Supera a Misiones y a Chaco que no tuvo ejecución durante este año. La obra pública nacional es el rubro donde más aplicó el ajuste el gobierno del presidente Javier Milei.
Un análisis sobre el presupuesto nacional ejecutado por las provincias en obra pública, ubica a Corrientes con un 39,7%. Supera a Misiones que alcanzó un 10,5% y Chaco que no tuvo ejecución de fondos nacionales en obras asignadas por parte de la administración federal.
Durante este año el presidente Javier Milei aplicó el mayor ajuste a la obra pública en todo el país. La misma está paralizada y el panorama para 2025 no cambiará mucho.
Entre los distritos gobernados por lo que se conocía como la alianza Juntos por el Cambio, los distritos de San Luis 66, 3%; Corrientes 39,7%; son los que más presupuesto nacional en obra pública ejecutaron durante este año.
Córdoba lidera la medición con un 129% por arriba de la provincia de Buenos Aires que sumó 82% de ejecución presupuestaria nacional en obra pública para 2024.
El futuro cercano no parece ofrecer un panorama de mejoras en el gasto en obra pública. En el Presupuesto 2025, que fue presentado al Congreso, se estima que el gasto de capital ascenderá a 4,277 billones de pesos. Esto representaría un crecimiento real del 6,8% si se descuenta la inflación. Sin embargo, este aumento nominal contrasta con la tendencia general observada desde el inicio de la actual gestión, que muestra una desaceleración en la inversión pública.
El presupuesto de 2025 contempla un aumento nominal en las partidas para Vialidad Nacional del 68%, lo que llevaría el total a más de 1 billón de pesos. Cerca de tres cuartas partes de estos fondos estarán destinados a la construcción y el mantenimiento de rutas. Además, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento recibirá un aumento del 63%, lo que elevará sus partidas a 108.000 millones de pesos.
Este panorama de ajuste fiscal, en el que la obra pública y las jubilaciones juegan un papel crucial, es parte de la estrategia del gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal, pero también refleja la difícil situación que atraviesan las provincias y el sector de la construcción. El futuro de las obras y proyectos de infraestructura en el país dependerá de la capacidad de las provincias para asumir estos compromisos y de la voluntad del Ejecutivo de garantizar el financiamiento necesario para no agravar aún más el déficit de infraestructura.