Durante semanas las imágenes de los incendios en la provincia de Corrientes recorrieron el país, la desesperación ante el avance irrefrenable del fuego. Flora, fauna, viviendas, pasado, presente y futuro en riesgo. Actualmente la situación es estable y está controlada, pero la recuperación de las zonas afectadas llevará de 20 a 30 años. Cabe volver a preguntarse si lo que ocurrió pudo haberse previsto y/o prevenido, si se podrían haber combatido las llamas de otra manera, también qué hacer para que no se repita, y en este sentido insistir en la importancia de avanzar en el tratamiento y sanción de la Ley de Humedales. Por Red Eco Alternativo
Según el reporte diario que realiza el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la superficie estimada afectada por incendios reportados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 en la provincia de Corrientes fue de 86.987 hectáreas (Parques Nacionales reportó 86.685 y la provincia 302). Es la provincia con mayor superficie afectada. Le sigue Chubut con 80.225. Aunque el tamaño de ambas claramente es diferente; Chubut es casi dos veces y medio más grande. Lo concreto es que más del 10 % del territorio correntino se vio afectado por el fuego.
Hoy la situación en la provincia es estable, principalmente por la continuidad de lluvias registradas en las últimas semanas que ayudó a que el suelo se mantenga medianamente húmedo. Sin embargo, no alcanza.
“A mediados de marzo hubo algunos focos que nos recuerdan que a pesar de esas lluvias el período de sequía todavía no ha terminado. Las previsiones climáticas no son alentadoras y podríamos tener sequía por un tiempo más”, advierte Cristián Piriz, coordinador de Guardianes del Y’vera, en diálogo con Red Eco.
En el mismo sentido, se refiere el ambientalista Luis Martínez, al señalar que la lluvia ayudó y trajo alivio a la extensa sequía: “Pero ahora estamos esperando que las lluvias puedan ayudar a que las lagunas y arroyos vuelvan a tener caudal”.
Los incendios en Corrientes empezaron en enero. Las causas fueron diversas, como el extractivismo y la producción intensivas; casi dos años de sequía extrema como consecuencia del fenómeno climático natural de La Niña sumado al cambio climático. La aparición del fuego no sorprendió a los correntinos, sí seguramente la rapidez de su propagación.
Lo que no se hizo
“Por supuesto que se pudo haber evitado, si se tomaban en serio las muchas advertencias que desde el ambientalismo hemos hecho a los gobiernos respecto al cambio climático global, que es un hecho real y palpable, y que en esta parte del mundo se manifiesta en la extensión de los fenómenos del niño y la niña, que entre sus marcadas señales encontramos un río por debajo de sus niveles mínimos hace diez meses, lo que evidenciaba una sequía extrema que tenía que ser tomada muy en serio, y no considerarla una sequía más”, asegura Piriz.
“Fueron muchas las advertencias que se les resaltaba a los organismos y sus autoridades para que se tomen medidas de contingencia, para poder contener lo que se aproximaba y del cual sabíamos que sería crítico. La provincia de Corrientes no estaba preparada para esta situación y mucho menos contaba con las herramientas, recursos y el personal capacitado, en este caso brigadistas forestales para poder enfrentar la magnitud de los focos de incendios”, agrega Martínez, que además es licenciado en Recursos Naturales de la Universidad del Nordeste.
“Lo que debió hacerse después de una lectura de la realidad y los fenómenos climáticos, era poner énfasis en la prevención, una campaña fuerte de concientización respecto a las quemas, que aquí en Corrientes se hacen como práctica cultural para el manejo de los pastizales, y alertar a quienes se dedican a la ganadería y la producción de pasturas, que debían extremar los cuidados, porque no es su obligación saber de estos eventos climáticos, pero sí es responsabilidad del Estado velar por el ambiente y la sociedad”, asegura Piriz.
El afirma que también se debió ser estrictos y rigurosos en el control sobre las plantaciones forestales, de gran extensión en el territorio provincial, muchas de ellas rodeando poblaciones: Además, no hubo controles sobre las empresas forestales y el mantenimiento de los cortafuegos que durante un incendio son aliados de los cuerpos de bomberos, pero ni siquiera de eso se ocuparon, y termina siendo contraproducente para el mismo Estado y ni que hablar para las empresas, que son las primeras que capitalizan los recursos de asistencia y emergencias”.
La falta de respuesta por parte de los estados provincial y nacional llevaron a que el 19 de enero se autoconvocara la Asamblea Provincial Basta de Quemas. Además de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación, la integran más de diez colectivos ambientalistas de Corrientes, como Guardianes del Y’vera, Correntinos contra el Cambio Climático, Defensores de los Pastizales y Colectivo de Arquitectos Turba, entre otros; y grupos de bomberos voluntarios. La Asamblea se organizó para combatir el fuego, visibilizar lo que estaba ocurriendo y reclamar la aprobación de la Ley de Humedales.
