En un acto en el parque nacional El Impenetrable, Zdero habló sobre la necesidad de avanzar en la protección del bosque y también respondió ante la denuncia penal que tiene la máxima autoridad ambiental de la provincia
La provincia de Chaco está sumergida en un escándalo a raíz de la denuncia que la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) hizo en contra de siete funcionarios y exfuncionarios de la provincia por “tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita, vinculadas a la tala indiscriminada de árboles en el territorio provincial”.
Entre los denunciados, destaca especialmente el rol de Hernán Halavacs, ministro de Producción y Desarrollo de Economía Sustentable de la provincia, que es hoy la máxima autoridad ambiental. Él permite hoy si puede o no haber desmontes en zonas contempladas como de “bajo impacto” o catalogadas como verdes por la ley de Bosques Nativos.
Halavacs era gestor agropecuario antes de convertirse en ministro y, según la denuncia que la semana pasada tomó el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, gestionó el 40% de los permisos de tala de la provincia entre 2014 y 2021. Muchos de ellos, dice la denuncia, vinculados a actos de corrupción y complicidad con Luciano Olivares, quien fue subsecretario de Desarrollo Forestal del peronista Jorge Capitanich y hoy se desempeña como asesor del ministro.
Durante el acto de liberación de Nalá, la primera yaguareté criada en condiciones salvajes en el Parque Nacional El Impenetrable, Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, habló en entrevista con LA NACION sobre la denuncia penal en contra de uno de sus más cercanos ministros, pero también sobre la necesidad de afianzar un ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia.
La ley de Bosques Nativos dicta que todas las provincias deben diseñar un ordenamiento territorial que contemple zonas con tres niveles de conservación. O sea, que organice la tierra de acuerdo a criterios como la cantidad de biodiversidad, la calidad del suelo y la cantidad de agua. Cada categoría se identifica con un color que determina qué actividades se permiten y cuáles se prohíben.
Hay zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado y actualizado de ser necesario. Sin embargo, en el caso de la provincia de Chaco, no ha habido una actualización desde 2009.
Esto sucedió debido a una serie de desencuentros e irregularidades que han socavado la posibilidad de dictaminar un norte para la conservación y también para el desarrollo de la provincia. El 30 de abril pasado, alrededor de las tres de la mañana, en una sesión extraordinaria, la legislatura chaqueña aprobó una ley histórica que recrudeció la puja entre ambos flancos: protección de bosques y desarrollo económico principalmente a partir de la expansión agropecuaria y el aprovechamiento forestal.
En su momento, varias organizaciones ambientales, además de la propia Defensoría del Pueblo chaqueña, advirtieron que la Ley 4005R, que se votó hace dos meses, avalará y propiciará el desmonte en un sitio que ya sufre de las mayores pérdidas forestales en el país. Advierten que esta ley propiciaría un “blanqueamiento” de zonas ya deforestadas de forma ilegal. El gobernador asegura que en estos primeros meses de gestión “no se ha dado una sola autorización respecto de algún desmonte”, y critica que “antes, daban permisos de tala automáticamente sin ninguna ley de ordenamiento”.
-¿Qué puede decir sobre los cuestionamientos que hay acerca del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que enviaron a la legislatura y que fue aprobado el 30 de abril pasado?
-La ley de ordenamiento se viene trabajando hace más de tres años en la provincia. Yo soy gobernador desde el 10 de diciembre de este año y, en consecuencia, lo que hemos hecho es trabajar sobre el ordenamiento territorial en la que han participado diferentes organizaciones, instituciones. Desde el INTA, la Federación Económica del Chaco, Cámara de Comercio…
-Las ONGs dicen que el sector ambientalista, científico y las comunidades indígenas no fueron incluídos en el diseño de la ley que se sancionó.
-No recuerdo todas, pero todas las que participaron han ratificado la idea de poder establecer reglas claras en este ordenamiento territorial de bosques nativos, el cual la Cámara de Diputados sancionó en el proyecto. Nosotros tenemos la idea de poder establecer reglas claras y un norte para que se puedan preservar los bosques nativos, pero además se garantice también el trabajo en diferentes lugares de la provincia y dar certidumbre a nuestros productores.
-¿Y qué han hecho en cuanto a los desmontes?
-En nuestra gestión, garantizamos no solamente la paralización de los permisos de desmonte, también hemos secuestrado varias topadoras.
-Hay cuestionamientos que señalan que la ley de ordenamiento tiene varias irregularidades incluyendo zonas que antes no se debían desmontar que ahora tienen la posibilidad.
