fallo de la Corte que ordena la separación del Ministerio Público de Defensa y el Ministerio Público de la Acusación, que si bien es un modelo que hay en algunas provincias más, en Corrientes es manejado por una persona, como lo mencionaba José María Roldán, que oscuramente actúa casi como un ministro más del gabinete del gobernador de turno, y maneja persecuciones y defensas, casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, permanentemente estos resortes de poder. Esto fue insignificante para la provincia de Corrientes, que la Corte Suprema dijera que hay que avanzar en esto.
»Esta situación ya ha pasado por otras cuestiones de visibilidad, como la Corte Interamericana en el Caso Romero Feris, donde más allá de que nos guste o no el personaje, está claro que las circunstancias de que la mujer de Romero Feris fuera una legisladora provincial hizo que el poder lo usara permanentemente, la prisión, como condición —Si me votás tal cosa vas a la cárcel común y si votás tal otra, te quedás en tu casa. —Un manejo absolutamente vergonzoso de las instituciones en el sistema penal.
»Creo que esta reunión de hoy es tremendamente positiva porque está terminando el silencio, el ocultamiento. Tuve la oportunidad de hablar con Ernesto Moray en noviembre. Lo fui a visitar en la Comisaría de Curuzú y tardé creo que tres minutos, o dos minutos y medio en darme cuenta del armado político de su causa. Como Shirley lo mencionaba recién, es el único caso en que fondos federales se investigan en una justicia provincial, casi con los mismos criterios por el cual al Juzgado de Bonadío se le llamaba “La Embajada”. Más allá de su vinculación con las dos embajadas famosas de Estados Unidos e Israel, se le decía así porque nunca se sabía el código penal de qué país usaba. En Curuzú pasó lo mismo, se aplicaron criterios para definir la radicación de esa causa en el Poder Judicial Provincial, que no resistían el análisis de toda la doctrina en materia de jurisdicción federal en la cuestión. Tal vez tenga que ver que una de las personas involucradas era —hasta el 10 de diciembre— del gobierno actual, o que era nada menos que el cuñado de Marcos Peña, o tal vez tenga que ver con la necesidad del Gobierno de la Provincia de Corrientes de tener su “Causa Cuadernos”, su “Causa de corrupción K”, como un elemento disciplinador y al mismo tiempo disciplinar a todos los dirigentes políticos de la provincia, porque todos o creo que absolutamente todos los opositores tienen causas penales —dormidas o a veces con algún movimiento— radicadas en distintos juzgados.
»Destaco entre las cosas positivas, que a Gerardo Bassi el año pasado se le cerró una causa pero creo que tiene otras, también vinculadas con la misma persecución que se dio no sólo en el aspecto penal sino en el aspecto de una interpretación del Superior Tribunal, que proscribió sus derechos políticos con un fallo vergonzoso hace dos años, que le impidió ser el candidato a intendente de la ciudad de Goya.
»Todos estos datos nos tienen que decir que la situación es grave pero que a partir de estos espacios de encuentro, militancia, compromiso, de asumir la responsabilidad de encarar la situación de absoluta desvergüenza del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, me parece que podemos seguir avanzando.
»Entiendo que esto tiene que ser uno más de los escalones para luchar por el funcionamiento de un sistema democrático pleno en la provincia, de una organización republicana plena y por la plena vigencia y respeto de los Derechos Humanos»
