De improviso la Cámara de Diputados, con la venia del Ejecutivo, tomó la decisión de modificar la cabeza de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de paso quitar la conducción oficial que subrogaban dos funcionarios que se movían con demasiada independencia.
El acuerdo peronista-radical le entregó al partido de gobierno la posibilidad “promover, cuando considere conveniente, la investigación formal, legal y documental de la gestión general administrativa y de los hechos o actos que puedan ocasionar daños y perjuicios a la hacienda pública, de cualquier organismo del Poder Administrador de los municipios o comisiones de fomento, centralizado o descentralizado, autárquico, Tribunal de Cuentas, Empresas del Estado o Municipales, sociedades en que el Estado o cualquier municipio sea parte”.
El nuevo titular, con el carácter de provisorio, porque se apresuró tanto el trámite que no hubo tiempo para llamar a concurso es el abogado peronista, e intérprete musical, empleado de la FIA, Gustavo Leguizamón y se creó –porque se modificó también a las apuradas- el cargo de “fiscal adjunta” para darle esa función a Margarita Beveraggi, antigua militante del radicalismo, que también desempeña funciones en ese organismo.
Con esta medida se desplazó a los subrogantes legales, que contaban con acuerdo de la Legislatura y que garantizaban que no existía acefalía en la institución tras la jubilación del titular Heitor Lago. A la fiscal Susana Espert Mendez, se le otorgaron las licencias que se le debían y es probable que luego de ellas tampoco vuelva a ocupar funciones. Afirman en el organismo que va camino a jubilarse.
También se desplazó a Dugaldo Ferreyra, que contaba con acuerdo parlamentario como fiscal adjunto. Ferreyra fue el impulsor de la denuncia que podría abrir el denominado “Lavado III” que se especula podría alcanzar al gobernador Domingo Peppo, en su paso por el Instituto de Viviendas.
Existen muchos otros expedientes que esperaban la firma del dictamen final. Ahora, esa tarea le va a tocar al nuevo fiscal general, Gustavo Leguizamón. El paso del tiempo terminará revelando cuál fue la motivación de esta repentina designación y esos dictámenes pueden ser la prueba.
La sanción de la ley es contradictoria con la antigua norma de creación del organismo y recibió la abstención de los dos diputados que no responden ni al gobierno, ni a Cambiemos, Daniel Trabalón y Aurelio Díaz. La nueva ley modificó la original para casos de vacancia del titular y del adjunto. Sin embargo, los adjuntos actuales estaban perfectamente en funciones, era innecesario el cambio. Sólo faltaba llamar a concurso.
Ya hubo una impugnación a las designaciones de Leguizamón y Beveraggi, planteada directamente a la Legislatura, que podría abrir un reclamo ante la Justicia. El tándem peronista-radical convirtió a la fiscalía en un organismo dependiente de los humores de la política, justo ahora que arrecian las investigaciones sobre hechos de corrupción que afectan a los integrantes del duo de partidos dominantes. No parece casual.
El diputado Hugo Ságer, justificó el apuro (sin hacerlo). Según la información oficial, el jefe de la bancada oficialista “consideró oportuno destacar que habiendo sancionado esta ley de modificación, vamos a proponer dicha designación de manera transitoria”.
El legislador detalló que se trata de personas que “pertenecen a la estructura de la Fiscalía de investigaciones administrativas y lo vamos a hacer ad referéndum de la promulgación de la presente ley, designando como fiscal general al doctor Gustavo Leguizamón y como fiscal adjunto a la doctora Margarita Beveraggi para ocupar el cargo transitoriamente durante el tiempo que demande la convocatoria”.
Todo el mismo día y a la velocidad del rayo. La impugnación a la ley apremiaba los juramentos.
El caso Echezarreta afecta al gobernador: la tenemos que parar
Sorprendido como el propio gobernador Domingo Peppo, el ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, no tuvo dudas que la orden de detención que pidió el fiscal Patricio Sabadini en su contra en el marco de la causa Lavado I, lo afecta de modo personal, pero también afecta al gobierno y en particular al primer mandatario.
Es lo que le dijo a sus colegas en un extenso mensaje de texto –presuntamente de su autoría- cuando a la vez les informó que desistía de viajar a Canadá junto a otros doce ministros de Obras Públicas de otras provincias llevando consigo “los principales proyectos estratégicos” del Chaco.
A diferencia de Peppo cuando estallaron las investigaciones por corrupción que decidió no cancelar su viaje a Wahsington, Echezarreta no alcanzó a tomar el avión y promete presentarse este lunes ante la Juez que lo imputó como coautor del delito de lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario y de otros de carácter ordinario, como negociaciones incompatibles con la función pública en calidad partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Existe otra diferencia, a la hora de cancelar el viaje, Echezarreta no sabía que la juez Zunilda Niremperger había denegado su detención. Existían dos posibilidades. La magistrada tomó la más benévola, en caso contrario, corría el riesgo de quedar preso antes de abordar el vuelo internacional o, al arribo a Canadá, delante de sus colegas. En ese caso, tampoco hubiera participado de la exposición sobre los “principales proyectos estratégicos del Chaco”.
“Suspendí el viaje al exterior y ahora ya estoy regresando a Resistencia. Estimados colegas, el lunes a 1ra hora voy a presentar personalmente un escrito ante la jueza, poniéndome a disposición de lo que requieran, como también designaré un abogado defensor. Y luego quiero hacer una conferencia de prensa explicando cronológicamente todo”.