Consecuencias para hoy y mañana
“A corto plazo las evidenciamos y se graficaron en todas las imágenes que recorrieron el país, fauna y flora muy afectadas, grandes extensiones de áreas naturales consumidas por las llamas y poblaciones enteras en riesgo o cubiertas de humo. A mediano y largo plazo todavía no se puede visualizar la enorme biodiversidad que se ha perdido, y el paisaje con las lluvias recientes es engañoso, porque el ambiente en sus primeros pasos por recuperarse cubrió de verde los paisajes, pero no terminamos de contar cuántas especies y ecosistemas, sus funciones y relaciones, han sido modificados, dañados y en muchos casos perdido”, señala Piriz.
Agrega que la economía y producción de quienes habitan en el campo que, en Corrientes, representa la realidad de gran parte de la población que no habita la capital, se vieron afectadas de manera directa, ya que se trata de personas que viven de lo que producen en lo cotidiano: “No solo la afectación es producto de los incendios – aclara –, sino que maximizó otras situaciones ya complejas debido a la sequía, como la escasez de agua, con familias que debieron buscar nuevos lugares donde realizar perforaciones, lo que representa un costo muy alto desde lo económico”.
Como es habitual, los grandes productores fueron los menos afectados: “La mayoría está asegurado, ha tenido siempre exenciones impositivas, y son los primeros en recibir asistencia, subsidios y facilidades de crédito. Pueden darse el lujo de ir y venir diez veces a la capital a tramitar subsidios y créditos, eso para un pequeño productor o un habitante del estero es imposible”, detalla Piriz.
Respecto a la fauna, Martínez explica a Red Eco: “Fueron muchos los animales que se vieron desorientados en el lugar en donde están, y sufren de ansiedad, estrés, afectación por el humo, deshidratación, se produce la destrucción de nidos, la pérdida de territorios y crías huérfanas. Los animales saben dónde están las fuentes de agua, sus refugios, sus crías y con estos sucesos pierden la capacidad de desenvolverse en su ambiente natural, lo que además causa muertes por estas razones y por ende la extinción de muchas especies. Estimamos que la pérdida de fauna silvestre fue del 80 o el 90%”.
Restaurar para la resiliencia
Al ser consultado acerca de qué hacer para no volver a ver las llamas arrasando la provincia, Piriz señala que deben cambiarse los modelos de producción, ya que de continuar con los actuales, y reiterar errores ya cometidos, sólo implicaría preparar el terreno para un nuevo desastre ambiental: “En lo concreto, es el momento de trazar políticas públicas con una visión ecologista, donde todo lo que dañe el ambiente debe ser reconsiderado y reemplazado por el impulso de prácticas sustentables con el ambiente. Se deben promover las actividades agroecológicas, la agricultura campesina e indígena, evitar seguir extendiendo el monocultivo forestal en la provincia, y empezar de una buena vez a controlar su expansión caótica que tiene como consecuencia directa la desaparición de cuerpos de agua, como lagunas, cañadas y esteros, y, por consiguiente, la escasez de agua”.
En igual sentido, Martínez suma: “Esperamos que el estado provincial pueda invertir más recursos para hacer frente a los distintos fenómenos climáticos que se avecinan, de los que sabemos que son cada vez más agresivos. Por eso es importante estar preparados con un plan estratégico de manera regional, de adaptación y mitigación de estos fenómenos. Así también esperamos que la puerta hacia un trabajo en conjunto y el diálogo siempre esté abierta”.
“Muchos me preguntan ¿cuándo vamos a empezar a restaurar? – continúa Martínez –. Para llevar adelante una restauración de un ecosistema lo primero que hay que hacer es un relevamiento de la superficie afectada y de los ecosistemas que fueron impactados por los incendios, así como también que las condiciones climáticas estén dadas. Uno de los objetivos es medir en cuánto fue perturbado el ecosistema de su estado original, cuántos árboles se murieron, qué se perdió de su follaje, cuánta capacidad hidrológica perdió el suelo. Podemos restaurar, pero no tratando de replicar el paisaje anterior, sino restaurar para la resiliencia. Es decir, colaborar en la restauración de ecosistemas que puedan resistir o adaptarse a una condición futura”.
