El ministro argentino trabajó en el mismo grupo económico que el marido de la flamante secretaria del Tesoro, quien además fue asesor del FMI y compartió el Nobel con Stiglitz. ¿Ayudará con el board del organismo?
Nuevamente, la suerte parece hacerle un guiño al país. Y a un Gobierno peronista. El destino quiso que Martín Guzmán tenga relaciones fuertes e importantes -tanto personales como ideológicas- con la persona que manejará la economía de los Estados Unidos y, en consecuencia, la mundial. Sin eufemismos, Janet Yellen mantiene contactos directos con gran parte del grupo de intelectuales formados en las teorías de defensa de la intervención del Estado en los mercados y las políticas públicas, bajo el amparo de Joseph Stiglitz, y coincide en gran parte de los dictados generales del Premio Nobel para la economía mundial.
De hecho, su marido George Akerlof, uno de los teóricos del estructuralismo más respetados a nivel mundial; es habitual colaborador de Stiglitz y su sinergia investigadora establecida desde hace años en la Universidad de Columbia. De hecho, el premio Nobel otorgado en 2001 fue al trío Akerlof, Stiglitz y Michael Spence, y sus estudios sobre el “análisis de los mercados con información asimétrica”, o la manera donde algunos operadores financieros se benefician más que otros por tener información privilegiada obtenida por la aplicación de su poder de fuego; y las consecuencias en el tiempo para que aquellos que se beneficiaron con datos clave se vuelvan aún más poderosos. Para algunos, la radiografía exacta de Larry Fink, CEO de BlackRock, persona que además detentaba también el sillón que ahora ocupará Yellen; y que fue objeto del bombardeo verbal de Stiglitz durante las negociaciones entre Argentina y los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional.
Stiglitz había abierto un año antes del Nobel, en el 2000, la Iniciativa para el Diálogo Sobre Políticas (IPD en inglés) dentro de la Universidad de Columbia, adonde recaló un joven Guzmán como economista aspirante a lugares importantes en la teoría estructuralista mundial. El destino luego quiso que se convierta en el primer ensayo mundial donde el dúo Stiglitz- Akerlof pudieran ejecutar sus visiones sobre la manera de lograr el desarrollo con políticas diferentes a las habituales heredadas del Consenso de Washington, pero también de los defensores del bolivarianismo concéntrico. Yellen fue también la heredera en 1997 del grupo de asesores que había armado Stiglitz, en los comienzos de la gestión de Bill Clinton en la presidencia de los Estados Unidos en 1992. Esta plataforma la llevó en 2010 a ser vicepresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y luego la primer mujer en dirigir la entidad entre 2014 y 2018. Stiglitz siempre le agradeció públicamente la manera en que mantuvo su herencia ante Clinton, especialmente en la continuidad de la ayuda a los países en desarrollo y la contención en la aplicación del Consenso de Washington.
Pero aún hay más. Akerlof fue durante casi 15 años asesor económico externo del FMI, y desde ese rol se vistió de crítico de las recomendaciones de aplicar políticas activas preestablecidas en libros cerrados e innegociables, en países en desarrollo con problemas estructurales. Akerlof escribió y publicó constantemente papers reclamándole a los técnicos que habitualmente realizan misiones en los estados, que evitaran la obligación para que las autoridades de esos países debieran ejecutar reformas laborales, impositivas, de reducciones drásticas de gasto público social y de liberación de variables macro. Crítico del FMI de los 90, Akerlof fue uno de los promotores de los cambios en el organismo, aplicados desde la asunción de Christine Lagarde.
Se supone que todos estos datos deberían ayudar para el favor más grande que la gestión de Washington le deba hacer a la Argentina en las últimas décadas. Esto es, convencer al board del FMI donde Estados Unidos maneja la mayoría accionaria, que le apruebe un inédito acuerdo de “Facilidades Extendidas”; único en la historia del organismo. Este debe incluir la posibilidad de no pagar durante tres años ni capital ni intereses, que las cuotas anuales no excedan los u$s2.000 o u$s3.000 millones, que en lo posible el acuerdo se extienda por más de 10 años (difícil), que no haya misiones inspectoras cada tres meses y, lo más importante, que las metas cambiarias y de déficit fiscal sean lo más flexibles posibles. Nuevamente, Guzmán deberá aplicar todo su arsenal diplomático y hacer uso de sus conexiones personales con Columbia.
