Corrientes es una de las cinco jurisdicciones que todavía no lo tienen. El ejecutivo nacional presentará la iniciativa el próximo domingo.
El 1 de marzo, durante la ceremonia de apertura del periodo de sesiones ordinarias número 138 del Congreso, que se desarrollará a partir de las 11.30 en el recinto de la Cámara de Diputados, el presidente Alberto Fernández anunciará la presentación del proyecto de ley para la legalización del aborto.
Como una forma de neutralizar las críticas de los sectores que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, el Presidente lo acompañará con otra iniciativa -la ley de los 1.000 días- para garantizar asistencia estatal para las mujeres de bajos recursos, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño. Algo de lo que habló con el papa Francisco durante la visita al Vaticano hace tres semanas.
“Va a ser legal la interrupción del embarazo, se va a eliminar cualquier penalización a las mujeres que decidan abortar y a los profesionales que lleven a cabo la práctica, salvo que lo hiciera fuera de los plazos y de lo que dice la ley”, señaló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
El funcionario nacional precisó que “los programas se centran, por sobre todo, en aumentar la protección para la madre y el niño”, y agregó: “La intención es enfocarla desde lo que significa en la salud pública, cuántas muertes y mutilaciones evitamos, cuánta ilegalidad evitamos”.
Consultado sobre los sectores que se oponen a la legalización del aborto, el ministro aclaró: “Es una opción, no es obligatorio. Es un derecho y es necesario desde la salud pública. Uno tiene que hacer lo que cree que es bueno para un país”.
Así, a días de la presentación del nuevo proyecto, todavía hay provincias que no adhirieron al protocolo de aborto no punible, luego de que en 2012 la Justicia le encargó al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales la implementación de protocolos hospitalarios para eliminar las barreras en el acceso al derecho en caso de violación, no sólo en casos de violaciones a mujeres con discapacidad, además de determinar que no es necesario que la mujer haga una denuncia policial para acreditarlo, sino que basta con una declaración jurada. Corrientes es una de ellas, aunque se informó oficialmente que se estaba trabajando en un protocolo propio.
De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, y teniendo en cuenta los años transcurridos desde el fallo del máximo tribunal de Justicia del país, sólo diez distritos adhirieron: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco.
Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial, pero utilizan el protocolo nacional. Y las tres provincias que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional son: Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán. “Nosotros contamos con nuestro protocolo desde el 2018 y así seguiremos ya que es muy parecido al Nacional”, indicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.
Catamarca, por su parte, aprobó el 2 de junio de 2018 su propio protocolo o guía sobre la materia, bajo la resolución ministerial provincial número 722.
Las otras jurisdicciones que siguieron el mismo camino son Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, provincia y Ciudad de Buenos Aires y La Pampa, según datos de octubre de 2019 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional.
El Ministerio de Salud Pública nacional aclara que la ausencia de un protocolo no significa que en esas provincias no se puedan realizar abortos legales, ya que es un derecho previsto por la Ley argentina. Sin embargo, la falta de protocolos ajustados al fallo de la Corte hace que se presenten obstáculos para el verdadero acceso a este derecho de las mujeres.
