“De ahora en más, vamos a esperar que la empresa venga a la localidad. El primer punto son los despidos, y el segundo es la estabilidad. Desde ahí, empezamos a hablar”, resumieron los trabajadores de la mina de Río Turbio lo acordado en la asamblea que discutió las líneas de acción para exigir a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) la reincorporación de los casi 500 despedidos.
También explicaron, en declaraciones a Canal Abierto, que buscarán sacar el conflicto de la localidad y nacionalizarlo, visibilizando la importancia de la mina en la estructura energética del país.
El minero y secretario general de ATE Río Turbio, Miguel Ángel Páez, comunicó que habrá “paro total de actividades y ocupación en boca de mina”.
Además, coordinarán acciones con otros sectores en conflicto del Estado y participarán en el paro que convoca ATE para el 15 de febrero y en la asamblea del Hospital Posadas que tendrá lugar el 17. “Vamos a incluir al resto de los sectores del trabajo de Santa Cruz. Municipales, docentes, salud, gremios provinciales”, agregó Páez.
En la última reunión, las autoridades de la empresa se negaron a discutir los despidos y los secretarios generales de los cuatro sindicatos que tiene presencia en la mina se retiraron de la mesa de negociación. Sucede que los funcionarios de Cambiemos sólo aceptaron dejar sin efecto cerca de 50 despidos por casos de “excepción”, es decir aquellos que había enviado a trabajadores que estaban con carpeta médica y otros que finalmente aceptaron retiros voluntarios.
La propia YCRT, cuyo interventor es Omar Zeidán, admitió que en la propuesta se establecía la suspensión del pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y el pago de pasajes por un lapso de tres años para ambos ítems, es decir que incluso se les continuaba quitando beneficios a los trabajadores.
La compañía proponía además un tope de 5 mil pesos “al reintegro del Impuesto a las Ganancias que les corresponde pagar a cada agente” y la “reducción del 20% del valor de los siguientes conceptos: cargo, dedicación funcional, responsabilidad funcional, pago de CIM (programa de asistencia) e interior de mina a quien corresponda y, un tope de 20 mil pesos de reintegro a jubilados”.