Desanda en ese mensaje la estrategia del gobierno “Esta situación perversa la tenemos que parar”, habría dicho Echezarreta y señaló concretamente “En éste caso en particular afectan a la gestión de gobierno provincial, al gobernador, y me afectan a mí…” y se despide “Estimados. El lunes estaré presente, dando la cara ante todos y rebatiremos estas injurias, injusticias y actuar perverso que nos quieren acorralar como gobierno. Gracias por el apoyo, por sus mjes y llamadas”.
Hasta ahora, Echezarreta había atravesado con absoluta comodidad, ante los medios y ante la Justicia, la inexplicable historia del vehículo oficial de su repartición utilizado por la abogada Valeria Corbacho, para cumplir tareas en la defensa de otro de los imputados, el detenido, Paulo Buticce.
El ministro de Infraestructura aparece vinculado a familiares de la esposa de Horacio Rey, Susana Fernández, ex secretaria privada del gobernador Domingo Peppo, con presuntas operaciones similares a las que se investigan en los casos de Rey y Roberto Lugo.
Se indagan trasferencias realizadas por el Ministerio de Infraestructura a la empresa Servicios y Construcciones Paraná, por unos 20 millones en 2016/2017. La empresa nació en diciembre de 2015, prácticamente cuando asumía el gobernador Peppo. Un ejemplo de visión de futuro como pocos. Uno de los dos socios, está detenido, Ramón Alejandro Chávez y para este caso, también se pidió la detención del ex titular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández, hermano de la ex secretaria privada de Peppo.
Fernández estuvo detenido por orden de la Justicia Provincial y se le concedió el “cese de prisión”. Ahora, la juez Niremperger lo declaró prófugo. Esa circunstancia podría asegurarle la cárcel por estar violando las condiciones impuestas para permanecer en libertad, al menos hasta que se lleve a cabo el juicio.
Para complicar un poco más la situación de Echezarreta y el gobierno, uno de los principales voceros del gobierno reveló que la abogada de Aída Ayala, Olga Mongelos se presentó ante la Justicia con el video de la camioneta de Infraestructura, por el momento no se sabe bien cuál es la estrategia de la diputada nacional que viene sorteando con cierta holgura el pedido de desafuero que en su contra presentó la Justicia ante la Cámara de Diputados.
Otra vez el tándem
El contador Miguel Angel Vilte, ex subsecretario de Economía de la Municipalidad de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala como intendente y Gustavo Katavich, fueron socios en Publicar S.R.L. y Comunicaciones y Servicios S.R.L. las dos sociedades que están siendo investigadas en la causa Lavado I, que tiene como principales detenidos a Horacio Rey y Roberto Lugo.
Pero además, junto a ellos trabajaba Carlos Rubén David Osuna, también preso en el marco de esa causa presuntamente como recaudador de pautas para esas dos empresas, por cuyo caso también están detenidos los actuales socios, María Laura Aguirre, e Ivan Bilcich, ambos personal de Gabinete del Gobierno de Domingo, Peppo, con rango de Subsecretario, la primera en la secretaría de Empleo que conducía, Liliana Spoljaric y el segundo en el Ministerio de Planificación y Ambiente, que conducía la actual secretaria general de la Gobernación, Maly Serrano.
También Vilte fue señalado por el intendente Miguel Casalboni, junto a Matías Balmaceda Paiva, como las personas enviadas por la ex secretaria de Municipios de la cartera que conduce el ministro Rogelio Frigerio, para presuntamente direccionar contrataciones con fondos que bajaba el Ministerio del Interior.
En declaraciones al portal Diario21.tv, el contador Miguel Vilte reveló que trabajó para la Municipalidad de Quitilipi: “Yo era un empleado, tenía un contrato de obra. Trabajé un año con él (por Casalboni) asesorándolo en la parte contable y administrativa, pero todo lo que él expone en este momento me sorprende porque las decisiones las tomaba la secretaría de Economía utilizando los procedimientos de compra normales que tienen. ‘Nosotros’ (¿se refería a Balmaceda Paiva?) lo que hacíamos únicamente era tratar de que todo cierre administrativamente y que esté de acuerdo a lo que el Tribunal de Cuentas exigía”.
Por este caso, que forma parte de la causa Lavado II y que investiga la Justicia federal, fue allanado el estudio del abogado Balmaceda Paiva, un ex yerno de la diputada nacional, Aída Ayala.
Por otra parte, Vilte y Katavich compartían un estudio contable en calle Marcelo T. de Alvear 186, ubicado frente a la Casa de Gobierno. Vilte, es un reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical en la provincia del Chaco, y fue candidato a diputado provincial suplente en la lista que encabezaron Carim Peche y Leandro Zdero.
En ese estudio trabajaba hasta que fue detenido Carlos Rubén David Osuna, que a su vez tenía presuntamente funciones gerenciales en las dos sociedades que están siendo investigadas en el Lavado I, beneficiadas por la pauta oficial que distribuía Fiduciaria del Norte a través del Fideicomiso de Pautas Publicitarias.
La relación entre los contadores Katavich y Vilte no viene solamente del estudio particular, también son colegas en la Cátedra Sistemas Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en la que ambos son “ayudantes de primera” de la titular.
En la misma cátedra y con el mismo cargo, se desempeña Patricia Noemí Vázquez, ex síndica del Nuevo Banco del Chaco y cuñada del ministro de Hacienda, Cristian Ocampo. El estudio que ambos compartían también fue allanado por la Justicia Federal. El ministro, está imputado en la causa Lavado II.
Vázquez trabajó durante 10 años para el Supermercado Iberia, cuyo titular Roberto Lugo, ex subsecretario de Comercio de Domingo Peppo, también está detenido en la causa de Lavado I.
