Más de 700 especialistas elaboraron un programa integral que abarcan 18 áreas estratégicas de gobierno, con medidas de corto, mediano y largo plazo. En esa tarea estuvieron trabajando también miembros de los equipos técnicos de Alberto FernándezRevisar en forma integral la operatoria de créditos hipotecarios ajustados por UVA. Pesificar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía. Además congelarlas hasta una revisión integral para evaluar costos y planes de inversión de las empresas prestadoras del servicio.
Eliminar las retenciones a las producciones regionales que estén en situación crítica y establecer retenciones segmentadas por tipo de producción. Restituir las moratorias previsionales que permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes. Poner en marcha paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer lo más rápido posible el poder adquisitivo de los trabajadores. Aplicar un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero. Y otro impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2 al 15 por ciento sobre las personas que adhirieron al último blanqueo. Incrementar haberes (jubilaciones, pensiones y AUH) para recuperarlos hasta el nivel de la inflación del período 2016-2018.
Y entregar un bono por única vez que compense la diferencia entre la inflación registrada y el incremento de los haberes en ese período. Reactivar las líneas de crédito productivas del Banco Central. Implementar un Programa Nacional de Infraestructura Social de generación masiva de pequeñas obras públicas comunitarias, destinando el 25 por ciento de los fondos de obras públicas nacionales a cooperativas. Reactivar las obras de infraestructura para hábitat y viviendas paralizadas en todo el país. Convocar a la paritaria nacional docente con la meta de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de la pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías regionales.
Todas esas medidas y decenas más para aplicar en los primeros 100 días de gobierno están incluidas en el documento que el PJ le entregó al candidato a presidente Alberto Fernández, el martes pasado, en el acto por el natalicio del General Perón realizado en la sede del Partido Justicialista. Son propuestas desplegadas en 118 páginas. Abarcan 18 áreas clave de la administración nacional. A partir de un diagnóstico preciso acerca de la herencia pesadísima que deja el gobierno de Mauricio Macri, se plantean medidas de corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, se trata de recuperar las funciones básicas del Estado desarticuladas por la gestión Cambiemos, con el objetivo de dinamizar el mercado interno, construir una base exportadora, fortalecer y ampliar la cobertura de los sectores vulnerados y recuperar las condiciones básicas para el desarrollo nacional.
Ginés González García fue el coordinador de esas 18 comisiones donde participaron más de 700 especialistas. De la lectura atenta de ese documento se puede extraer el plan que el PJ plantea para los primeros 100 días del gobierno Fernández-Fernández. Ginés le entregó en mano el documento a Alberto Fernández, aclarando que no es oficial del PJ porque no recorrió los espacios formales del partido, pero señalando que el objetivo es que sea un insumo de campaña. A su turno, luego de recibirlo, en su discurso, Fernández señaló que "lo que hicieron los equipos técnicos fue reunirse muchas veces, trabajaron muchos, y lo sé porque muchos trabajan cerca mío y sé de todas las reuniones que Ginés promovió para hacer este trabajo".
Revisar en forma integral la operatoria de créditos hipotecarios ajustados por UVA. Pesificar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía. Además congelarlas hasta una revisión integral para evaluar costos y planes de inversión de las empresas prestadoras del servicio. Eliminar las retenciones a las producciones regionales que estén en situación crítica y establecer retenciones segmentadas por tipo de producción.
Restituir las moratorias previsionales que permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes. Poner en marcha paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer lo más rápido posible el poder adquisitivo de los trabajadores. Aplicar un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero. Y otro impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2 al 15 por ciento sobre las personas que adhirieron al último blanqueo.
Incrementar haberes (jubilaciones, pensiones y AUH) para recuperarlos hasta el nivel de la inflación del período 2016-2018. Y entregar un bono por única vez que compense la diferencia entre la inflación registrada y el incremento de los haberes en ese período. Reactivar las líneas de crédito productivas del Banco Central. Implementar un Programa Nacional de Infraestructura Social de generación masiva de pequeñas obras públicas comunitarias, destinando el 25 por ciento de los fondos de obras públicas nacionales a cooperativas.
