La solución de la mala praxis no es cobrar indemnizaciones, sino prevenirlas.
La justicia ha condenado al Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y a dos médicas de este hospital a indemnizar con 20 millones de pesos a una paciente que sufrió graves lesiones al ser atendida en el mismo.
La atención médica puede dañar, de allí la vieja máxima que debe guiar la acción médica, que es no complicar más aún la situación con acciones inoportunas, “primum non nocere”, aunque el pedido de “¡Haga algo doctor!” nos puede empujar a hacer algo, cuando lo mejor sería no hacer nada.
El presidente Lincoln, herido en un atentado murió por las lesiones adicionales que le provocó el joven médico militar que lo atendió al examinar la herida en la cabeza. El neurocirujano que estudió el caso decía sin embargo que cualquiera de los médicos que recién entraba a su servicio hubiese hecho lo mismo que ese médico, presionado por ministros y generales que le decían “¡Haga algo doctor!” al ser el único medico disponible.
La mala praxis deriva de médicos insuficientemente capacitados, desactualizados, o descuidados en su trabajo, y su prevención requiere medidas que raramente se toman tales como exámenes periódicos de competencia, cada vez más necesarios en la medida que los conocimientos médicos cambian a gran velocidad, la supervisión y control. De todos modos hay un elemento difícil de evaluar, que parece el más importante de todos, que es la responsabilidad personal, que implica reconocer que uno no sabe cómo actuar en tal o cual caso, y enviar el paciente a otro médico.
En las épocas que fui funcionario, contra la opinión generalizada de que cada profesional empleado debía contar con un seguro de mala praxis, para bancar eventuales indemnizaciones, sostuve que el gobierno era el responsable en todos los casos, y debía pagar las mismas, y montar un mecanismo permanente de exámenes, supervisión y control de las competencias del personal para reducir al máximo estos eventos, y aunque en esas épocas aún no existía el artículo de la Constitución Nacional que dice que es responsabilidad del gobierno asegurar la calidad de los servicios médicos a la población, servicios públicos y privados naturalmente, pues el estado monopoliza el poder de policía sanitaria sobre propios y ajenos, aunque esto último queda generalmente en segundo lugar.
Montar ese mecanismo sería complicado, lo reconozco, habría que traer periódicamente profesionales del extranjero para evitar camarillas en concursos y exámenes de competencia, algo frecuente en la vida universitaria, de modo de asegurar que quienes ocupen cargos que implican supervisión y control tengan las competencias necesarias para ello, y no sean solo amigos del ministro de turno.
¿Y ahora qué hago?, me decía un ministro nacional, al describirme que los altos funcionarios del ministerio estaban atornillados en sus cargos mediante concursos hechos por su antecesor, que no parecían concursos truchos. Lo que el reclamaba era poder poner su propia tropa para que sirvieran de fusibles a su gestión, no quería los mejores, sino los de más confianza.
Siempre me hacen sonreír noticias de que tal o cual funcionario, no ingeniero, “supervisó” las obras deconstrucción de tal o cual hospital, o que un funcionario no médico “supervisó” la atención de tal o cual hospital. Como se puede supervisar algo de lo que no se tiene idea?. La noticia correcta debería ser “visitó tal o cual hospital”
Decía anoche en un programa de TV nuestro embajador en Chile, ex ministro nacional de salud 2002-2007 que uno de los problemas de los hospitales en Argentina es la escasa dedicación de los profesionales, y cabría preguntarse como haría un director de hospital para supervisar y controlar profesionales que son sus socios o patrones en la práctica privada, que lleva en paralelo al cargo público.
He visto algunos estudios en Estados Unidos, ancianos médicos, otrora glorias de la profesión, insisten en no jubilarse. ¿Quién se anima a decirles que no pueden seguir atendiendo pacientes?
Hace un par de noche escuchaba al director del hospital Escuela de Corrientes, en relación a un concurso internacional en el que su hospital es semifinalista, para prevenir las infecciones intrahospitalarias, lo difícil que es conseguir que todo el personal se lave continuamente las manos entre paciente y paciente, tal como indican las normas de prevención de estas infecciones, que según los fundamentos de una ley al respecto matan unas 20.000 personas por año en Argentina, pero que aún duerme en un cajón sin haber sido tratada, aunque si se sancionó una ley que permite a los gays donar sangre, que amplia derechos y aumenta riesgos en mínima proporción, pero de todos modos menos prioritaria que la de infecciones hospitalarias.
