Un día después de que finalizara el mes de septiembre, el gobernador de la provincia, Domingo Peppo, hizo ingresar el proyecto de Presupuesto 2019. Será el último de su gobierno aunque alguno de sus acólitos todavía bromee con el cuento de la reelección. Tras el brutal ajuste que representó el 2018, Peppo piensa ir más allá. Todos los números le dan superávit. Sin embargo, a lo que no ha podido ponerle coto ha sido la corrupción y ahora le saltó la increíble desaparición de 100 mil kilos de leche en polvo fortificada destinadas el Plan Materno Infantil.
El coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, estuvo en Castelli entrevistado por FM Norte. Allí redobló la apuesta en el caso de la leche en polvo fortificada que desapareció de los galpones del Ministerio de Salud Pública. En verdad, el abogado planteó con más fuerza y apoyado en una serie de documentos la posibilidad de que buena parte de la operatoria en la que intervino la Fiduciaria del Norte no hayan sido más que papeles.
Si la Justicia hubiera decidido investigar probablemente la cuestión ya hubiera estado resuelta, pero por el contrario la hipótesis más fuerte que pretende desarrollar la Fiscalía interviniente es que Fiduciaria y el proveedor Cheek S.A. cumplieron con todos los requisitos y entregaron los 279 mil kilos de leche que compraron a pedido del Ministerio de Salud Pública.
La gente todavía no ha visto la documental que fue recolectando el Ministerio de Salud y como una verdad revelada los principales medios de comunicación repiten sin cesar –aunque cada vez se habla menos del tema- el relato armado por la Fiduciaria.
Sorprende, por ejemplo que pese a que la propia Fiduciaria del Norte haya puesto a disposición de quien quisiera ver toda la documental relacionada con la operación de la Licitación 01/2018 ningún medio de comunicación se haya interesado en ella.
La verdad cuando proviene de una fuente oficial que tiene el poder de la distribución de la pauta no se discute. Una regla que tiene nada menos como excepción el desfalco del Fondo Fiduciario para la Distribución de la Pauta, con Horacio Rey hoy preso en la Unidad Penal Nº 7.
Semejante antecedente debió servir en todo caso para quienes quieren ejercer el periodismo con una luz de alerta sobre el dogma.
Para ponerle más dramatismo, la diputada oficialista, Claudia Panzardi, denunció la inexistencia de leche en polvo en el Centro de Salud de Laguna Blanca, si bien intentó cargar las tintas al ajuste que impone el gobierno nacional, hubo una inocultable referencia al presunto desfalco.
Mientras tanto la Justicia piensa avanzar sobre los responsables de la tenencia de las llaves. Se trata de instalar que la leche salió por las puertas de los galpones que alquila el Ministerio de Salud, tanto en la ruta 11, como en la ruta 16, aunque en un ataque de sinceridad consideren imposible un robo de ese tipo que demandaría un convoy de cinco camiones y acoplados sacando la leche sin que nadie los viera ni ningún control policial en la ruta los detectara. A esta hora, lo más cercano a la realidad sería decir: se esfumó.
La debilidad de ese argumento fortalece la línea investigativa que la justicia prefiere desechar. La leche nunca llegó a la provincia. Es una hipótesis que se barajó desde el primer momento, que por el momento no se quiere considerar en el Poder Judicial.
Con mucha intensidad se planteó oportunamente en el Congreso de la Nación la falta de fortaleza la investigación, requerimiento, procesamiento y prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala. Sin embargo, la Justicia Federal en primera instancia viene haciendo un trabajo que acaba de ser confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones.
La decisión es tan contundente que Cambiemos quedó son respuestas. O Aída Ayala pedía su propio desafuero o la Cámara iba a terminar suspendiéndola en sus funciones. La ex intendente lo hizo, además de que ahora espera tramitar su prisión domiciliaria porque una vez suspendida su destino inmediato es la detención.
Ayala quedó también en el fuego cruzado de su antigua aliada Elisa Carrió y el gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Justicia, Germán Garavano, se había manifestado contra las prisiones preventivas –algo que todos interpretaron como a favor de Cristina Fernández- y tuvo que retractarse ante la enésima amenaza de Lilita de hacer estallar a Cambiemos.
Ergo, la ex intendente tiene destino de prisión, como también quedó ratificado el arresto de Jacinto Sampayo. ¿Será que a partir de ahora el intendente Jorge Capitanich dejará de cerrar el municipio cada vez que los municipales deseen hacer una marcha pidiendo la libertad de su líder preso?
El gobierno de Peppo mientras tanto se va quedando sin aliados en el sector gremial está prácticamente sólo. Algunos de los líderes más vinculados al Ejecutivo, como los gremios del Insssep o el Sindicato de Empleados Judiciales, ya se lanzaron a los paros para reclamar recomposiciones salariales. No se puede decir que rompieron con el gobierno, pero por el momento no son funcionales.
Con los gremios opositores la cuestión es todavía más compleja. La situación se hizo más dura al anunciar los descuentos para los días de paro a los docentes, aunque todavía no se animó a tomar una medida similar con los afiliados de UPCP. Lo más duro que ha hecho, es intentar trazar una tangente y negociar con algunos sectores paralelos a la conducción de José Niz y anticipar que no tiene problemas en soportar bocinazos y parlantes a toda música.
El Presupuesto con superávit tendrá la venia del gobierno nacional. Una bajada de línea podría conseguir el acompañamiento del bloque Radical-Cambiemos. A simple vista hay algunos elementos que todavía no cierran. El proyecto prevé la cesión de superpoderes para el gobernador a fin de que por decreto establezca la planta funcional de dos organismos privilegiados. Lotería Chaqueña e Insssep (artículos 9 y 10 del proyecto).
Sería la primera vez que el gobernador por decreto establezca el presupuesto de un organismo descentralizado. Es decir, a contrapelo de los retiros que promueve el Ejecutivo, prefiere no cerrar ese número en un proyecto de ley y llama poderosamente la atención que se trate de esos dos organismos.
Lo que sí ya están asumidos en el proyecto de presupuesto provincial 2019 son los fondos que hasta ahora la Nación destinaba a la tarifa social energética y a los subsidios al transporte.
Es decir, la provincia deberá hacerse cargo de esto el año que viene. Una prueba del desacople entre los subsidios provinciales y el funcionamiento del sistema de transporte fue el paro del viernes. Aún con aportes que la provincia afirma que efectuó los trabajadores no pudieron percibir sus haberes con normalidad. Son dos meses consecutivos en que esto sucede cuando el gobierno nacional todavía debe hacerse cargo de esto. ¿Pero qué pasará el año que viene?
Un toque parecido ocurrió con los prestadores del Insssep que pretenden presentarse como un sector que no vive del Estado. Sin embargo le aplicaron un paro de 24 horas en demanda de mejoras en sus cápitas. La obra social de la provincia representa el 70% del ingreso para ese sector de profesionales. Otro tanto representa el plus que los afiliados pagan directamente y en negro, sin que el Estado haga absolutamente nada.
