Un informe sobre la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta octubre de 2023, se hicieron 245.015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud. En casi tres años, hasta junio, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 9 de cada 10 fueron sobre aborto. Además, los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro empezaron a producir medicamentos para garantizar las prácticas. Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Son datos oficiales, que recoge el último informe del proyecto mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, que monitorea la implementación de la ley 27.610 en el país.
“El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública”, destaca el reporte, que se difundió este lunes. En vistas de un cambio de Gobierno, recuerda que la ley garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto, que se deben sostener y profundizar desde el Estado.
Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo, que ahora son 1982 en todo el país, indica el informe. “Los datos son claros para mostrar el desempeño de la política pública nacional y provincial, aun cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser corregidas”, advierte. Si se miden los servicios en las instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán; y 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa, detalla el monitoreo.
En estos años, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como órgano rector de la ley 27.610, elaboró 41 documentos técnicos para orientar la gestión y las prácticas clínicas. “Esto permite el trabajo de articulación con las provincias, lo que mejora las prácticas y fortalece los servicios”, destaca el informe.
Los protocolos de atención fueron actualizados en 2021 y 2022, para seguir los estándares internacionales y las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo. Además, 42.500 donaciones de medicamentos para realizar abortos fueron gestionadas por las autoridades de Salud. Mediante licitaciones, por otra parte, se adquirieron 177.564 tratamientos: misoprostol y mifepristona. Al mismo tiempo se fomentó la producción pública nacional de los medicamentos, lo que ha contribuido “a una mayor disponibilidad de las drogas y accesibilidad económica”, apunta el reporte. Los laboratorios públicos de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol. En Santa Fe además se produce mifepristona.
“El aborto es una práctica de salud y un derecho reconocido a partir de uno de los debates más participativos de la historia nacional. Sanitaristas, profesionales de la salud y del derecho, activistas, ciudadanas de todas las edades incluyendo adolescentes, políticos y políticas, y periodistas de diferentes lugares del país expresaron sus argumentos y aportaron datos durante el debate”, enfatizó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva del Cedes, investigadora de ese espacio y del Conicet e integrante del proyecto mirar. Más de 4,5 millones de personas vieron la transmisión en vivo de los debates, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación Argentina.
“Fue un antes y un después en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la región latinoamericana y Estados Unidos”, recalcó Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora asociada del Cedes e integrante del proyecto. Al mismo tiempo, el proceso legislativo y el texto de la ley fueron de inspiración para los sistemas democráticos de la región al plasmar la regulación de la objeción de conciencia y el acceso dentro de un sistema de salud desigual y fragmentado. El proceso de movilización social que concluyó en la norma aprobada también despertó admiración en otros países, “tanto que el pañuelo verde se convirtió globalmente en el símbolo de la lucha por el derecho a decidir”, enfatizó Ramón Michel.
“La ley de aborto reconoce el derecho a la libertad, la autonomía y al goce de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Reconoce también a niñas, niños, niñes y adolescentes y a quienes conviven con discapacidad como personas con agencia moral para tomar decisiones sobre sus vidas”, recalcó Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del Cedes y del monitoreo que lanzó el reporte. Esa realidad se tradujo en un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término (desde 2350 en 2018 a 1394 en 2021), lo que implicó una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021. Este descenso, destaca el monitoreo, se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados, destaca el informe.
