La FAPTA se declaró en “estado de alerta” ante las maniobras de la British American Tobacco Argentina (BAT) que presentó amparo para dejar de tributar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos establecido por una Ley Nacional de 2017.
La Federación Argentina de Productores Tabacaleros se manifestó ayer “en estado de alerta” ante los fallos judiciales que “avalaron maniobras de empresas que pretenden pagar menos impuestos a los cigarrillos, al señalar que eso “perjudica al sector primario y recorta en miles de millones de pesos la recaudación del Estado Nacional”.
En un comunicado, la entidad remarcó que tomó conocimiento de que “la compañía tabacalera multinacional British American Tobacco Argentina (BAT) ha solicitado un recurso de amparo para dejar de tributar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos establecido por una Ley Nacional de 2017”.
Duro documento de la FAPTA
Los productores advirtieron que “además de tratarse de una maniobra que pretende eludir una Ley Nacional, de ser exitosa, generaría serios perjuicios a la salud pública y a la sostenibilidad de las economías regionales tabacaleras, al tiempo que recortaría en 10.000 millones de pesos la recaudación fiscal”.
A modo de ejemplo, los tabacaleros señalaron que “un atado de 20 cigarrillos paga hoy 46 pesos como mínimo, en concepto de impuestos internos.
Dicho monto se actualiza cuatro veces al año por inflación e impone un piso al precio de los cigarrillos con dos objetivos: elevar los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que reciben los productores tabacaleros y las economías regionales del Norte Grande (NEA-NOA) y aumentar la recaudación fiscal que perciben tanto el Gobierno Nacional como las provincias por los impuestos al tabaco”.
La empresa BAT pidió ser eximida del pago del impuesto mínimo a fines de 2018 ante el jueza nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 4, Rita María Ailán, recordaron los empresarios de la Federación.
Un recorte de 2000 millones del FET
Y, señalaron que “un fallo favorable a BAT, además de generar un fuerte perjuicio fiscal, recortaría en más de $2.000 millones de aportes el Fondo Especial del Tabaco y pondría en peligro miles de puestos de trabajo del sector productivo”.
En su documento, los productores tabacaleros remarcaron que “este recurso presentado por BAT tiene un antecedente en medidas cautelares otorgadas a las tabacaleras Sarandí y Espert, por las cuales dichas empresas fueron eximidas del pago del impuesto mínimo y pueden vender sus productos a precios extremadamente bajos”.
“Por esta inequidad, el resto de las compañías tabacaleras podría replicar la solicitud de Sarandí y BAT, generando una fuerte caída en el precio de todas las marcas de cigarrillos y, consecuentemente, en la recaudación de impuestos al tabaco y en el FET”, añadieron.
La Federación de Productores Tabacaleros instó “fervientemente a la Justicia Federal a denegar la medida cautelar solicitada” por la multinacional BAT y reclamó al Estado Nacional una “urgente intervención para evitar generar un mayor perjuicio a los ya golpeados productores y trabajadores de la cadena de tabaco”, que supera el millón de personas en todo el país. Región Norte Grande