-A ver, si hay que corregir, que se corrija. Faltaría, inclusive, la reglamentación en la que se puede llegar a trabajar. Pero nosotros, como provincia, necesitamos un ordenamiento. Y en esto quiero ser muy claro, en la provincia del Chaco este es un gran problema. Fueron muchos años sin ordenamiento. Y en los procesos previos hubo irregularidades.
-Varias ONGs denuncian que con este ordenamiento se estarían blanqueando zonas que no deberían haber sido deforestadas y que se desmontaron en los últimos años.
-Bueno, pero se cuestiona a nuestra administración, cuando estamos hace diez meses y no tenemos un solo desmonte autorizado. Si se emitiría ese blanqueo, es una suposición. Pero es un tema que tenemos que trabajar. Quiero que entiendan que nosotros queremos preservar el monte, queremos preservar los bosques, queremos porque es realmente extraordinario, pero aparte también queremos dejar de ser pobres. Porque acá hay muchos que tienen la mirada desde muy lejos.
-¿A qué se refiere?
-Me refiero a que la realidad que vivimos nosotros la ven de muy de lejos y de vez en cuando, cuando vienen a El Impenetrable.
-¿Cree que hay un punto de convergencia entre este modelo formal de desarrollo y la conservación de los ecosistemas?
-Tiene que haber, tiene que haber un punto de síntesis, por eso yo creo que la producción y el desarrollo económico sostenible tienen que lograrse en un trabajo responsable en el cual podemos mantener nuestros bosques, realizar actividades y desarrollarnos. Ahora, siento que por ahí también hay una mirada egoísta hacia el norte argentino.
-¿Cuál es esa mirada?
-Que nosotros tenemos que generar el oxígeno al mundo, pero no tenemos una mirada de ese centralismo de las grandes ciudades, que dicen: “Preserven el monte, total nosotros tenemos el gas barato, la luz también…”. Pagan diez veces menos que nosotros.
-¿No ven esa corresponsabilidad del gobierno nacional y del resto de las provincias?
-Tendría que haber, porque nosotros tenemos la generación de este pulmón verde tan importante, pero a costa de que nuestra gente siga siendo pobre. A costa de que los pequeños sigamos siendo pobres. Tenemos que cambiar nosotros desde el ordenamiento territorial.
-¿Defiende esta versión de OTBN?
-Creo que es la posibilidad de poder ordenar y también sentar las bases de hacia dónde vamos, y que nadie avance sobre los sectores que realmente tienen que ser protegidos. Y nuevamente, al generarse esta cuestión, dejamos abierto para que los vivos de siempre sigan desmontando y haciendo lo que tienen que hacer.
-¿Qué puede decirnos de la denuncia penal a varios funcionarios y exfucionarios, incluido Hernán Halavacs, que es la máxima autoridad ambiental, de haber lucrado con el desmonte en el pasado?
-Es curioso que en la denuncia no están los funcionarios que autorizaron esos desmontes.
-Luciano Olivares fue subsecretario de Desarrollo Forestal del gobierno de Jorge Capitanich. Hoy es asesor de Halavacs y está en la lista de denunciados.
-Olivares es alguien de planta en el Estado, administrativo y va a trascender todas las gestiones que vienen. Me refiero a los funcionarios...
-¿A qué se refiere con funcionarios?
A los funcionarios de la gestión anterior. No me refiero a los que están abajo en el escalafón, sino a los que estaban más arriba.
-¿Y qué puede decir de Halavacs? En la denuncia penal lo acusan de haber acaparado los permisos de desmonte desde 2014 hasta 2021. Denuncian que él fue partícipe, desde el sector privado, de todas estas irregularidades que propiciaron la tala indiscriminada en zonas prohibidas.
-Bueno, pero él es como un arquitecto que se presenta a la Secretaría de Obras Públicas y gestiona la aprobación de su plano.
-¿Diría que sería menos responsable?
-No, yo lo que quiero y necesito es que se investigue absolutamente todo. Porque es una denuncia, y si se elevó, sigue siendo una denuncia y tiene que investigarse, y tiene que haber un culpable.
-¿Y cuál es su opinión sobre la denuncia a su ministro?
Con este tema pretendo que la Justicia investigue, que haga las averiguaciones correspondientes. Que encuentren a los responsables de la habilitación, porque si no quedaría una denuncia a un ministro que no permitió hasta ahora un solo desmonte en la provincia y se lo cuestiona.
-Él era gestor de permisos de desmonte y asesor agrícola de la empresa Huila, que según la denuncia acaparó gran parte de los permisos de desmonte. ¿Esto no le parece cuestionable?
-Bueno, que se averigüe. Yo soy de los que quieren que se investigue, que se esclarezca todo.
