En San Ignacio, Misiones, la municipalidad arrasó con la comunidad Mbya Guarani Chapaí. Escapándole a topadoras y enfrentando sierras, sus integrantes se enfrentan al avance, se solidarizan con el pueblo mapuche y recuerdan que el avance contra los pueblos originarios es en todo el país.
“Los primeros ataques empezaron con el tema del agua. En 2014 taparon con cemento la única vertiente, el único arroyito que no estaba contaminado. Nos quedamos sin agua y tuvimos que recurrir a los vecinos del barrio y nos daban un poquito”, recuerda Itatí Brizuela, referente de la comunidad Chapa´í al ser entrevistada por Revista Cítrica. Aunque habla serena, la preocupación la invade: después de años de embestidas, ahora son varias las familias desalojadas de las tierras misioneras de San Ignacio en donde vivían desde fines de julio. Con Esteban Romero, intendente del Frente Renovador, al mando; la orden municipal de tirar abajo plantas y árboles para abrir un camino de asfalto fue ejecutada rápidamente. En la zona dicen que fue a pedido de empresarios y que tuvo el beneplácito de la Provincia. También que el ataque al monte nativo fue certero, que lo lastimaron. Ahora también sabemos, y nuestra charla lo deja en claro, que la resistencia organizada aguanta para que la herida no sea de muerte.
En donde vive Itatí crecían árboles de naranja, limones y palta. Allí llegó en 2006 desde el monte del Chapá, a unos 30 kilómetros. “Vivíamos bien. Teníamos ríos, peces, animales, frutos silvestres. Después de 15 años, falleció mi madre y me quedé a cargo de 10 hermanos que en ese tiempo eran menores. No teníamos escuela ni sala de primeros auxilios. Teníamos un colectivo que pasaba tres veces a la semana. Era muy difícil ir al hospital, hacer compras, también el tema de la escuela para que los chicos pudieran seguir estudiando. Así que con mi papá decidimos venirnos acá, donde estamos ahora en San Ignacio. Hablamos con el intendente de ese tiempo y nos dio un lugar para vivir”, nos cuenta. Dos años después se hizo el relevamiento territorial según la Ley 26.160 que “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”, tal como señala la letra de la norma sancionada hace 11 años. Así se reconocieron 181 hectáreas para Chapa‘í. Lo resolvió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