Ley de Humedales YA
“Es sumamente importante que tengamos una ley que pueda proteger estos ecosistemas que son sumamente importantes para muchas especies, más del 60% de los humedales fueron afectados por los incendios en Corrientes. La degradación de estos humedales se traduce en menor viabilidad de vida regional. Los humedales sostienen las regiones en todo el país. Es como retirarle el sistema de venas al cuerpo humano y pretender que sobreviva sin su aparato circulatorio. Simplemente la degradación a través de la quema, su fragmentación, su relleno, su drenaje forzoso, el desvío de su curso, su consumo hasta su desecación y su contaminación nos quita posibilidades de seguir viviendo”, manifiesta Luis Martínez a Red Eco.
En enero de este año, el mismo mes en que se iniciaron los incendios en Corrientes, el proyecto de Ley de Protección de Humedales perdió estado parlamentario por tercera vez, a pesar de haber sido incluido en el temario de las Sesiones Extraordinarias, las que finalmente no fueron convocadas. En 2013 y 2016 había obtenido, incluso, media sanción por parte de la Cámara de Senadores.
Está claro que esta iniciativa atenta contra intereses de ciertos sectores productivos y extractivistas, lo que conlleva a que su tratamiento no avance en el Congreso Nacional y tampoco en Legislaturas provinciales, como ocurrió justamente en Corrientes.
En una nota publicada en la Agencia Tierra Viva (1), el investigador Emilio Spataro, inspirador del grupo Guardianes del Y’vera y coordinador de la Campaña Bosques y Biodiversidad de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, asegura que el gobierno de Corrientes, que encabeza Gustavo Valdés, dedicó esfuerzos políticos en evitar la sanción de esta Ley.
“En agosto de 2020, el Senado de Corrientes rechazó la sanción de una Ley Nacional de Humedales ‘por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo’. Una semana antes, la autodenominada ‘Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes’ había rechazado una normativa nacional de protección de humedales. ‘No existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales de Corrientes a pesar de convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años, suficiente motivo para expresar que no se aprecian razones o motivos que justifiquen una legislación restrictiva de la magnitud de la pretendida por los proyectos en cuestión (…) Por lo cual es inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características’, señalaron las organizaciones empresarias. Entre ellas figuraban la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Asociación Forestal Argentina (AFOA), las mismas organizaciones que exigen ayuda estatal ante las sequías e incendios. Al mismo tiempo, el gobierno de Corrientes dilata la actualización del vencido ordenamiento territorial de bosques nativos. En una secuencia lógica, la política ambiental de Corrientes se basa en el enfoque de áreas protegidas y reintroducción de especies, dejando el resto de los ecosistemas desprotegidos, desregulados y a disposición de ‘la producción’. Sin contar que los servicios ecosistémicos que son brindados a la sociedad dependen de la gestión adecuada de los mismos, donde las áreas protegidas son solo un elemento, pero insuficiente por sí mismas”, expresa Spataro en ese artículo.
Cristian Piriz explica que una ley de humedales determina en primer lugar la realización de un inventario que los identifique, y por lo tanto los proteja: “Se avanza sobre ellos de manera indiscriminada, se han perdido cientos de humedales con el desarrollo de actividades y modelos intensivos sin ningún tipo de control ni lógica de cuidado de la naturaleza, esto es directamente proporcional, ya que cualquier modelo productivo de gran escala representa una afectación directa de la naturaleza. El problema no inicia y termina con los incendios, son una consecuencia clara de que se ha perpetuado un modelo de saqueo que va dejando territorios arrasados y prestos a ser afectados por los eventos climáticos actuales. La producción a costa del ambiente es la responsable del cambio climático. La ley de humedales viene a interpelar con una mirada muy crítica esta forma de producción, a costa del sacrificio de los ecosistemas, y propone el impulso de actividades sustentables. Su lógica es clara, si se produce y daña el ambiente, no se puede realizar. Este es el motivo por el que genera tanto rechazo entre los sectores concentrados de poder, tanto productivos como políticos, y porque es tan representativa de quienes llevamos una vida defendiendo los ambientes que habitamos”.
La Ley de Humedales “reconoce la importancia de estos ecosistemas, promueve su conservación y uso racional para garantizar que sigan brindando la inmensa cantidad de beneficios que nos proveen”, remarca Martínez.
Tras semanas de fuego imparable, más del 60% de los humedales correntinos quedaron afectados; se perdió entre un 80 y un 90% de la fauna silvestre de la provincia. Incluso en los últimos días se difundió que como consecuencia de los incendios y la sequía se registró una pérdida del 60% del volumen total de la producción de yerba mate (Corrientes es la segunda provincia argentina que cultiva yerba, la primera es Misiones).
La recuperación de las zonas afectadas llevará entre 20 y 30 años y es imprescindible que se tomen las medidas y acciones necesarias para evitar que se repitan fenómenos que empeoren aún más la situación, y una de ellas es la sanción de la Ley de Humedales que desde hace años espera tratamiento en el Congreso de la Nación.
