Con decretos publicados muchos meses después de ser emitidos, el Poder Ejecutivo correntino entrega funciones del Estado a empresas. Lo hizo con la evaluación preocupacional para empleados públicos. Quedó a cargo de una firma por dos años.
Y también sumó intempestivamente a la totalidad de bomberos voluntarios, 1.300 personas, a un seguro de vida y por accidentes sin consulta previa con las 47 asociaciones bomberiles en la provincia.
En el caso de la privatización de los exámenes psicofísicos para empleados estatales y funcionarios, es una cuestión resistida y criticada por los docentes provinciales que deben ser examinados por una empresa que, si no reúnen todas las condiciones, los catalogan como “no aptos” para desempeñarse en la docencia. Esto genera, además de dejar sin trabajo a los educadores, una estigmatización.
Durante 2021 los maestros y maestras de la provincia pidieron que esos exámenes médicos se puedan hacer en hospitales públicos de la provincia, pero no hubo respuestas.
El costo que pagó el Gobierno provincial para contratar a una empresa dedicada a tal fin, fue $2 05.165.000,00. El contrato es por dos años con la posibilidad de renovación por un año más.
Con los bomberos voluntarios provinciales ocurrió una situación similar. El Poder Ejecutivo a través del Banco de Corrientes los incluyó a todos en una empresa de seguros cuya cobertura en seguro de vida y por accidentes, vence el próximo 31 de junio. No se sabe si después de esa fecha los 1.300 bomberos voluntarios tendrán una renovación en esas coberturas o serán cada una de sus asociaciones las que deberán hacerse cargo del pago de esos seguros.
En todos los casos los decretos por los que se hicieron estas operatorias fueron publicados muchos meses después, más de tres, en el Boletín Oficial.
NOTAS RELACIONADAS
