Con 2.780.000 kilómetros cuadrados, Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo. Norte, Cuyo, Pampa, Patagonia, las regiones presentan paisajes diversos y climas extremos. En esa inmensidad de tierras viven casi 45 millones de personas. Las estadísticas también señalan la vida despareja. Los índices de salud, educación y economía muestran un país dividido en el que el Norte sale desfavorecido. Allí, donde persisten las costumbres más conservadoras y la religión tiene mayor preponderancia, los diputados votaron mayoritariamente en contra de legalizar el aborto. Los senadores harían algo similar.
El último informe de Natalidad y Mortalidad del Ministerio de Salud muestra que el 15% de los nacidos vivos (115 mil sobre 770 mil) son de madres adolescentes (menores de 20 años). Y marca: “El 75% de las jurisdicciones muestran porcentajes de nacidos vivos de madres adolescentes por debajo del 19,4%, siendo las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta, Formosa y Corrientes las que superan este valor”. Sobre el nivel de instrucción de estas madres, Chaco, Formosa y Santiago del Estero duplican el promedio nacional del 5% de madres analfabetas o con primaria incompleta. Misiones lo cuatriplica. En Salta, Formosa y Santiago del Estero más del 60% de las madres no tiene cobertura de salud. En mortalidad materna, el total país se ubica en 3,9 muertes cada 10.000 nacidos vivos. En el Noroeste y Noreste es casi el doble: 5,3 y 6,0.
Hay otras estadísticas. Según la asociación civil La Casa del Encuentro, en los últimos diez años hubo 2.679 femicidios. Las tasas más altas son de Santiago del Estero (12,58 cada 100.000 habitantes), Salta (12,51), Jujuy (10,24) y Misiones ((9,98). Las cifras de delitos sexuales del Ministerio de Seguridad hablan de 3.746 violaciones en 2015, una tasa de 8,7 cada cien mil habitantes. En Salta la tasa es 27,5 y en Misiones 23,3.
Desde 1921 en Argentina el aborto es legal si una mujer ha sido violada o su vida o su salud corren peligro. En 2012 un fallo de la Corte Suprema ratificó este derecho, y el Ministerio de Salud hizo un protocolo para que todas las provincias lo apliquen. Hay ocho que no adhirieron: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
“Un tema que cruza a la votación es cuál es el nivel de influencia que la Iglesia católica detenta en las decisiones políticas, en qué medida los y las representantes respetan el principio de laicidad del Estado. Además de ser un tema crítico respecto a la calidad de las instituciones de la democracia, los argumentos en favor de la legalización como la elevada tasa de mortalidad materna y embarazo adolescente dan cuenta que se trata de un problema de salud pública y de derechos humanos de las niñas y mujeres del país”, explica a Clarín Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales.
“El rostro más despiadado de la vulneración de derechos fue obligar a gestar y parir a una niña de 11 años violada por su padrastro en Salta y otra en Mendoza. Son niñas violadas múltiples veces: por sus padrastros, por las instituciones que no respetan las leyes nacionales e internacionales y por quienes las enarbolan como ejemplo del ‘respeto por las dos vidas’. Esas prácticas se definen por los organismos de derechos humanos como tortura. Algunos de nuestros representantes votaron inspirados en este tipo de fundamentos”, agrega Faur.
“En las provincias que se han opuesto en su mayoría a la legalización del aborto, el clericalismo católico es más fuerte aún que los partidos políticos y los órganos constitucionales -asegura Manuel Ochandío, abogado, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos-. En Salta la Corte Suprema tuvo que declarar la inconstitucionalidad de la enseñanza de religión católica en horario de clases, y se tuvo que formar una comisión para que se cumpla la sentencia porque siguen esas prácticas en muchas escuelas”.
Ochandío también da el ejemplo de Tucumán, donde el Obispo Carlos Sánchez, presionó en el último Tedeum a los diputados para que votaran en contra del proyecto y donde se dicta educación religiosa en las escuela públicas: "En Tucumán hay denuncias de incumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva porque médicas y médicos se oponen a entregar preservativos y anticonceptivos a las adolescentes y mujeres que van a centros de atención primaria”.
“El cumplimiento de los derechos y la implementación de las leyes de salud sexual y reproductiva y educación sexual integral son un problema en todo el país, pero más en el Norte y Cuyo, donde predominan ideas conservadoras. Les cuesta incorporar estos temas y los jóvenes tienen problemas con el acceso a la información. Los índices de salud están mal, pero lo cultural está tan arraigado que no cambian, es una trampa sin salida -explica Mabel Bianco, médica, al frente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer-. En San Juan no se entregan anticonceptivos, Corrientes tiene una ley de ‘niño por nacer’ y montones de niñas embarazadas que esconden, como Catamarca y Tucumán, y ninguna adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”.
Virginia Franganillo, socióloga y creadora del Consejo Nacional de la Mujer, es más optimista: “En el Norte persisten auténticas oligarquías políticas pero creo que ante estos temas se están abriendo, el ejemplo es Salta. Y tiene que ver con un movimiento profundo de la sociedad, que es el gran motor. Son provincias difíciles, pero los jóvenes están presionando. Cuando viene un proceso de cambio social, viene con todo, viene de oleada y erosiona lo viejo. No digo que se acaban los feudos pero sí que serán más modernos. El disciplinamiento está en discusión gracias al movimiento de mujeres. Es el ante último eslabón de la esclavitud, el último es la pobreza, y es revolucionario”.