Reactivar las obras de infraestructura para hábitat y viviendas paralizadas en todo el país. Convocar a la paritaria nacional docente con la meta de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de la pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías regionales.
Todas esas medidas y decenas más para aplicar en los primeros 100 días de gobierno están incluidas en el documento que el PJ le entregó al candidato a presidente Alberto Fernández, el martes pasado, en el acto por el natalicio del General Perón realizado en la sede del Partido Justicialista. Son propuestas desplegadas en 118 páginas. Abarcan 18 áreas clave de la administración nacional. A partir de un diagnóstico preciso acerca de la herencia pesadísima que deja el gobierno de Mauricio Macri, se plantean medidas de corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, se trata de recuperar las funciones básicas del Estado desarticuladas por la gestión Cambiemos, con el objetivo de dinamizar el mercado interno, construir una base exportadora, fortalecer y ampliar la cobertura de los sectores vulnerados y recuperar las condiciones básicas para el desarrollo nacional.
Ginés González García fue el coordinador de esas 18 comisiones donde participaron más de 700 especialistas. De la lectura atenta de ese documento se puede extraer el plan que el PJ plantea para los primeros 100 días del gobierno Fernández-Fernández. Ginés le entregó en mano el documento a Alberto Fernández, aclarando que no es oficial del PJ porque no recorrió los espacios formales del partido, pero señalando que el objetivo es que sea un insumo de campaña. A su turno, luego de recibirlo, en su discurso, Fernández señaló que "lo que hicieron los equipos técnicos fue reunirse muchas veces, trabajaron muchos, y lo sé porque muchos trabajan cerca mío y sé de todas las reuniones que Ginés promovió para hacer este trabajo".
Ingresos
Además de que salario real de los trabajadores recupere el terreno perdido en cuatro años de economía macrista, entre las propuestas de políticas para el corto plazo presentadas por el PJ se encuentra también la recomposición "lo más pronto posible" del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, de las pensiones por discapacidad y de la AUH. Para fortalecer el ingreso real de los hogares, sugieren ejecutar medidas fiscales para contrarrestar la fuerte caída de la demanda privada: algunas de ellas es la de deducir de Ganancias para los asalariados y jubilados que tributen en la cuarta categoría y perciban hasta 70.000 pesos por mes en mano -incluyendo un tope por ingreso familiar total- hasta el 50 por ciento de su pago del impuesto en la compra de ropa, calzado, muebles, línea blanca, materiales para refaccionar el hogar. Aclaran que los bienes que estarían incluidos tienen que ser industria nacional, y que la propuesta sea por uno o dos años.
Otras medidas:
* Refinanciar deudas de beneficiarios de la Anses y devolución de IVA para esos mismos beneficiarios.
* Implementar la emergencia alimentaria y de salud como componentes claves para dinamizar el consumo por su efecto sobre el poder de compra.
* Reactivar la inversión pública como fuente de generación de actividad económica, favoreciendo el impulso a las compras de bienes nacionales en los planes de expansión.
* Implementar un proceso virtuoso y sustentable de sustitución de importaciones, vinculando a las pymes con "nuestro sistema científico y tecnológico y proveyendo facilidades de capacitación y financiamiento para la inversión en condiciones adecuadas".
* Revertir el desmantelamiento de las medidas de administración de comercio que desde su asunción al poder determinó la gestión Cambiemos.
Canasta de bienes
Para la reactivación de las diferentes cadenas que componen el entramado productivo, la recuperación de la demanda interna y el avance en la administración de precios, entre otras medidas, se propone restablecer la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito, con una devolución de 10 puntos para productos de la canasta básica y de 5 puntos para el resto, excluyendo a bebidas alcohólicas, bienes con precios unitarios superiores a 1000 pesos y con tope de compras totales diarias de 5000 pesos por tarjeta.
