El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación relevó 139 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio del 2018, de los cuales 11 son vinculados y 4 son personas Trans.
El trabajo contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio y, también, incluye los casos de femicidios vinculados.
El 18% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 30,9% de entre 19 y 30 años; el 29,5% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años y el 20,9% a mujeres mayores de 50 años. Cabe destacar que dentro de las 25 víctimas menores de 18 años, 13 son menores de 11 años.
Del total de femicidios se registró la existencia de denuncias en el 27%, mientras que en el 45% no se registra información y el 72% no realizó denuncia. Sin embargo, testigos allegados a las víctimas expresaron la existencia de episodios de violencias previos.
La mayor cantidad de casos fueron cometidos por hombres adultos. Sobre la modalidad, en un gran número de casos, los asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego o por apuñalamiento, en tanto que, un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas.
La provincia en la que más casos se produjeron fue Buenos Aires, con un total de 42 en lo que va del año. Le siguen las provincias de Córdoba con 14 casos; Santa Fé con 13 casos confirmados; Tucumán con 11 y en Mendoza 9.
En cuanto a las víctimas colaterales, se puede afirmar que 55 niños quedaron sin madre y 4 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, restando el 33% del total de casos sin confirmar datos.
El Observatorio de Femicidios, sin perjuicio de la misión específica para el que ha sido creado, tiene, entre otras funciones, las de impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; invitar a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y colaborar, en función de los Objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030.
Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación redoblará sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se conjuguen de manera compatible.