A lo anterior cabe agregar el problema de la iatrogenia, el daño involuntario que producen medicamentos u otras tecnologías médicas, aún utilizadas correctamente, y que vemos detallados en los prospectos de los medicamentos, como efectos adversos, causantes de unas cien mil muertes por año en los Estados Unidos, país donde esto se ha estudiado, y que serían unas 20.000 en Argentina, a tenor de ciertas declaraciones de profesionales de la farmacia, quejosos de que los kioscos vendan medicamentos, quitándoles ganancias, y atribuyendo estas muertes a eso, cuando en realidad el problema es más bien que las farmacias venden medicamentos cuyos envases dicen “venta bajo receta”, sin solicitar la misma, especialmente en el caso de los antibióticos, cuyo uso excesivo nos está dejando sin medicación ante las cepas resistentes.
Cualquier medida para mejorar la calidad de atención, resolviendo los problemas anteriores, implicará mayores costos de la atención, aunque quizás ahorros en algunos aspectos, digamos personal mejor capacitado en el hospital Durand hubiera evitado pagar estos 20 millones en indemnizaciones, pero en política nunca hay soluciones ideales, y se prefiere el mal menor, o lo que más conviene al partido.
En Argentina mueren unas 40.000 personas por año por efectos del tabaco, según estimaciones del ministerio nacional de salud, pero cumplir con la recomendación de la OMS de reducir la superficie sembrada implicaría dejar sin trabajo a miles de productores de Salta, Jujuy y Misiones, y privaría al fisco de una importante fuente de ingresos, por lo que no solo no se cumple la recomendación de la OMS, sino que se alienta el cultivo mediante subsidios del gobierno nacional. Las ventajas parecen al legislador más importantes que las 40.000 muertes.
“No creo que se trate en el próximo gobierno la despenalización del aborto”, decía anoche el embajador en Chile, “ningún presidente va a ser tan tonto de ponerse en contra del Papa”, y dijo esto luego de decir que cuando fue ministro estudió el problema y encontró que se producían 80.000 internaciones por año por abortos mal hechos, de los cuales morían y mueren cada año unas 100 o 120 mujeres. Esta última cifra parece correcta, la de los 80.000 no sé.
Yo era el ministro de salud, dijo, no el de religión, agregó para mostrar que era su visión sectorial, aunque de lo que dijo anteriormente puede deducirse que si llegara a ser presidente tampoco sería tan tonto para impulsar la despenalización del aborto, algo que solo impulsan las legisladores nacionales mujeres, tal como aclaró días pasados una diputada nacional a la que se conoce como “ultraoficialista”, con el acompañamiento de algunos pocos legisladores varones.
De todos modos, agregó el embajador, con las aclaraciones de la Corte Suprema referidas al aborto por violación es mucho lo que se puede hacer, aunque reconoció que solo hay pocas provincias que cumplen esta resolución judicial, y la mayoría las obstaculiza.
Cuando este embajador era ministro, la prensa lo entrevista en relación a que en una provincia los DIU que venían en las cajas del programa nacional de salud reproductiva, eran extraídos antes de su distribución por orden del ministro provincial, aunque ese programa estaba aprobado por una ley nacional, que había sido votada sin disidencias por todos los legisladores nacionales de esa provincia. ¿Qué medidas adoptaría el ministerio a su cargo?
El ministro sonrió y dijo que estaban negociando, puesto que en Argentina una ley no es algo de cumplimiento obligatorio, como teóricamente debería ser, sino una simple expresión de deseos del Poder Legislativo al Ejecutivo, y por eso se dejó de colocar los montos asignados al cumplimiento de la ley en el texto de la misma, como se hacía al menos hasta 1970. Ahora el ejecutivo necesita más flexibilidad para la gestión, dicen algunos para justificar superpoderes, a lo que llaman administración estratégica, aunque solo es táctica, y a veces ni eso, solo que conviene al funcionario que toma las decisiones.