Otra iniciativa es relanzar "Precios Cuidados", incluyendo a pequeños comercios, además de precisar una canasta de 500 productos básicos con seguimiento o acuerdo de precios, inicialmente comercializados por las grandes cadenas comerciales y de proximidad. En esa línea, se sugiere el impulso de los mercados regionales concentradores para acercar al consumidor el producto, tanto para frescos como para no perecederos.
Otro programa que se rescata es el "Ahora12", pero con tasas "estrictamente de 0 por ciento y con mayor control para que las promociones puedan orientarse exclusivamente a productos de fabricación nacional".
Impuestos
En materia de ingresos públicos, el documento técnico del PJ señala que después de cuatro años del gobierno de Cambiemos, y en la actual coyuntura económica recesiva, todos los sectores "tienen motivos para cuestionar la imposición sobre sus actividades". Ante ese diagnóstico, resalta que "la mejor política a favor de los ingresos públicos y el equilibrio fiscal es el crecimiento económico". Para asegurar que "no vamos a aumentar impuestos y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial pymes, asalariados y autónomos, sin deteriorar las finanzas públicas".
Plantea que el objetivo al finalizar el gobierno sería situar la presión tributaria total en 32 por ciento del PIB, con 25 puntos en cabeza del Estado nacional y los 7 puntos restantes entre provincias y municipios. Tras esa meta propone elevar la presencia de los tributos provenientes de rentas y patrimonios a no menos del 30 por ciento del total. Al respecto, recomienda un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero, en base al Informe sobre Bancos que publica el BCRA. Indica que el tributo debe cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio, registrada en el período 2015-2017, y la rentabilidad extraordinaria registrada en 2018 y 2019. La rentabilidad de 2015-2017 será ajustada para ser comparable con el período 2018, según el IPC-Caba (2015-2016) y el IPC del Indec (2017).
Como se mencionó al comienzo, también se impulsa un impuesto extraordinario sobre los capitales blanqueados en 2016.
Créditos
La descripción de la relación inversión y crédito en la economía argentina se encuentra detallada en el documento. Menciona que luego de cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, al igual que en los años '90, la política económica se ajustó estrictamente a la creencia neoliberal de que el financiamiento de la inversión depende esencialmente de los recursos externos.
Apunta que, como lo demuestra nuevamente la experiencia argentina, una política indiscriminada de atracción de inversión y financiamiento extranjero, en vez de impulsar el desarrollo, desintegra el espacio interno, fractura las cadenas de valor y expulsa al capital argentino, reduciendo la tasa de inversión y aumentando la vulnerabilidad externa. Para indicar que es preciso reconocer que el financiamiento de la inversión descansa, en primer lugar, en el ahorro interno y, complementariamente, en recursos externos.
Por ese motivo, plantea la reactivación de las líneas de crédito productivas del Banco Central, equivalentes al 25 por ciento de los depósitos totales del sistema, con cupo mínimo del 70 por ciento de ese total para las pymes. Los bancos deberán prestar obligatoriamente a las pymes a una tasa subsidiada de 10 puntos por debajo de la inflación esperada, según los resultados de la encuesta de expectativas que realiza mensualmente el Banco Central.
Otras iniciativas son la licitación de subsidio de tasas en el sistema financiero y las líneas de financiamiento blando priorizando criterios estratégicos que complementen la Ley de Promoción Productiva. El relanzamiento de las líneas de crédito Fondear y Fontar, y la entrega de aportes no reembolsables para inversiones que impliquen un desarrollo tecnológico innovativo, de acuerdo a parámetros estipulados por el área de Educación, Ciencia y Tecnología.
Ante la crisis financiera y debilidad del capital de trabajo de las empresas, se aconseja la interrupción de remates y bloqueos de cuentas bancarias por incumplimientos tributarios, por un período de 180 días. Este es un tema que hoy está afectando a decenas de pymes.
Otras medidas:
* Relanzar la doble indemnización por despido sin causa.
