Entre un préstamo de $800 millones tomado en agosto pasado y $1.672 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la administración nacional cerrará el año con alta performance en recursos. El Decreto Nº 1.423 fechado el pasado 14 de agosto instrumenta al Estado provincial tomar un préstamo de $800 millones para hacer frente a la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia de Coronavirus.
Con la firma del gobernador Gustavo Valdés y la del ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, la operatoria se cerró a pagar en 36 cuotas y el Estado correntino puso como garantía –en caso de no cumplir con los pagos- la coparticipación federal. (Ver PDF. Página 3).
Se establece además que el Estado Nacional enviará “por periodos” el préstamo. Hasta ahora no se sabe cuántos “periodos” ya fueron enviados y en qué los invirtió la administración provincial.
Con respecto a los ATN son recursos que las administraciones provinciales no deben devolverlas, solamente remitir en qué fueron ocupados. Desde marzo pasado cuando empezó la pandemia las arcas correntinas recibieron un total de $1.672 millones, algo informado oficialmente por los legisladores nacionales del PJ.
En el caso del crédito tomado por el Gobierno de la provincia, dicho Decreto fue subido al Boletín Oficial, recién el pasado 16 noviembre. Dos meses después de finiquitar la operatoria.
Un pedido por $3.000 millones
El gobernador Gustavo Valdés se había quejado el pasado 1 de agosto en declaraciones a la prensa por el poco monto en el crédito otorgado desde el Gobierno Nacional.
“Le pedimos $3.000 millones y nos dio $800 millones”, dijo el mandatario provincial en referencia a las autoridades nacionales. Lo que omitió informar es que Corrientes recibió y recibe recursos en conceptos de ATN; más el diferimiento de una deuda que posee la provincia.
Se trata de un pasivo de $1.100 millones que vencía este año perteneciente a recursos de Anses, tomada durante la Presidencia de Mauricio Macri.
La administración Alberto Fernández no ejecutó el cobro de esa deuda que debía haber empezado en agosto pasado. No lo hizo justamente atendiendo la situación de crisis sanitaria generada por la pandemia. El total de ese pasivo asciende a unos $4.100 millones y fue diferido en su pago a unos cuatro años hacia adelante.
En el caso del crédito tomado en agosto pasado, en caso de que la actual administración radical pierda las elecciones generales de 2021, deberá afrontarlo quien ocupe el Gobierno provincial.
