El bono de fin de año no parece tener quórum público al nivel de las provincias. De hecho, 13 jurisdicciones ya explicitaron su postura de no pagarlo y otras tres todavía no se definieron al respecto. Las tres que aún no decidieron son clave ya que se tratan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Así, sólo 8 ya afirmaron que van a sumarse al pago y lo harán por montos que varían entre $3.500 y $10.000 según el caso.
Así, las 8 provincias que lo pagarán son Río Negro, por un total de $3.500; Misiones, por $4.000; La Rioja, también por $4.000; Formosa, por $5.000; La Pampa, por $6.000; Tierra del Fuego, también por $6.000; San Luis, por $9.000; y Santiago del Estero, por $10.000. Por su parte, no recibirán bono de fin de año los empleados públicos de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Mendoza.
"La mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019", detalló un informe reciente publicado por la Fundación Mediterránea.
Al tercer trimestre del 2018, detalló el informe, el gasto salarial caía entre 10-15%, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5-10% en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.
De las 13 provincias que ya afirmaron que no van a pagar el bono de fin de año, hay cuatro que tienen cláusulas gatillo pendientes. De hecho, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.
Hacia el cierre del año se definirá la situación de los trabajadores públicos de la CABA, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Claramente se trata de tres jurisdicciones clave. Y es que la CABA cuenta con 196.000 funcionarios públicos que serían alcanzados por un potencial otorgamiento del bono. En Córdoba, por su parte, hay aproximadamente 137.000 asalariados que se verían beneficiados. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires el alcance es de una masividad incluso superior ya que hay 575.000 empleados públicos que lo cobrarían. Bae Negocios