* Extensión y facilitación al acceso a los montos del Programa de Recuperación Productiva (Repro).
* Fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia para estudiar de oficio y por denuncias anónimas el accionar abusivo de ciertas empresas en contra de sus competidores y de los consumidores finales.
* Reactivar la inversión pública como fuente de generación de actividad económica, favoreciendo el impulso a las compras de bienes nacionales en los planes de expansión con carácter de emergencia.
* Reestablecer el “Compre Nacional” que permita competir en mejores condiciones a las pymes y a las cooperativas en las licitaciones de los estados nacional, provinciales y municipales.
* Extender la reducción de las tarifas de los servicios públicos a micro, pequeñas y medianas empresas que conserven los puestos de trabajo y que generen nuevos trabajos
Falso maurífice
En línea con el plan contra el hambre presentado por Alberto Fernández, el documento del PJ afirma que "en un país como la Argentina no puede haber compatriotas que pasen hambre". Plantea que la prioridad de cualquier política agroalimentaria es que "los argentinos volvamos a alimentarnos adecuadamente", afirmando que "en los hogares argentinos no puede faltar carne, pan, leche, verduras, frutas". Define que los precios de los alimentos no deben estar atados al vaivén del dólar y que la política sectorial estará orientada a aumentar la producción agropecuaria y su industrialización. Para concluir que "debemos terminar con el planteo de “exportar todo lo que se pueda y dejar los saldos para la mesa de los argentinos. Debemos terminar con la falsa antinomia entre el consumidor interno y la exportación: la salida al dilema es producir más para todos, para el consumidor interno a precios accesibles y para la exportación también".
El plan de 100 días de gobierno propone recuperar el status del Ministerio de Agroindustria, la capacidad de extensión del INTA y reintegrar el rango de Secretaría a Agricultura Familiar. Respecto a las retenciones, se eliminarán a las producciones regionales que estén en situación crítica y se establecerán segmentadas (en porcentaje; no con un monto fijo como ahora) por tipo de producción. Explica que el sistema actual castiga a los pequeños productores y no discrimina a quienes agregan valor, además de estar atado a las necesidades que fija el FMI para el pago de la deuda.
Define que las retenciones tendrán como finalidad fomentar el agregado de valor, la generación de trabajo nacional y la seguridad alimentaria. "Se segmentarán y serán menores para quien incorpore trabajo y valor agregado", indica, para mencionar que se recuperará el Fondo Federal Solidario con el aporte de los derechos de exportación, con el objetivo de financiar en las provincias y municipios proyectos vinculados a la producción, la distribución y el abastecimiento de alimentos, como la mejora de la infraestructura productiva y las cadenas de valor locales.
Asegura que se retomará el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas. "Las divisas del comercio exterior de granos son un recurso escaso y estratégico", sentencia, para explicar que el manejo de las divisas por parte del sector privado ha sido un completo fracaso debido a la falta de regulación estatal y a la cooptación de los resortes del Estado por parte del sector privado concentrado. Plantea entonces que los tiempos de liquidación de divisas serán acordes a la necesidad y forma del cumplimiento de las obligaciones externas.
Respecto a una cuestión clave y controvertida en el sector (la producción de semillas), invita al debate de una Ley de Conocimiento Estratégico para el Agro que supere la ley de Semillas, pensando estratégicamente en las nuevas tecnologías y en la ciencia y el conocimiento aplicados como el eslabón que controla las cadenas productivas. Para prometer el impulso de una ley que estimule la innovación y el desarrollo local del sector público y privado en el área, pero principalmente que garantice la Soberanía del Conocimiento Nacional.
Tarifas
En este capítulo fija posición a contramano del discurso dominante: "Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el cual los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo".
En relación a Vaca Muerta, define que debe desenvolverse en función de las necesidades del desarrollo socioeconómico del país, no de las de actores particulares, y que YPF debe ser el principal actor en este sentido.
Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía. Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, "las tarifas permanecerán congeladas".
