En el inicio del año electoral, la vacante de la Defensoría serviría para contener a las fuerzas políticas que no logren los escaños solicitados en la mesa de la Gobernación.
Por falta de acuerdo en la Legislatura correntina, el cargo de Defensor del Pueblo continúa acéfalo. En el año electoral que ya arrancó, el puesto formaría parte de las negociaciones que servirán para evitar berrinches de algunos partidos políticos que no fueran agraciados en la distribución de los escaños que están en juego y que ya comienzan a tener nombres propios.
Cumplidas las instancias del examen y el coloquio, la designación del nuevo Defensor del Pueblo habría entrado como parte de las negociaciones del año electoral 2021. Esto se debe a que este año Corrientes elige gobernador, intendentes, 18 legisladores provinciales, 15 en la Cámara Baja y 3 en la Cámara Alta, 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales.
En marzo, se retoma la actividad en la Legislatura, por lo que se podría avanzar en la designación del reemplazante de César Vallejos Tressens en la Defensoría del Pueblo, cargo que esta acéfalo desde noviembre, pero fuentes cercanas a la Casa Rosada informaron a El Litoral que el puesto ya forma parte del bolillero que comenzó a girar.
“Si bien algunos ya son candidatos naturales en el borrador que se está confeccionando en la Casa Rosada, la designación del Defensor del Pueblo seguramente recaerá en los partidos políticos que no lleguen a formar parte de las listas de candidatos a cargos ejecutivos o para reforzar presencia de las fuerzas que más traccionan votos”, indicaron a este medio al consultar sobre los consensos.
Además, es preciso recordar que Tressens asumió en el cargo el 13 de noviembre del 2015 y lo acompañaban como adjuntos Carlos Alonso, de Encuentro Liberal, y Francisco Brambilla, del Partido Justicialista, siendo este último uno de los postulantes que también rendirá el coloquio el jueves.
Vale mencionar también que el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar con el tema en la Legislatura, pero la falta de consenso dentro de la alianza gobernante o la necesidad de sumar nuevos aliados este año, en el que está en juego la propia gobernación, permitió la acefalía que todavía no tiene fecha de cese.
Designación
La pandemia del coronavirus también influyó en el proceso de selección del nuevo funcionario provincial. Los postulantes en principio fueron 19, pero el 4 de noviembre rindieron solamente 18, de los cuales, aprobaron 13 y en la instancia del coloquio se presentaron 12, dada la baja de Matías Hernán Ríos. En tanto, quedan en carrera todavía José Fernández Affur, el doctor Carlos Casella, el dirigente peronista Antonio Haedo, María Fernanda Roma, Juan Francisco Brambilla, la excandidata a legisladora por el Partido Popular Carla Vallone, Octavio Roberto Panozzo, Leonardo Francisco Otarán, Jessica Natalia Romero, Gabriela Cecilia Ayala y Patricia Gabriela Saravia.
El examen lo aprobaron 13 postulantes, de los cuales, solo 12 se presentaron al coloquio el pasado 10 de diciembre. Y son ellos los que aguardan las novedades sobre el proceso de selección, mientras que en las redes se puede ver a más de uno recorriendo la provincia en el marco de la campaña que ya comenzó, pero que sigue siendo negada por sus principales protagonistas.
La Comisión Bicameral que está integrada por los senadores provinciales Rubén Bassi (PJ), Noel Breard (UCR), Ricardo Colombi (UCR), Diógenes González (UCR) y Carolina Martínez Llano (PJ), y los diputados Horacio Mórtola (PJ), Lucía Centurión (ELI), Eduardo Vischi (UCR), Albana Rotela Cañete (PP) y Lorena Lazaroff Puchiarello (PRO), dentro de los treinta días de ser notificadas de la propuesta formulada por la Comisión Bicameral, ambas cámaras votarán la designación del candidato con la mayoría prescripta por el artículo 139° de la Constitución Provincial. De no lograrse la mayoría requerida, la Comisión Bicameral deberá iniciar un nuevo proceso de selección.
Para llegar al cargo, los inscriptos deben ser argentinos nativos o por opción, nacidos en la provincia o con cinco años de residencia inmediata en esta, tener 30 años de edad como mínimo y pleno disfrute de sus derechos cívicos y políticos. El Defensor del Pueblo goza de iguales inmunidades y prerrogativas que tienen los legisladores provinciales. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados judiciales. La duración del mandato del Defensor del Pueblo será de cinco años, pudiendo ser reelecto, por una sola vez.
El defensor y sus adjuntos cobran el mismo salario que un legislador provincial. Y entre sus funciones se pueden mencionar la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusa, tutelados por el ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y órgano público, entre otros.
