La institución está intervenida hace tres años y medio. Un grupo envió una nota dirigida a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. En el documento final, del Encuentro de Adultos Mayores en Santa Fe, lograron un respaldo clave.
La situación de intervención prorrogada desde 2016 del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes(CJPPC) adquirió en la última semana ribetes de índole nacional cuando un grupo de dirigentes presentó una nota dirigida a Carolina Stanley, quien preside el Consejo Federal de Adultos Mayores y receptada por el vicepresidente del organismo Rubén Acosta.
En tanto en el reciente Encuentro Nacional realizado en Santa Fe se emitió un documento en el que se insiste en la necesidad que todos los centros del país estén normalizados y que los jubilados sean artífices de su conducción.
Con este panorama, es bueno repasar el historial reciente de una institución que se encuentra intervenida desde 2016 y que dicha situación fue extendida hasta el 23 de octubre por parte del Gobierno Provincial a través de Inspección General de Personas Jurídicas.
Varios sectores, que incluso condujeron en algún momento la entidad, vienen expresando que las urnas deben ser desempolvadas para que los aproximadamente diez mil socios del Centro de Jubilados, con 20 delegaciones en toda la provincia, recuperen el camino de la democracia.
¿Qué razones conllevan las sucesivas prórrogas?, es uno de los interrogantes que se plantean los abuelos que incluso recurrieron a una metodología poco habitual para ellos. El pasado 9 de agosto se manifestaron primero frente a Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio en la Secretaría Privada y posteriormente marcharon hasta La Rioja 656 donde se levanta el edificio de tres pisos que alberga al Centro de Jubilados.
Con pancartas y cánticos exhibieron su malestar con la conducción de Julia Fernández Alcaraz, solicitaron el cumplimiento de lo establecido en dos decretos provinciales para que cumpla con la convocatoria a asamblea y el consiguiente proceso eleccionario en cuyo articulado se establecía que no de hacerlo sería removida.
“Lo grave es que no se dio cumplimiento al mandato establecido en el decreto pero tampoco se efectivizaron las sanciones contenidas en la misma. Lo que determinó el inicio de acciones judiciales por la gravedad jurídica que ello conlleva”, expresó Justo Franco en diálogo con época. El dirigente encabeza uno de los espacios que buscarán competir por la conducción del centro.
“A pesar de las denuncias hechas en el órgano de contralor de Inspección General de Personas Jurídicas y los reclamos al gobernador Gustavo Valdés no se ha logrado respuestas positivas porque insistimos con la necesidad de la remoción de la interventora actual a fin de que se termine el abuso de poder que exhibe y los desmanejos económicos”, manifestó.
“Para nosotros no fue nada grato ir a la calle a manifestarnos, pero era la manera que encontramos para visibilizar esta situación injusta”, comentó Franco en referencia a la marcha realizada el mes pasado.
En otro tramo reiteró que en todo este tiempo la interventora no presentó balances contables, no tuvimos acceso a información y echó a 17 empleados varios de los cuales iniciaron juicios laborales”, comentó. Entre los despedidos están “kinesiólogos, administrativos” y citó el caso de una farmacéutica “que ganó el juicio y le deben aproximadamente dos millones de pesos; el grado de irresponsabilidad es tan grande que de seguir así, la institución va a quedar desfinanciada”.
Todos estos pormenores fueron informados a través de una misiva a la Ministra de Desarrollo Social y al vicepresidente del Consejo Federal de Adultos Mayores. “Con diferentes argumentos dilatorios se ha prorrogado la intervención”, señalaron en una nota. Lo mismo ocurrió en Santa Fe durante el 23 y 24 de septiembre en el Encuentro Nacional de jubilados.