El distrito gobernado hace más de 20 años por el radicalismo recibió dinero fresco en las últimas horas, dos cuestiones medulares: se cae el argumento de discriminación desde el Gobierno nacional y cómo se controlará que esos recursos lleguen a los productores que perdieron todo a raíz de los incendios que no merman Corrientes.
“El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, llegó este martes (8 de febrero) a Corrientes para firmar un Convenio de Cooperación con el gobernador Gustavo Valdés, que implica un inmediato desembolso de 200 millones de pesos, los cuales permitirán paliar junto a recursos que dispondrá el Estado local, la grave situación que atraviesan los productores y mantener así las actividades que hoy sufren las consecuencias de la contingencia”. Informó ayer por la tarde el Gobierno provincial. (Ver aparte)
La administración provincial dejó al menos por un rato el guion de la supuesta discriminación del Gobierno nacional a la administración radical que gobierno la tierra del Chamamé hace más de 20 años.
Esos $200 millones deberían llegar a los bolsillos de los productores correntinos que perdieron todo a raíz de los incendios que consumen el campo provincial desde diciembre pasado.
Comprobar que eso ocurra, que realmente ese dinero llegue a los y las verdaderas necesitadas será difícil de comprobar. ¿Por qué?
Porque Corrientes no se caracteriza por informar sus actos de Gobierno y rendición de cuentas, como indican las diferentes leyes administrativas y financieras.
Su administración de la billetera oficial se parece bastante a la de un almacén de pueblo, quizás una despensa de ramos generales tenga mejor asiento económico que el ministerio de Hacienda y Finanzas.
El distrito correntino figura último en transparencia pública. Así lo indica el último informe de 2020 de la CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). (ver link aparte completo)
https://www.cippec.org/publicacion/indice-de-transparencia-presupuestaria-provincial-edicion-2020/
En 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2 en 2020, la puntuación más baja desde 2017. Doce provincias retrocedieron en su puntaje. Esta disminución estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios.
En cuatro provincias la disminución es marcada: Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En la provincia de Buenos Aires reside alrededor del 40% de los habitantes del país y, sumado a Corrientes y Santiago del Estero, se acercan a la mitad de la población total, por lo cual esta disminución en los niveles de transparencia activa afecta a una gran porción de la c
iudadanía. Por otra parte, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje, y Santa Fe y Entre Ríos lograron los 10 puntos totales del índice.
La provincia de Corrientes en esa última medición de transparencia, luego vino la pandemia de Coronavirus y tanto el Gobierno nacional como las provincias entraron en emergencia sanitaria por lo cual es aún más complejo seguir el rastro de gastos e inversiones. (ver recuadro)
Lo ocurrido en diciembre pasado exhibe el poco compromiso a rendir cuentas por parte de la administración provincial en tiempo y forma. Tanto lo que fue el proyecto de Presupuesto 2022 como la cuenta de inversión de 2020 -la rendición de gastos e inversiones- fueron enviados al Poder Legislativo fuera de término.
Ambos llegaron a los diputados y senadores provinciales en los primeros días de diciembre cuando el periodo de sesiones ordinarias ya había concluido, los dos temas fueron tratados en forma exprés por el oficialismo radical que controla las dos cámaras parlamentarias y aprobados tras el llamado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo. A libro cerrado, con el dato relevante que se prevé para este año más déficit -$20 mil millones- y la autorización de toma de deuda. Así fue aprobado el Presupuesto de gastos e inversiones provincial 2022.
Con estos antecedentes: ¿Llegará los $200 millones a los verdaderamente afectados por el fuego en la provincia de Corrientes?
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