El presidente Alberto Fernández confirmó que el Gobierno lanzará una moratoria “muy amplia con tasas muy bajas” y que la misma “tendrá un plazo de gracia de seis meses”.
El contenido de la iniciativa integrará el proyecto de emergencia económica que ingresará hoy al Congreso. En una entrevista televisiva, el mandatario justificó la medida al señalar que “las pymes están una situación muy crítica” y que por ello “dejaron de pagar los impuestos”.
Cuando aún no se conocen todos los detalles de la iniciativa, tributaristas y abogados esperan que la moratoria incluya a pequeñas y medianas empresas, autónomos y monotributistas.
Sobre todo, piden que se contemple la situación de los contribuyentes del régimen simplificado que fueron recategorizados de oficio por la AFIP y que ahora son objeto de reclamo de deudas impagables.
De todo el paquete de medidas fiscales que el Gobierno enviará al Congreso, la moratoria tributaria luce como lo más “rescatable” por los profesionales de las Ciencias Económicas.
El abogado especializado en derecho tributario Diego Fraga calificó a la iniciativa del Gobierno como “una buena noticia para las pymes”. Advirtió que debería ser generalizada para todos. “Si bien es una mala señal para los contribuyentes cumplidores, el contexto financiero actual lo justifica, además de ser una forma de generar ‘caja’ para el Gobierno”, explicó.
Al respecto, aclaró que “es muy importante que también se atienda la situación de aquellos contribuyentes que fueron injustificadamente expulsados del monotributo por la AFIP en los últimos años”.
De acuerdo con Fraga, se trata de contribuyentes a los que el organismo “con un inexplicable ensañamiento los arrojó a un abismo y les están reclamando deudas ficticias e impagables”.
El proyecto de moratoria contempla una reducción a la mitad la tasa de interés que cobra actualmente la AFIP. Los contribuyentes que califican como pymes pagan una tasa de 2,5% mensual. La moratoria tendrá un plazo de gracia de 6 meses, aunque durante ese período regirán intereses.
El tributarista César Litvin opinó que la iniciativa es “la parte buena del paquete” fiscal y recordó que ya desde hace tiempo plantea que es necesaria una de ese tipo antes que un plan de pagos, en tanto coincidió en que se debería extender al resto de los contribuyentes.
Vicente Lourenzo, asesor de pequeñas y medianas empresas, coincidió con la idea en que tiene que ser más amplia. “Yo entiendo que cuando se habla de ‘pymes’ se incluye a monotributistas y autónomos”.
Lourenzo señaló que la manera que tendrá el Gobierno para identificar a los contribuyentes es recurrir al Registro Pyme de la Secretaría de Industria o al listado que maneja la AFIP de empresas que califican dentro de ese universo.
El tributarista Sebastián Domínguez consideró que “los monotributistas y autónomos van a poder encuadrar como pymes”, aunque no estén inscriptos en el registro que administra la Secretaría de Industria.
Como no todos los contribuyentes que podrían encuadrar figuran en el mismo, la AFIP confeccionó uno propio que tiene por objetivo solamente identificarlos por tamaño.
Ezequiel Passarelli, dijo por su parte que “las exclusiones del monotributo son uno de los peores males que tiene nuestro sistema tributario porque literalmente son impagables para el ex monotributista”.
